Pacto por el cupo
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció la renovación por cuatro años, hasta el 2021, del cupo vasco.
Pues sí. Los miembros del Govern de Catalunya, enviados a prisión esta semana, y los dirigentes de la ANC y de Òmnium, encarcelados hace días, se pueden presentar a las elecciones del 21-D. El marco jurídico es totalmente claro e inequívoco con respecto a esta cuestión. El elemento clave es que entre las causas de inelegibilidad establecidas por el artículo 6.2 de la Loreg no figura la prisión preventiva. Y esta es la situación en la que se encuentran actualmente, y sin duda en el momento de formalizarse las candidaturas electorales, los actores políticos mencionados anteriormente como consecuencia de la presunta comisión de determinados delitos.
El artículo citado de la Loreg ciertamente establece dos supuestos de inelegibilidad conectados a la comisión de delitos pero exige una previa condena judicial. Con carácter general hace falta que se trate de condenados por sentencia firme a una pena privativa de libertad en el tiempo que dure la pena. Con carácter especial se refiere a condenados, incluso sin sentencia firme, por delitos de rebelión o contra las instituciones del Estado cuando se haya impuesto la inhabilitación por el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Dicho en otras palabras, si antes del 21-D no se dictan sentencias judiciales de las características descritas, los consellers y los activistas sociales encarcelados pueden ser candidatos a las próximas elecciones catalanas.
Si se presentan a las elecciones y son elegidos hay que plantearse su acceso a la condición de diputado y las posibilidades efectivas del ejercicio del cargo en la hipótesis de que continúen en la situación de prisión preventiva. La primera cuestión tiene una solución factible, mientras que la segunda se convierte en problemática.
El acceso al pleno ejercicio de la condición de parlamentario no reviste en el Parlament de Catalunya ningún especial formalismo público y presencial, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados. En este sentido el artículo 23 del Reglamento regula un procedimiento de carácter puramente documental: el diputado electo, por una parte, tiene que entregar a la Cámara la credencial emitida por la Junta Electoral y una declaración a los efectos de las incompatibilidades y, por otra, tiene que firmar un papel de promesa o juramento con respecto a la Constitución y el Estatut. En definitiva, no parece que haya ningún impedimento a fin de que un diputado electo encarcelado haga llegar al Parlament la documentación requerida reglamentariamente y pueda, por lo tanto, disfrutar de la condición llena de parlamentario.
En cambio, presenta dificultades casi insalvables el mantenimiento efectivo de la condición de diputado si este se encuentra en situación de prisión preventiva. La razón no es que el encarcelamiento preventivo comporte la pérdida o la suspensión de la condición de parlamentario ya que eso no lo establece el Reglamento. El motivo es de orden funcional y disciplinario. En este sentido el diputado encarcelado obviamente no puede asistir a las sesiones parlamentarias y en principio tampoco puede hacer uso de la delegación de voto regulada por el artículo 93 del Reglamento. Este precepto admite la delegación de voto únicamente en casos de baja por maternidad o paternidad, hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada debidamente acreditadas. Sólo una interpretación extremadamente extensiva de la incapacidad, y no común con el sentido jurídico clásico de la figura, podría situar la prisión preventiva como supuesto de aplicación de la delegación de voto.
Entonces, si no hay posibilidad de la delegación de voto, la ausencia de los diputados encarcelados en las sesiones del Parlament tendría dos consecuencias. Políticamente dejaría en el grupo o grupos parlamentarios afectados con menos efectivos para todas las votaciones y jurídicamente abriría la puerta a la aplicación de las disposiciones disciplinarias del Reglamento (art. 231 y 235) que podrían comportar sanciones y la exclusión temporal del ejercicio de la condición de parlamentario.