El rechazo de la oposición obliga a Colau a prorrogar las ordenanzas fiscales
La coyuntura política lleva semanas eclipsando por completo la dinámica local. La propuesta de ordenanzas fiscales de Ada Colau tampoco ha podido escapar de ello. El teniente de alcalde de Economía, Gerardo Pisarello, confiaba en conseguir algún apoyo antes del pleno, pero la cuestión catalana se ha impuesto y el gobierno municipal no ha tenido más remedio que retirar ese punto del orden del día del plenario para evitar la imagen de la oposición en bloque tumbando el texto planteado por comunes y socialistas.
De esta manera, se prorrogarán las ordenanzas fiscales vigentes sin debate en el plenario. Así pues, los autocares turísticos que estacionen en el entorno de la Font Màgica de Montjuïc seguirán sin pagar una tasa de 45 euros y el IBI de los pisos que se incorporen a la bolsa de alquiler social no estará bonificado. Ambas iniciativas eran parte de las ordenanzas fiscales para el 2018, planteadas como continuistas. De hecho, el propio gobierno municipal considera que el cambio en el modelo fiscal ya se había implantado en el 2016 y esta vez sólo se introducían pequeños cambios que pueden ser pactados y sacados adelante a partir de modificaciones puntuales, si en los próximos meses se consigue acercar posiciones entre el gobierno y la oposición, una posibilidad que parece más alejada que nunca tras la negativa de la alcaldesa Colau al ofrecimiento de estabilidad por parte del PDECat y ERC si rompía el gobierno con el PSC.
El pleno ordinario del mes de octubre, que se debía celebrar el pasado viernes y que se aplazó hasta mañana, volverá a girar alrededor del monotema. Tanto el lado independentista como las filas unionistas insistirán en poner en dificultades a la alcaldesa. El grupo municipal Demòcrata, ERC y la CUP presentarán ruegos y proposiciones muy similares, en la misma línea, aunque con algunos matices. Mientras el PDECat centra el texto en el reconocimiento de Carles Puigdemont como “único presidente legítimo”, ERC lo hace de una manera más global y se refiere al “gobierno legítimo de Catalunya”, en referencia al surgido de las urnas en las elecciones del 27 de septiembre del 2015.
Asimismo, por enésima vez, los partidos independentistas piden a Colau que rechace la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Los republicanos preguntan también si se ha preparado algún plan de contingencia ante los efectos que pueda tener la intervención sobre los consorcios municipales compartidos con el Gobierno catalán.
En el otro extremo tampoco hay intención de ceder en la presión a la alcaldesa de Barcelona para intentar que se pronuncie claramente. Ciutadans preguntará a Colau por qué fue a la manifestación independentista y “desacredita a los que han salido a la calle para defender la legalidad y la convivencia”. Por su parte, el popular Alberto Fernández pedirá al gobierno municipal que rechace la declaración unilateral de independencia. El PP también preguntará por los costes de la “chapuza de la cera” que cubrió la Diagonal tras la manifestación convocada por Òmnium y la ANC el 17 de octubre y solicitará que los convocantes paguen la limpieza.
Los partidos independentistas y unionistas no ceden en su presión al gobierno de BComú y el PSC