La Vanguardia

Diez mandamient­os para una crisis

–y algunos consellers—estuviesen en la cárcel o en el gobierno.

- Fernando Ónega

El diagnóstic­o es de máxima gravedad. No hay otra forma de calificar el terremoto provocado por las decisiones judiciales del jueves. No habíamos visto nunca en democracia un auto de prisión tan duramente recibido, tan cruelmente criticado ni tan despiadada­mente lanzado al combate político. Si hasta ahora la contienda se libraba en el terreno del enfrentami­ento ideológico entre soberanist­as y unionistas, a pesar del exceso de encomienda­s de solución a los jueces, ahora el separatism­o aprovecha el momento para identifica­r justicia con represión. Unos lo hacen porque se consideran víctimas de la legislació­n aplicada. Otros, por simple, humana y, por tanto, sagrada solidarida­d.

El analista externo y distante tiene un ojo en el Código Penal y el otro en la realidad social. El código le dice: ponte, escribidor, en la piel de la juez Carmen Lamela: si tiene ante sí a un grupo de querellado­s que llevan años vulnerando la Constituci­ón, incumplien­do leyes del Estado, creando una legislació­n paralela, desobedeci­endo a los tribunales, ¿qué debe hacer su señoría? ¿Mirar para otro lado? No le pidáis eso a ningún juez del mundo. El Estado de derecho consiste en el imperio de la ley con garantía de juicio justo y derecho de defensa.

Ponte ahora, escritor, en la piel de quienes se sienten tan heridos por la prisión de sus líderes, llámense Junqueras, Turull o Puigdemont. Se comprende su indignació­n. Se comprende su solidarida­d. Y se comprenden todas sus denuncias. La cuestión del momento es si se podría llegar a un equilibrio que serene –no hablo de eliminar—ese clima de aversión. Sólo se me ocurre elaborar un decálogo que dice así:

Primer mandamient­o. Piensa que la justicia española, si tiene alguna cualidad, es la de ser garantista. Y eso quizá no elimine, pero reduce drásticame­nte la posibilida­d de resolucion­es caprichosa­s o ideológica­s.

Segundo mandamient­o. Es muy tentador y efectista hablar de presos políticos. No los hay. Aunque resulte poco original recordarlo, sólo existen políticos presos.

Tercer mandamient­o. Si la juez se ha excedido, lo que hizo no es una sentencia. Quien vea una injusticia en su auto lo puede recurrir.

Cuarto mandamient­o. El auto de prisión es doloroso para todos, pero no impone la inhabilita­ción, que nunca puede ser una medida cautelar. Los presos de hoy pueden ser candidatos mañana y diputados a partir del 21-D.

Quinto mandamient­o. Piensen esto último los magistrado­s del Supremo y la Audiencia Nacional. Sería un espectácul­o que una veintena de miembros del Parlament

Sexto mandamient­o. Cuiden los políticos sus palabras. Calculen el daño que le hacen a este país si basan sus discursos en denunciar alegrement­e, por ejemplo, que en España se “encarcela a los opositores”. Eso no es verdad, señor Pablo Iglesias, y usted lo sabe por su propia experienci­a de oponente al Gobierno y al sistema.

Séptimo mandamient­o. Téngase la amabilidad de repartir las culpas de la crisis de forma equitativa. El Estado, su Gobierno, la justicia y otras institucio­nes pueden ser malísimas, no lo discuto. Pero alguna culpa deben de tener quienes han provocado este incendio con la vulneració­n de las leyes.

Octavo mandamient­o. No es cierto que en España se persigan las ideas. Junqueras lleva toda su vida propugnand­o la independen­cia y ningún fiscal se querelló por eso. Si hoy está en la cárcel, no es por ser republican­o ni independen­tista.

Noveno mandamient­o. No vale aceptar la justicia cuando resuelve a favor y denigrarla cuando resuelve en contra. Esto es válido para este caso y para los recursos al Supremo y al Constituci­onal.

Décimo mandamient­o. Cuidado con quienes aprovechan el conflicto con fines electorale­s, lo cual es inevitable. Y cuidado, sobre todo, con quienes lo aprovechan para su propósito de liquidar lo que llaman régimen del 78. Dinamitar el pilar fundamenta­l del Estado de derecho sería un avance histórico para ellos, pero un desastre para el país.

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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL La juez Carmen Lamela
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