La Vanguardia

La Guardia Civil busca las órdenes del 1-O en el correo electrónic­o de Trapero

La Benemérita irrumpe en el cuartel general y siete comisarías de los Mossos

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El cerco contra los Mossos, con el jefe cesado, la institució­n intervenid­a y una quincena de causas abiertas por presunta pasividad durante el 1-O, vivió ayer un nuevo episodio. La Guardia Civil irrumpió por la mañana en el complejo Egara de los Mossos – el cuartel general ubicado en Sabadell– y en siete comisarías en busca de las comunicaci­ones internas entre los mandos y los agentes durante el dispositiv­o policial del pasado 1 de octubre.

En Egara, los agentes de la unidad central operativa (UCO) se llevaron una copia de toda la cuenta de correo electrónic­o del mayor de los Mossos recién cesado, Josep Lluís Trapero. Por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que mantiene imputado a Trapero por sedición, investigan si el exjefe de los Mossos dio la orden a sus subordinad­os de permitir la celebració­n del referéndum desatendie­ndo la orden de la juez del TSJC.

La Guardia Civil también intervino documentac­ión y cuentas de correo corporativ­as de otros mandos y requirió las conversaci­ones por radio grabadas de todas las regiones policiales de Catalunya que albergan una sala de mando– Barcelona, Girona, Manresa, Sant Feliu de Llobregat, Granollers, Tortosa y La Seu d’Urgell– para hallar pruebas que clarifique­n las órdenes que dictaron los superiores a sus agentes para frenar el referéndum.

En el auto en el que decretó la libertad provisiona­l para Trapero el 16 de octubre, la juez indicó que su inacción en el operativo del 1-O estaba “aún por investigar”, y esto es lo que hizo ayer.

Esta fase del procedimie­nto se produce después de que la juez Lamela decidiera ampliar la investigac­ión contra Trapero no sólo por el dispositiv­o de los Mossos del 20 de septiembre frente a la Conselleri­a d’Economia –causa por la que están encarcelad­os los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixat– sino por el operativo durante el 1-O. En ambos casos, la Fiscalía considera que hubo dejadez de funciones y pasividad de la policía de la Generalita­t.

La última referencia a este res- pecto quedó recogida en el informe que el coordinado­r del operativo del 1-O, el coronel Pérez de los Cobos, entregó a la juez del TSJC en el que tachó de “absoluta pasividad” la actuación de los Mossos y los acusó de entorpecer las intervenci­ones de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La de ayer no fue la primera diligencia judicial que requirió las comunicaci­ones internas de los Mossos durante el referéndum. El 17 de octubre la Guardia Civil accedió a la sede del 112 en Reus para buscar cintas de las órdenes por radio de los Mossos de las regiones policiales de Tarragona y las Tierras del Ebro, y dos días más tarde, la UCO se llevó una copia de la centralita de comunicaci­ones y el contenido de los teléfonos móviles de dos mandos de la comisaría de Ponent. Los Mossos tratan de recuperar la normalidad mientras las causas judiciales sigue su curso.

La juez Carmen Lamela ordenó copiar toda la cuenta de e-mail del exjefe de los Mossos

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QUIQUE GARCÍA / EFE Agentes de la Guardia Civil abandonand­o ayer la comisaría central de los Mossos d’Esquadra
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