La juez envía a prisión a Junqueras y siete exconsellers por rebelión

De los nueve exmiembros del Govern que declararon sólo quedará en libertad Vila

Al filo de las cinco de la tarde, en la plaza de las Salesas, corrió el rumor como la pólvora. La juez Carmen Lamela había acordado prisión incondicional para Oriol Junqueras y siete de los exconsellers de la Generalitat que habían comparecido desde las nueve de la mañana en la Audiencia Nacional, acusados de rebelión, sedición y malversación. Sólo para uno, Santi Vila, se acordaba prisión eludible mediante el pago de una fianza. Luego se concretó que sería de 50.000 euros.

Los demás tendrían que salir hacia la cárcel en varios furgones pocos minutos después. Una medida rigurosa, que asumía de forma prácticamente íntegra las imputaciones expuestas por la Fiscalía en sus querellas. Los abogados de la defensa lo temían desde horas an- tes. La sesión de la mañana había sido dura. No tanto por los interrogatorios como por el tono general de las comparecencias. Los letrados habían pedido que se suspendieran, argumentando que les había faltado tiempo para estudiar las querellas y preparar la sesión.

La juez decidió que había que llevar a cabo estas primeras declaraciones y la diligencia no se suspendió. Los investigados, a su vez, sólo contestaron a sus abogados. Lo hicieron básicamente para recalcar que en ningún momento del proceso soberanista apelaron a la violencia ni la propugnaron. Ése va a ser, en gran medida, el núcleo del debate en este proceso. Las querellas de la Fiscalía ponen, en este sentido, mucho énfasis en tratar de demostrar que el Govern no rehusó la violencia, al emplear una estrategia de movilización que había de facilitar su aparición.

La magistrada también alude en repetidas ocasiones a esta cuestión en el auto de prisión incondicional. El acento puesto en ello deriva de que el delito de rebelión implica como requisito el empleo de la violencia. “Para la consecución del fin secesionista que guiaba la conducta de todos los querellados –escribe la juez en su resolución–, éstos se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado” y en distintos episodios se organizaron “ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso”.

De nuevo aparece en esta resolución un documento que va a resultar clave en la causa. Es el denominado EnfoCATs, intervenido por la Guardia Civil en el domicilio de Josep Maria Jové, número dos de Junqueras, y cuyo enunciado rezaba “Reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso. Propuesta estratégica”. El documento –relata la juez en su auto– “contemplaba sin solución de continuidad una única y exclu- siva alternativa para Catalunya, su independencia y la configuración como Estado propio separado de España, siendo un elemento necesario para su consecución la celebración de un referéndum, al margen de la validez del mismo”.

Lamela, en suma, apoya su resolución en estos dos argumentos. Unos dirigentes, los de la Generalitat, quisieron alterar en España la forma de Gobierno y su realidad territorial. Y para ello utilizaron una estrategia de agitación que, indefectiblemente, tenía que provocar episodios de violencia. “La actuación a través de los movimientos populares –dice la juez–, auspiciada por los anteriores –los querellados más ANC y Òmnium–, iba encaminada a crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia hacia las órdenes emanadas de ellos”. La finalidad última se dirigía a “permitir, cuando fuera necesario, la movilización social para respaldar la consecución de los fines independentistas”.

En varios pasajes, la juez Lamela alude al cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ayer seguía en Bruselas junto a cuatro de sus exconsellers. La magistrada subraya que, por su cargo, Puigdemont tuvo un papel muy determinante en el desarrollo de la estrategia que describe. Entre otros episodios, cita su llamamien-

LA ESTRATEGIA

El auto argumenta que el Govern alentó “actos de insurrección pública y resistencia”

LOS INCIDENTES

“Se ocuparon calles y edificios” y hubo “un incesante acoso a los agentes”, dice el auto

to por carta a los alcaldes pidiéndoles que facilitaran la celebración del referéndum del 1-O. Al respecto, también reprocha pasividad a los Mossos el día de la consulta, atribuyéndola a la voluntad y las decisiones del Govern.

Sin esperar a las alusiones de este auto, la Fiscalía pidió ayer que la juez decretara la busca y captura de Puigdemont y dichos exconsellers y que dictara una orden europea de detención para que sean entregados por Bélgica, si deciden seguir allí. Lamela, de momento, no ha tomado ninguna de estas medidas, pero lo hará, si no hoy mismo, en breve. Si no lo hizo ayer fue porque esta semana está de guardia en la Audiencia Nacional y, tras la comparecencia de los exmiembros del Govern, se ocupó de un grupo de detenidos.

