La juez envía a prisión a nueve consellers de Puigdemont
Sólo uno de los exmiembros del Govern, Santi Vila, podrá salir si paga 50.000 euros de fianza Los delitos que se les imputan alcanzan los 30 años de cárcel, por rebelión, sedición y malversación Los integrantes de la Mesa del Parlament citados en el Sup
Últimas horas libres. Siete de los exconsellers encarcelados, a su llegada ayer a la Audiencia (Oriol Junqueras y Santi Vila entraron por separado)
“Todos a la cárcel”. Era el grito en las puertas de la sede de la Audiencia Nacional a primera hora de la mañana. Y ocho consellers de la Generalitat cesados por un acuerdo del Consejo de Ministros pasaron ayer la noche en prisión. Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Carles Mundó, Meritxell Borràs, Dolors Bassa y Josep Rull. También el exconseller Santi Vila, a la espera de cubrir una fianza de 50.000 euros. El president y otros cuatro consellers se enfrentan desde Bruselas a una orden internacional de detención. Y, por tanto, a la amenaza más que evidente de prisión preventiva si no impiden su extradición.
La decisión impuesta ayer por la Audiencia Nacional es insólita. Sin precedentes en Europa con los miembros de un gobierno como destinatario. Los delitos imputados por la juez Carmen Lamela alcanzan los 30 años de prisión: rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. La capacidad de defensa era cuestionable. La determinación de la juez a la hora de acceder a la petición de prisión de la Fiscalía era la crónica de un auto anunciado tras el encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart hace 18 días. Sólo hubo una concesión. La dispersión de los consellers cesados en cinco cárceles de Madrid se recondujo tras una conversación entre el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la juez, alegando “criterios organizativos”.
La decisión del Tribunal Supremo de retrasar una semana la declaración de los miembros de la Mesa del Parlament dejaba aún más en evidencia la disparidad de criterios de ambos tribunales. Mientras el magistrado del Alto Tribunal Pablo Llarena reconducía el delito de rebelión hacia el de conspiración y Carme Forcadell volvía a Barcelona, la juez Lamela encaminaba la instrucción también hacia un delito de organización criminal: “Los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas”, “los investigados vienen operando dentro de un grupo perfectamente organizado”...
La juez considera que el poder adquisitivo de los consellers cesados les permite huir y subsistir en el extranjero y recuerda en su auto que “algunos ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido”. Hay, según la juez, posibilidades de que oculten pruebas o de que insistan en su conducta delictiva, pero es el riesgo de fuga alentado por la decisión de Carles Puigdemont de seguir en Bruselas lo que también enfrenta a las defensas. De hecho, el abogado de Lluís Corominas y Lluís Guinó, citados en el Supremo, admitió que esa estrategia política perjudica a quienes se enfrentan en Madrid a los tribunales.
El exconseller Vila optó por una línea propia de defensa y respondió que abandonó el Govern tras dar por perdida la vía de la negociación y “antes de consumar el intento secesionista”, según relata la juez.
La dureza de la decisión judicial encona aún más el conflicto político catalán, que no encontrará en las elecciones del 21 de diciembre ningún bálsamo. Todo lo contrario. El encarcelamiento del Govern de Carles Puigdemont volvió a sacar a la calle a miles de catalanes por todo el territorio, el Parlament se convirtió en el eje de la demanda de libertad de los que ya se bautizan como “presos políticos”, se gritó a favor de una huelga general, y las protestas y manifestaciones se reproducirán durante los próximos días con más intensidad.
“El Estado español ha tocado fondo”, “es muy muy duro”, “no nos rendiremos”. En estos parámetros se movió ayer el independentismo que se congregó en las puertas de la Audiencia Nacional. “Lucharemos hasta el final”, remató entre lágrimas Marta Rovira, al tiempo que Marta Pascal hacía llamamientos a Europa. También lo hizo Carles Puigdemont desde Bruselas: “Que Europa se dé cuenta de las actitudes del Gobierno de España”. Pero la Comisión Europea insistía en que se trata de un “asunto interno” español –sólo la escocesa Nicola Sturgeon y el Sinn Féin reaccionaron– y el Gobierno de Rajoy mantuvo un insólito silencio.
Desde Barcelona, Inés Arrimadas seguía alimentando la campaña electoral y un PSC bajo presión insistía en que “nunca se debió llegar a esta situación”, que calificaron de “desproporcionada”. Desde el PP Xavier García Albiol sostenía que “las decisiones de la justicia no se cruzan con las políticas”. Pero la realidad es otra.
Las elecciones autonómicas, esas con las que Mariano Rajoy pretendía restaurar la “normalidad” en Catalunya frente al proyecto independentista, se convierten ahora en un plebiscito, no por la independencia, sino por la libertad de los encarcelados. El encarcelamiento del Govern cesado es “un golpe contra las elecciones del 21-D”, proclamó Puigdemont en un mensaje televisado. Y a falta de que el president cesado aclare sus intenciones políticas, el líder de ERC en un artículo en el diario Ara tras su encarcelamiento hace un llamamiento al independentismo a concurrir a las elecciones con listas separadas. “Que cada uno elija la mejor fórmula para concurrir a las elecciones” y que “una estrategia compartida sea lo que nos una”. El debate sobre la lista única “ya lo vivimos y fue nefasto”, concluye.
Los encarcelamientos dificultan el discurso propio de los comunes. Ada Colau llamó a un frente común en defensa de la libertad, la amnistía y la recuperación del autogobierno. De noviembre del 2017 a febrero de
DOBLE CRITERIO
Mientras el Supremo daba tiempo a Forcadell y la Mesa, los consellers cesados iban a prisión
EL EX CON SELLE R
Vila saldrá de la prisión en las próximas horas tras abonar una fianza de 50.000 euros