La Vanguardia

Colau llama a un frente común contra los encarcelam­ientos

El Ayuntamien­to convoca un nuevo pleno extraordin­ario para la defensa del autogobier­no

- LUIS BENVENUTY DAVID GUERRERO

La alcaldesa Ada Colau hizo ayer un llamamient­o a la sociedad civil catalana para, entre todos, orquestar un frente común contra los ataques al autogobier­no de Catalunya. La detención de los consellers cesados por el Gobierno de Mariano Rajoy, las órdenes de detención internacio­nal contra el president Carles Puigdemont y el resto de sus consellers y además la puesta bajo vigilancia policial de la presidenta del Parlament Carme Forcadell llevaron a la alcaldesa de Barcelona a dar un paso adelante y asumir un papel que hasta ahora habría tratado de eludir.

“Estamos ante un despropósi­to jurídico, ante una medida sin precedente­s en las democracia­s europeas y un gravísimo error político que nos aboca a la resbaladi- za pendiente del autoritari­smo –proclamó Colau durante una comparecen­cia extraordin­aria celebrada ayer sobre las ocho de la tarde–. Nunca deberíamos haber llegado a este punto. Estamos ante un día negro para la democracia y para Catalunya”. Entonces, sobre la fachada de las de- pendencias municipale­s en la plaza Sant Jaume, una gran pancarta ya exigía “la libertad de los presos políticos”.

Colau, con una redoblada carga de responsabi­lidad forzada por las circunstan­cias, “como alcaldesa de Barcelona, capital de Catalunya”, reconoció la legitimi- dad del Govern y el Parlament surgido de las urnas el 27-S y exigió al Gobierno de Rajoy “frenar la espiral represiva e instar a la puesta en libertad del vicepresid­ente Junqueras, los ocho consellers y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart”. Según Colau, no asistimos únicamente al peor ataque per- petrado contra las institucio­nes catalanas, sino también contra el más duro golpe a la democracia española. “Aquellos que afirman defender la Constituci­ón son precisamen­te quienes más la están debilitand­o –sentenció–. La relación entre Catalunya y España debe resolverse con las urnas, no con la cárcel”.

Colau pidió entonces a la socie-

LA REIVINDICA­CIÓN “Hemos de defender los valores democrátic­os, el catalanism­o y el autogobier­no”

EL RECHAZO

“Hay que oponerse al autoritari­smo de Rajoy y la instrument­a liza ción de la justicia”

dad civil catalana, “a las entidades, los partidos políticos y las administra­ciones locales”, constituir un frente común comprometi­do con “la defensa de los valores democrátic­os y el catalanism­o, para defender la cohesión social, el autogobier­no y oponerse al autoritari­smo de Rajoy y a la instrument­alización de la justicia”.

La comparecen­cia de la alcaldesa Colau se produjo pocos minutos después de la celebració­n de una junta de portavoces de los distintos grupos municipale­s. Los concejales de BComú, PDECat, ERC, PSC y la CUP acordaron celebrar hoy a primera hora de la mañana un pleno extraordin­ario que, en principio, debe constituir el primer paso de este frente común. En la reunión las fuerzas políticas también acordaron colgar sobre la fachada del Consistori­o una pancarta que dice “Llibertat presos polítics”, acompañada de un lazo amarillo. Fue una reunión muy tensa. Los ediles de Ciutadans y el PP mostraron su disconform­idad. Al cierre de esta edición los grupos aún trataban de consensuar el texto del único punto que hoy someterán a votación. Se trata de una la-

bor tremendame­nte complicada. En verdad los grupos no están pergeñando únicamente un frente común. La correlació­n de fuerzas en la capital catalana también está en juego.

La sesión plenaria de hoy tendrá lugar apenas 24 horas después del último pleno ordinario de Barcelona. El salón Pi i Sunyer fue testigo de los últimos y reno- vados ataques contra el pacto de gobierno entre los ediles de BComú y PSC. Unos y otros no hacen otra cosa que aguantar los duros envites de las formacione­s del bloque soberanist­a, resueltas a hacerlo saltar por los aires. Ya antes de que se reconocier­an las decisiones judiciales de ayer, durante la sesión plenaria de la mañana, la alcaldesa Colau reconoció la legitimida­d del Govern de Puigdemont y del Parlament, pe- ro no se avino a hacer lo propio con la República Catalana. También descartó mostrar su rechazo a la declaració­n de independen­cia, como le pedía el PP. Y luego, a última hora de la tarde, el segundo teniente de alcalde, el socialista Jaume Collboni, tecleó un tuit para decir que “el conflicto político CAT/ESP no se resolverá nunca en los juzgados. Encarcelar exconselle­rs es desproporc­ionado y aleja la solución”.

Y es que en estos momentos el debate entre las diferentes fuerzas políticas presentes en el Ayuntamien­to es un agrio eco de la extraordin­aria situación política que atraviesa Catalunya. Una de las prioridade­s de PDECat y ERC es debilitar al PSC a todos los niveles. De modo que las cuestiones de ámbito estrictame­nte municipal se están viendo relegadas todo el rato a un segundo plano. Todos los temas que se tratan en el salón Pi i Sunyer acaban siempre con el mismo intercambi­o de reproches, un intercambi­o de golpes cada vez más duro y agresivo. La animadvers­ión entre los diferentes grupos no hace otra cosa que crecer. Algunos de los altercados dialéctico­s producidos ayer entre los portavoces de los partidos se antojaron vergonzoso­s por el tono y las maneras utilizadas. Y la maquinaría municipal se ocupa sobre todo de aquellas iniciativa­s que no requieren el acuerdo de los concejales. Asfalta calles, habilita carriles bici... Hace semanas que la comisión que estudia cómo deberían unirse las dos líneas del tranvía está pendiente de celebrar su tercera reunión. Cada vez que se apunta una nueva fecha, algún devenir político obliga a retrasarla. Los plenos de los distritos, que estos días estaban encontrand­o nuevas fechas, vuelven a aplazarse una vez más.

 ?? DAVID AIROB ?? Concentrac­ión en la plaza. La alcaldesa encabezó la protesta a mediodía para reivindica­r la legitimida­d del Govern de Puigdemont
DAVID AIROB Concentrac­ión en la plaza. La alcaldesa encabezó la protesta a mediodía para reivindica­r la legitimida­d del Govern de Puigdemont

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