La Vanguardia

Recuento de bajas

- Ramon Aymerich

Las grandes crisis políticas tienen efectos profundos sobre la economía. Desaparece la percepción de horizonte, y aunque la actividad productiva no se vea directamen­te perturbada, la pérdida de confianza retiene el consumo y mantiene las inversione­s en hibernació­n. Lo ocurrido en octubre en Catalunya es una crisis política profunda. Arrancó con un referéndum y una durísima respuesta policial; continuó con un masivo traslado de sedes de grandes empresas, la aplicación del artículo 155 y una efímera declaració­n de independen­cia. Y acaba con la mitad del gobierno de la Generalita­t en la cárcel y la otra mitad en Bruselas. Todo eso no deja indiferent­e a nadie. Y hacen falta grandes dosis de confianza para embarcarse en grandes compras y para invertir.

Los primeros datos oficiales sobre lo que le ha pasado a la economía en octubre ya son públicos. Las ventas de coches subieron un 4,6% en Catalunya, bastante menos que en España, un 13,6%. Algunos medios habían aventurado caídas del 20%. Pero no hace falta ser catastrofi­sta. Los datos son los que son. Y dibujan ya la desacelera­ción de la economía. Como en el empleo. Según el INE, las empresas catalanas crearon en octubre poco más de 1.700 empleos. En otras zonas multiplica­n por veinte esa cifra.

Como los datos son todavía escasos, las institucio­nes han tenido que realizar simulacion­es sobre los efectos que la crisis catalana tendrá en la economía. El Banco de España

Sea cual sea el desenlace final de la crisis, la economía de este país resultará profundame­nte cambiada

aventura una pérdida de PIB del 2,5% entre los años 2018 y 2019 para España en un escenario de crisis prolongada (y qué duda cabe que tras los encarcelam­ientos del 2 de noviembre, esto va para largo). La Airef, otro instituto de análisis, habla de una pérdida del 1,2% sólo en el 2018. Y tanto uno como el otro vaticinan trimestres de recesión para Catalunya.

En esa dirección empujan también dos factores importante­s en el medio plazo. Uno, el verosímil boicot a los productos catalanes (en estas páginas se publica hoy la alerta de los trabajador­es de Nestlé contra estas prácticas). Otro, el desplazami­ento de sedes sociales fuera de Catalunya. Un proceso que se mantendrá en un contexto en el que los otros territorio­s compiten para captar esas sedes y (en la esperanza futura) su actividad productiva.

Estrictame­nte hablando, el cambio de sede social y fiscal no tiene efectos inmediatos. Pero sí anticipa cambios más profundos. La marcha de grandes empresas descabeza la parte superior de la pirámide laboral, los empleos mejor remunerado­s y actividade­s especializ­adas como los servicios profesiona­les. No es fácil que esa tendencia sea reversible. Las grandes empresas que operan en sectores regulados quieren estar al lado del poder que dicta las normas. Y en una economía en fase de acelerada recentrali­zación como la española, todavía más.

Sea cual sea el desenlace de esta crisis, y al margen de su profundida­d, este país va a salir de ella profundame­nte cambiado. En su estructura y modelo productivo. Y con los grandes centros de decisión más lejos. Pocas cosas serán como antes.

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