Un fiscal locuaz contra la rebelión
Maza, reprobado por el Congreso, es el impulsor del encarcelamiento del Govern que ha fracturado la estrategia normalizadora de Rajoy
Como fiscal, Maza escucha al Gobierno, pero como exjuez, actúa de acuerdo a su criterio sobre derecho penal
El encarcelamiento de la mitad del Govern, que ha vuelto a prender fuego a los rescoldos humeantes del malhumor catalán, hizo que miradas de incredulidad y espanto se volvieran hacia el auto dictado por la jueza de la Audiencia Carmen Lamela –que considera a los consellers instigadores políticos de un “levantamiento” cuyo “brazo civil” son las organizaciones ANC y Òmnium–. Pero se asume que un juez, y más si es de la Audiencia Nacional, es un ente independiente del Estado cuya voluntad es un arcano antes que una encarnación de los intereses del Ejecutivo, por más simpáticas que sean sus relaciones. “Un juez es una lotería, y si cree que puede copar titulares, peor”, decía un oligarca financiero años ha.
La Audiencia Nacional es un órgano del Estado, y por tanto un Leviatán que trasciende la intención y estrategia del Gobierno. Por eso, ante la importuna medida cautelar, el interrogante se volvió hacia el fiscal General del Estado, José Manuel Maza, de quien partió la solicitud de prisión: un juez no puede ser ni un milímetro más punitivo que lo que la Fiscalía –o en su caso, la acusación particular– proponga. Y el fiscal, aunque autónomo, sí opera sometido al vaivén político. La pregunta entonces es por qué Maza fracturó la estrategia de normalización desplegada por Rajoy.
Nombrado fiscal general hace justo un año, de inmediato José Manuel Maza Martín (Madrid, 1951) se convirtió en un celebridad en el mapa de la controversia política. Ocupaba la plaza de magistrado de la sala segunda en el Tribunal Supremo desde 15 años atrás y sus posiciones más destacadas habían sido el apoción yo a la defenestración de Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, su oposición a que el Supremo acatara la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anulaba la doctrina Parot, su rechazo a la doctrina Botín, que permitió el archivo de la causa contra el fallecido banquero, y haberle parado los pies a Manos Limpias cuando actuó contra Podemos.
Las primeras decisiones de este especialista en derecho penal –ha publicado varios manuales– en la Fiscalía General del Estado ya delataban su intención de pilotar los asuntos más delicados en la agenda judicial del Ejecutivo que lo designaba. Apartó a Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia, y lo sustituyó por Jesús Alonso. Estaba ya claro, a la sazón, que Catalunya iba a centrar sus preocupaciones y Maza, sostienen fuentes judiciales, quería a alguien de plena interlocución. No existía el temor de que Zaragoza no fuera expeditivo ante un Govern que abrazara la desobediencia y la unilateralidad. Al revés: ya propuso procesamientos por sedición mucho antes. El propósito del relevo era pleno control de los tiempos para dosificar actuaciones.
Mucho más sonado fue su golpe de timón en Anticorrupción. Maza supo de las grabaciones en las que cargos del PP imputados expresaban su deseo de que Manuel Moix se hiciera con el mando de Anticorrupción. Ni saberlo, ni los patentes déficits curriculares de Moix lo detuvieron. Lo que luego hizo Moix provocando un motín sin precedentes en la Fiscalía Anticorrup- al intentar minimizar daños al PP madrileño, desencadenó una gigantesca tormenta política, obligó a Moix y Maza a explicarse en el Congreso, llevó a la reprobación sin precedentes de ambos y del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y en último terminó activó una moción de censura impulsada por Pablo Iglesias.
Esa maniobra, que no logró contener daños y puso en cuestión la pulcritud de la separación de poderes en España –nuestro país está a la cola de Europa en percepción de independencia judicial–, tuvo aún un saldo más negativo por la inusual disposición de Maza a acudir a programas de radio. Accesible y locuaz, sus explicaciones, como se ha visto esta semana, tienden a soliviantar más los ánimos.
El gobierno desató la reacción de todo el aparato del Estado contra la desobediencia catalana, de ahí que hoy sólo maneje parcialmente la agenda del castigo. La Justicia, en tanto Estado, opera para el fin perseguido pero no se ajusta a prioridades políticas. Maza es el híbrido. Como fiscal, escucha al Gobierno, pero como exjuez, atiende a su interpretación del derecho penal. Se vio con la petición de cárcel para los
Jordis y el mayor Trapero, inconveniente para Rajoy. Cuentan en los jardines de la Villa de París que Maza no entendió la sorpresa por su petición, dada la gravedad del delito de sedición.
Aquel desastre en términos de imagen fue mitigado por la aplicación de un 155 con llamada a las urnas. La astuta convocatoria y el rompan filas del Govern fueron un triunfo de relato para un ejecutivo falto de narrativas en estos meses de remolino. Pero la punitiva prisión colegiada que impulsa Maza ha bañado de sentido dramático la espantada belga de Puigdemont.
Un sesgo retrospectivo, sí, pero que ha convertido lo que era un sainete deshonroso, el pasmo procesista tras el fugaz advenimiento de la república virtual, en único argumento de esta vertiginosa precampaña.