Venezuela sigue liberando opositores mientras Maduro consolida su poder
El gobierno venezolano prosigue con la liberación de presos políticos. El viernes a última hora fue el turno de dos prominentes líderes de la oposición, Yon Goicoechea y Delson Guarate, retenidos en un penal de Caracas durante más de un año sin juicio. Su libertad, sin embargo, como en la mayoría de los otros excarcelados, está limitada tanto en su capacidad de movimiento como en la de poder expresas opiniones políticas.
Desde que el régimen de Nicolás Maduro consolidó su poder a partir de las elecciones a la Asamblea Constituyente el pasado mes de julio, ha estado liberando una media de quince presos políticos por semana, según la organización Foro Penal. De este modo Venezuela intenta aliviar la presión internacional que ha sufrido durante los meses de protestas en la calle contra el chavismo, manifestaciones que fueron brutalmente reprimidas y que causaron 120 muertos.
Alfredo Romero, director de Foro Penal, ha señalado a la agencia AP, que cuando Maduro llegó al poder en el 2013 había un centenar de presos políticos en Venezuela y que en julio llegaron a ser 676. A pesar de las recientes liberaciones, aún siguen 360 entre rejas.
Venezuela niega que tenga presos de conciencia y acusa a los opositores encarcelados de trabajar con Estados Unidos para acabar con el chavismo. Maduro presenta la liberación de presos como un gesto para favorecer el diálogo con la oposición, pero en el marco de la Asamblea Constituyente, que está formada sólo por diputados chavistas porque la oposición boicoteó las elecciones. El pasado verano, ante la presión de la oposición que controla la Asamblea Nacional, el presidente venezolano decidió quitarle los poderes y convocar un parlamento paralelo –la Asamblea Constituyente– para redactar una nueva Carta Magna.
Goicoechea, de 32 años, fue un líder estudiantil que trabajó en la organización de un referéndum de reprobación a Maduro. Sin embargo, fue detenido y luego acusado de llevar explosivos en su vehículo. Estando en prisión recibió la nacionalidad española. Los expresidentes del Gobierno Aznar y González participaron en su defensa. El juez decretó su libertad casi de inmediato –hace más de un año– pero la policía política se ha opuesto hasta ahora, un retraso que la oposición pone como ejemplo de la deriva autoritaria del régimen chavista. “Sólo queremos lo que mucha gente en medio el mundo da por sentado: elecciones libres, buena gobernanza, libertad de expresión, independencia judicial, seguridad personal y cierta libertad económica”, escribió en The New York Times.