Entre el final de los interrogatorios –que fueron breves, salvo el de Santi Vila, que duró unos 40 minutos, tras aceptar responder a los fiscales– y la notificación del auto de prisión incondicional pasaron casi cinco horas. Parte de ese tiempo se empleó en la celebración de una vistilla en la que el teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, pidió la citada medida cautelar por la gravedad de los delitos que imputa a los exmiembros del Govern, con la violencia siempre como trasfondo, junto al proyecto secesionista para facilitar la ruptura de España.

Jaume Alonso-Cuevillas, que defiende a los imputados del PDECat, y Andreu Van den Eynde, que representa a los de ERC, insistieron sobre todo en la ausencia de violencia en los llamamientos de la Generalitat a favor de su propuesta de referéndum. Pero el hecho es que salieron de la vistilla denunciando indefensión y creyendo que sus patrocinados difícilmente abandonarían la Audiencia en libertad. Salvo Pau Molins, defensor de Santi Vila, para quien ya se había pedido una fianza. En los otros casos, ¿hubo olfato forense? ¿Experiencia de la toga? Pasaron más de dos horas. Todos, abogados e imputados, esperaron en la sala de declaraciones. El lugar es moderno, pero frío, de una arquitectura cortante y helada que provoca desasosiego. Basta entrar en esas salas, recorrer esos pasillos, para darse cuenta de que nada bueno te puede ocurrir allí. Hay zonas de urgencias hospitalarias mucho más acogedoras. A las cuatro de la tarde, los abogados no resistieron más. Como sus defendidos, se- guían en ayunas. La magistrada, al acabar la vistilla, les había dicho que no salieran de la Audiencia y esperaran allí su resolución. Lo interpretaron como un mal augurio. Aguardaron. Pero a las cuatro de la tarde arrasaron las máquinas de bebidas y bocadillos. Se les vio avanzar por los pasillos con los bolsillos rebosantes de botes y bocatas, de vuelta a la sala donde permanecían, hambrientos y expectantes, los imputados.

El refrigerio sería un breve alivio. Una hora más tarde, el mazazo. Lo esperaban, lo temían, sí, pero les quedaba la leve esperanza de que les impusieran una fianza para, una vez pagada, salir en libertad. Los abogados, entre mordisco y trago, trasladaban al exterior con sus móviles algunos mensajes de apesadumbrada confianza. “Seguim esperant”, decían, cada vez más inquietos. Los que recibían esos mensajes eran, sobre todo, parlamentarios y dirigentes del PDECat y ERC, a los que la policía mantenía a distancia de las dependencias de la Audiencia.

El hilo de esperanza se mantenía, en parte, porque unas horas antes el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena había aceptado suspender la declaración de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los cinco miembros de la Mesa que facilitaron la aprobación de la declaración unilateral de independencia (DUI). La suspensión fue a petición de los abogados, que reclamaban más tiempo para preparar su defensa. Todos los imputados salieron así de nuevo en libertad a primera hora de la mañana. Forcadell, que llegó lanzando saludos y besos al grupo de compañeros y parlamentarios congregados junto a las Salesas, se fue del mismo modo. Nuet, que no votó la DUI, fue el único que habló. A la salida, dijo que llevar al Parlament el debate sobre la independencia de Catalunya “no es un crimen”.

Ni la Fiscalía ni la juez coinciden con este criterio. En su auto, Lamela dice que todos los querellados “eran conocedores de las distintas actividades llevadas a cabo para llegar a la independencia, que consentían y apoyaban, y que incluían las movilizaciones tumultuarias organizadas”. Así podría titularse este proceso, El caso de las movili

zaciones tumultuarias. El tumulto también es un requisito del tipo penal de rebelión. Y junto a ello la violencia, la otra palabra clave de esta causa. Quien la puso en ese artículo del Código Penal, Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional, no se cansa de repetir estos días que la introdujo en dicho texto legal cuando era diputado de IU precisamente para que, sin ella, sin violencia, no pudiera hablarse de rebelión. A López Garrido, que tiene también escrita una extraordinaria obra histórica sobre los orígenes de la Guardia Civil, acabarán llamándole en este proceso como testigo. O como perito. Pero para eso, para el juicio, si llega, falta mucho. Ahora, las defensas presentarán un primer recurso. Lo verá la Sala Penal de la Audiencia, un plenillo, con cinco magistrados. Tendrán en sus manos el destino inmediato de gran parte de un equipo de gobierno, ahora cesado, cuyos abogados siguen clamando para que no se produzcan episodios violentos, porque les serían reprochados a sus defendidos. Violencia, tumulto, las palabras clave de este proceso.

LA DECISIÓN PENDIENTE

La juez ordenará posiblemente hoy la detención de Puigdemont

LA QUEJA

Las defensas denuncian indefensión por las citaciones exprés de los exconsellers

EL OTRO TRIBUNAL

El Supremo cita de nuevo a la Mesa del Parlament el próximo día 9