May concede al Parlamento británico la última palabra sobre el Brexit
El resultado final de las negociaciones se debatirá y votará en Westminster
Una decena de diputados conservadores eurófilos están haciendo la vida imposible al Gobierno de Theresa May, y han arrancado la promesa de que el resultado final de las negociaciones del Brexit sea sometido a una votación final en la Cámara de los Comunes. Sin ella, no será legal, lo cual abre las puertas a un debate decisivo que podría desmontar todo o parte de un potencial acuerdo.
La Administración ha tenido que aplazar ya varias veces la votación en el Parlamento de la llamada ley de desconexión, que básicamente consiste en la utilización de poderes ejecutivos absolutos que no se aplican desde los tiempos de Enrique VIII para convertir de un plumazo en legislación británica las leyes europeas, y a partir de ahí, poco a poco y con tiempo, incorporar las que se considere oportuno, modificar y derogar las demás. Ello se debe a la amenaza de la presentación de enmiendas por una coalición formada por esos tories rebeldes, el sector proeuropeo del laborismo, los liberales demócratas, los nacionalistas galeses y escoceses, y la única diputada Verde (Carolina Lucas).
Theresa May está pagando el precio por la convocatoria de unas elecciones para las que no había ninguna necesidad, y la consiguiente pérdida de la mayoría absoluta. Los tories son incapaces por sí solos de sacar adelante la ley de desconexión y cualquier otra legislación relacionada con el Brexit, necesitando el respaldo de los unionistas ultraconservadores norirlandeses del DUP, y de que sus diputados voten en bloque sin ningún margen para la disidencia, una tarea de titanes en la Cámara de los Comunes.
Precisamente esa debilidad interna lleva a la primera ministra, Theresa May, a mostrar ante la Unión Europea una firmeza que en realidad no tiene, y a hacer ver que la salida de un portazo, sin un acuerdo comercial, es una opción viable para la que Londres ya está preparándose de manera seria. Si el Reino Unido cambia los beneficios del mercado único y la unión aduanera por las reglas de la Organización Internacional de Comercio para exportar e importar, el impacto sería enorme (los expertos calculan que la pérdida de por lo menos dos puntos de crecimiento económico, además de la fuga de decenas de miles de puestos de trabajo y el aumento de la inflación).
Los líderes de dos de las principales instituciones financieras de la City, el banco HSBC y Goldman Sachs, han vuelto a insistir en que, a falta de un acuerdo entre Londres y Bruselas sobre la prórroga del actual estatus y una mayor claridad sobre el destino de las negociaciones, se verán obligados en breve a trasladar parte de sus operaciones a otras capitales europeas para poder seguir efectuando transacciones en el marco de la UE, con la consiguiente pérdida de trabajo.
Hasta ahora, el Gobierno May sólo había garantizado al Parlamento un voto de “o lo tomas o lo dejas” sobre el acuerdo final del Brexit, si es que lo hay, pensando que la Cámara de los Comunes, puesta en la tesitura, preferiría un compromiso imperfecto a una salida descontrolada. Los euroescépticos, conscientes de que la gente se está dando cuenta de que muchas de las promesas que hicieron durante la campaña del referéndum no se van a cumplir, quieren impedir como sea otra votación, temerosos de perderla. No les ha hecho ninguna gracia que el principal negociador de la UE, Michel Barnier, recibiera en Bruselas a tres prominentes eurófilos: el exlíder liberal demócrata Nick Clegg, el veterano diputado conservador Kenneth
Londres pretende bajar la factura de divorcio asegurando que está dispuesto a irse sin un acuerdo
Clarke y el exministro laborista y hombre de negocios Lord Adonis. Han visto en el encuentro una emboscada dirigida a que el Reino Unido dé marcha atrás e ignore lo que ellos llaman “la voluntad del pueblo”.
Cinco rondas de conversaciones han producido avances en el tema de los derechos de los europeos residentes en Gran Bretaña y de los británicos que viven en Europa, y muestras de buena voluntad para resolver el problema de la frontera de Irlanda. Pero el asunto crucial de la factura que ha de pagar Londres por el divorcio continúa estancado. El Gobierno May no ha conseguido hasta ahora provocar fisuras en la UE, y dice que está dispuesto a marcharse dando un portazo. Los euroescépticos prefieren el suicidio económico al compromiso.