Independencia canaca
Francia retrasa al máximo la consulta de autodeterminación
Las islas que conforman Nueva Caledonia votarán el próximo año para decidir si se independizan de Francia, reacia a esta clase de decisiones pero deseosa a la vez de evitar los conflictos ocasionados en otros países por el independentismo.
Francia ha retrasado todo lo que ha podido la patata caliente de Nueva Caledonia, un remoto territorio insular del Pacífico colonizado a mediados del XIX por Napoleón III, utilizado hasta 1924 como penal para delincuentes y revolucionarios (Louise Michel y muchos communards de 1871 estuvieron allá) y hoy valorado por sus reservas de níquel, recurso vital para la aeronáutica, la electrónica y la telefonía móvil.
Tras sus grandes revueltas del XIX (1878) y XX (1917), el nuevo nacionalismo canaco surgió en los años sesenta y creció en sus expectativas con la victoria socialista de François Mitterrand en 1981. En 1988, después de que antiguas posesiones coloniales francesas como Yibuti (1977) y Vanuatu (1980) accedieran a la independencia y de que la Asamblea General de la ONU expresara (1986) “el derecho inalienable del pueblo de Nueva Caledonia a la autodeterminación y la independencia”, la revuelta de los independentistas canacos culminó con la toma de gendarmes como rehenes de la primavera de 1988 en Ouvéa, que se saldó con una veintena de muertos en una operación militar.
Aquel drama abrió la puerta a los acuerdos de Matignon, diseñados por el primer ministro Michel Rocard. Su eje fue un referéndum en el que, en noviembre de aquel mismo año, se preguntó a todos los franceses si aprobaban o no las “disposiciones preparatorias para la autodeterminación de Nueva Caledonia”.
Con una participación del 63%, el 80% de los franceses participantes votaron sí, pero en Nueva Caledonia el voto fue más ajustado: un 57% de síes contra 43%. Aquel referéndum nacional y los acuerdos de Nouméa de 1998 abrieron la vía a un compromiso de realizar, entre el 2014 y el 2018, un referéndum de autodeterminación únicamente en el archipiélago de 269.000 habitantes (un 39% autóctonos canacos y un 27% que se declaran “europeos”). Desde entonces el territorio goza de un amplio estatuto de autonomía.
París ha apurado al máximo los plazos para el referéndum del año que viene, cuya pregunta está aún por determinar. Mientras tanto, los ánimos independentistas han remitido y con un poco de habilidad se espera superar la consulta, pero el asunto se maneja con extremo tiento para conjurar la polarización de la mixta población del territorio.
“En el contexto catalán, en el que las aspiraciones a la independencia provocan una crisis mayor, Francia tiene bien a la vista un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer”, señala Alexandre Boudet, columnista de la edición francesa del HuffPost.
“Tras la crisis catalana, el Gobierno camina sobre huevos en la organización del referéndum”, observa Le Figaro, que ayer publicaba un editorial demoledor contra Carles Puigdemont.
Sea como fuere, un comité deberá trabajar en la cuestión de la pregunta y presentar el resultado de su trabajo la primavera próxima. Mientras tanto, ayer el primer ministro, Édouard Philippe, y los representantes de Nueva Caledonia (partidarios y contrarios de la autodeterminación) se pusieron de acuerdo en un punto fundamental: ¿Quién podrá votar en la consulta? En Nueva Caledonia hay tres censos electorales; el general para las consultas nacionales, el provincial para elecciones locales y el especial, que es el que regirá en el referéndum. Este tercer censo exige que los no nativos tengan acreditada una residencia continua de veinte años en Nueva Caledonia, lo que genera un sinfín de pleitos y diferencias. Ese es el aspecto que ayer se declaró solucionado.
Acordado el censo electoral: los no nativos podrán votar sólo si acreditan una residencia de 20 años