El caso Puigdemont
El expresident puede encontrar resquicios en la justicia belga que eviten su extradición a España
En las próximas horas, un juez belga recibirá el dossier Puigdemont. Un magistrado que representa a “la verdadera justicia”, según dijo el expresident en la entrevista que concedió el viernes a la televisión pública RTBF y con la que está dispuesto a “cooperar plenamente, tras la orden de detención europea emitida por España”, aseguró ayer el ex president en su cuenta de Twitter, en un mensaje escrito en neerlandés.
Su abogado, Paul Bekaert, está convencido de que puede frenar la extradición. Y el Ministro belga de Justicia, Koen Geens, dijo el viernes que “existe la opción de rechazarla”, poco después de que la Fiscalía federal belga recibiese la euroorden.
El caso seguía ayer en manos del ministerio público, pero su función es aquí meramente técnica. Debe analizar que el documento que le ha enviado la juez Carmen Lamela cumple los requisitos establecidos por la ley y enviarlo después al juzgado de instrucción. “Probablemente”, entre hoy y mañana, dijo el portavoz, Eric Van Der Sijpt.
Por tanto, ni Puigdemont ni los cuatro exconsellers que presumiblemente están con él en Bruselas –Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Toni Comín– han tenido todavía que ir a declarar. ¿Se entregarán voluntariamente, cundo sepan ante qué juez deben acudir ? El entorno en Bruselas del president cesado no quiso aclarar ayer esa posibilidad y se remitió al tuit para responder a la duda planteada por los periodistas.
De no entregarse, el juez deberá ordenar su búsqueda y captura y cuando se les encuentre tendrá veinticuatro horas para decidir si prolonga el arresto o les deja en libertad, bajo ciertas limitaciones, durante los 15 días que tiene para decidir si existen motivos para extraditarles a España.
Para ello, deben cumplirse dos condiciones. Primero, que los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia que les imputa la Audiencia Nacional tengan su equivalencia en el ordenamiento jurídico belga. Y segundo, que sus derechos fundamentales estén garantizados si se les entrega a España, algo que se da por hecho entre los Estados miembros de la UE. Aunque tras el encarcelamiento de la mitad de los miembros del Govern de Puigdemont, “hay elementos objetivos” que permiten demostrar lo contrario, cree el abogado penalista belga, Denis Bosquet.
Pero vayamos por partes. El delito de rebelión que está tipificado en Bélgica no se corresponde con lo que establece el Código Penal español. Sí está contemplada la violencia, “pero se entiende aquella que existe en caso de atentado”, explica Bosquet. Y durante el procés no se ha cometido ninguno.
En cuanto al de sedición, Bélgica lo contempla como una “coalición de funcionarios” que se levantan contra las autoridades públicas, para el que se es-
LOS TRÁMITES
Entre hoy y mañana el juez recibirá de la fiscalía belga la petición española
tablece una pena de 6 meses de cárcel (no de 15 años, como se estipula en España). La desobediencia se da cuando existe “violencia militar” y la prevaricación “no existe bajo ese nombre”, relata el especialista.
De los cinco delitos, el de malversación de fondos públicos es el único que realmente tiene una plena equivalencia entre los dos ordenamientos jurídicos. Y en base a él podría ordenarse la extradición, aunque en ese caso, Puigdemont y los cuatro exconsellers sólo podrían ser juzgados por haber cometido este delito, por el que hay que cumplir una condena mucho más baja que en los casos de rebelión o sedición.
No es imprescindible, sin embargo, que la definición “estricta” que recibe cada uno de los delitos en Bélgica sea literalmente idéntica a la del ordenamiento español. Sino que la descripción de los hechos que relata la juez Carmen Lamela en el auto de detención también sean condenables en Bélgica. Y si no fuese así, habría que encree contrar la equivalencia en la lista de 32 delitos previstos por la orden de detención europea. Ninguno de los cinco se contempla.
El comunicado que esta semana envió el Govern de Puigdemont para explicar cómo pensaban sus miembros actuar ante la citación judicial, explicaba que los exconsellers que sí declararon ante la Audiencia Nacional lo hicieron con la intención de “denunciar la falta de garantías del sistema judicial español y su voluntad de perseguir ideas políticas”.
Su encarcelamiento podría utilizarse com prueba de que los derechos fundamentales del expresident y los cuatro exconsellers que están en Bruselas “podrían no ser respetados”, Denis Bosquet. Y apunta también otros motivos, como “el poco tiempo que han tenido para preparar su defensa” o “la fuerza del poder del Gobierno central, sobretodo después de escuchar el discurso del Rey”, del pasado 3 de octubre.
Gran parte de la estrategia del abogado Paul Bekaert consiste en demostrar que los derechos fundamentales de sus clientes corren peligro en España. Podrá exigir a los jueces encargados de decidir la extradición que soliciten a la Audiencia Nacional la información suficiente que permita comprobar que estos derechos serán respetados. Y ello podría demorar el proceso. Uno de los presumibles objetivos del abogado.
La extradición debería decidirse en 90 días. Un plazo en el que ya están contempladas las dos posibilidades de recurso previstas en la euroorden, si el juez de instrucción y luego el Tribunal de Apelación de Bélgica ordenaran la entrega del ex president y los exconsellers. Si en los tres meses la justicia no obtuviera la información suficiente para probar que sus derechos fundamentales serán respetados se podrá optar por cerrar el caso. Así lo estipula la ley comunitaria.
Pero el caso Puigdemont tiene también consecuencias políticas. Existe el riego de una crisis diplomática entre Bélgica y España si Puigdemont logra zafarse de la extradición. Algo que el primer ministro belga, Charles Michel, quiere evitar. Para él, la internacionalización del procés que está logrando el expresident es un verdadero problema.
La situación incomoda también a parte de los ciudadanos belgas. El periódico Le Soir ironizaba ayer con una guía del ocio que Puigdemont podría ojear este fin de semana. Entre las propuestas, acudir al restaurante l’Accent Catalan, en Waterloo. Donde –recordaban– tras la batalla, Napoleón fue encarcelado.