El Gobierno recurrirá la ley del Comerç que regula horarios y rebajas
El Gobierno español presentará un recurso de inconstitucionalidad por la ley de Comerç de la Generalitat, aprobada el pasado verano, y que regula los horarios comerciales y los periodos de rebajas, entre otros aspectos. La medida fue anunciada ayer por el portavoz del Ejecutivo, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, tras su aprobación en el Consejo de Ministros. Concretamente, el Gobierno recurrirá hasta ocho títulos de la norma, entre ellos el artículo que regula la obligatoriedad de los trabajadores del sector de estar en condiciones de “atender a los consumidores cuando se expresan en cualquiera de las lenguas oficiales en Catalunya”.
Además, recurre los artículos que regulan los horarios, que limitan la apertura de los establecimientos un máximo de 75 horas semanales, y los periodos recomendados de rebajas, así como los artículos dedicados a la determinación de municipios turísticos y los que establecen las infracciones leves. Según el Gobierno, los citados artículos “vulneran el orden constitucional, tanto en los aspectos relacionados con los horarios comerciales y la ordenación del comercio interior como en lo que se refiere al régimen lingüístico de la actividad comercial y de servicios”. También considera que la ley catalana vulnera la ley de horarios comerciales e incumple la ley en materia de promociones comerciales.
La medida del Ejecutivo se suma a una extensa serie de recursos al Tribunal Constitucional en materia comercial. Una de las mayores asociaciones del sector en Catalunya, RetailCat, manifestó ayer su repulsa a la medida al considerarla “un ataque a una competencia exclusiva de la Generalitat, y que además se produce en un momento en el que “medio gobierno catalán está encarcelado”. RetailCat defiende que la ley del Comerç es la más adecuada al modelo comercial catalán. En la normativa se introdujeron cambios como el horario de verano y el horario de invierno en pos “de una mayor conciliación y un estilo de vida más europeo” y establece un máximo de 75 horas semanales, que “tanto los empresarios del sector como los consumidores consideran que es adecuado”.