“Lehendakari, voy a convocar”
Catalunya pudo cambiar de rumbo la mañana del jueves 26 de octubre. El presidente de la Generalitat estuvo a punto de convocar elecciones, tras una intensa mediación. Carles Puigdemont no pudo soportar la presión en contra.
He decidido disolver el Parlament y convocar elecciones. Es una decisión que sólo puedo tomar yo, antes que el Senado apruebe la activación del artículo 155. No es la decisión que más me gusta, pero es la que corresponde en estos momentos y en esta circunstancias...”. Este iba a ser el mensaje de
Carles Puigdemont a los ciudadanos de Catalunya, un día antes que el Senado aprobase la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya. Jueves, 26 de octubre del 2017. Entre las diez y las once de la mañana, el presidente catalán dio a conocer al presidente vasco Iñigo Urkullu, el fragmento principal del discurso que pensaba leer ante los periodistas convocados a las doce del mediodía en la galería gótica del Palau de la Generalitat. Era un gesto de deferencia hacia el hombre que más le había ayudado a buscar una salida que impidiese la intervención de la Generalitat. Aquella misma mañana, Puigdemont y Urkullu habían intercambiado breves mensajes, siempre en la misma dirección, según fuentes conocedoras de los mismos.
A las diez de la mañana, después de una tormentosa sucesión de reuniones y llamadas en Barcelona, la decisión ya estaba tomada. “Voy a convocar”. Un paso valiente. Era la decisión de un hombre que en aquellas horas sentía el amargo sabor de la soledad política: “Sólo yo puedo decidirlo”. Era una decisión difícil, muy difícil, que podía reescribir su biografía. Habría hostilidad, habría protestas, habría incomprensiones. Y, sin embargo, estaba decidido a firmar el decreto. “No es la decisión que más me gusta, pero es la que corresponde en estos momentos”.
Entre las diez y las once de la mañana del jueves 26, los servicios de la presidencia de la Generalitat convocaron a la prensa. Todos los medios interpretaron el aviso como el inminente anuncio de elecciones, noticia que la edición digital de La Vanguardia había avanzado aquella misma mañana, firmada por la subdirectora Isabel García Pagan. Casi a la misma hora, colaboradores del presidente se ponían en contacto con algunos medios de comunicación catalanes para darles a conocer el enfoque que Puigdemont pensaba transmitir. “Quiero ser el presidente de todo el país, no de la mitad del país”. En estos momentos difíciles, lo importante es salvaguardar la Generalitat. Esa era la idea.
La decisión estaba tomada. El decreto de convocatoria estaba redactado e incluía una referencia explícita a la ley orgánica de régimen electoral general (Loreg). Las elecciones se iban a convocar de acuerdo con la legislación española. A primera hora de la mañana, Urkullu
le había hecho saber a Puigdemont que esa referencia era muy importante para asegurar el compromiso, no escrito, con el Gobierno de Mariano Rajoy: el artículo 155 se aprobaría el viernes en el Senado, pero el Ejecutivo frenaría su aplicación ante la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones. Puigdemont aceptó esa premisa. Antes del mediodía llegaba la confirmación a Ajuria Enea: “En el decreto, esa mención va a figurar”. Puigdemont estaba dispuesto a cumplir los términos del compromiso informal con la Moncloa, trabajosamente gestado por el presidente vasco, con la activa colaboración de un reducido grupo de empresarios y profesionales catalanes.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, enviaba aquella misma mañana mensajes en clave: “La aplicación del artículo 155 depende de los independentistas. Si se convocan elecciones constituyentes para afirmar la independencia, el 155 es más necesario que nunca. Si se convocan elecciones para gobernar la comunidad, estaremos ante otro escenario”. Ese era el estrecho pasadizo disponible, después de unas semanas de tremenda tensión, en las que nadie ya no se fiaba de nadie. Rajoy no se fiaba de Puigdemont. Y viceversa. El lehendakari había reiterado en las últimas horas al presidente catalán que el acuerdo sólo era posible mediante una sucesión de pasos graduales. El decreto de convocatoria de elecciones debía contener un mensaje de regreso a la legalidad vigente. Una vez dado ese paso, la la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría “modularía” el tono y el contenido de su intervención en el Senado, la tarde del jueves. Al mismo tiempo, el PSOE presentaría una enmienda pidiendo la paralización del 155, si se convocaban elecciones en Catalunya. El sendero era estrecho, pero transitable. “Hay que dar pasos graduales”, insistía Urkullu, que también estaba en contacto con la Moncloa y con el secretario general socialista, Pedro Sánchez.
El sendero, estrecho pero transitable, había sido abierto unos días antes por una sucesión de gestiones que tuvieron como principales protagonistas al presidente vasco y a un reducido grupo de empresarios y profesionales catalanes:
Joaquim Coello (expresidente del Port de Barcelona y actual presidente de la Fundació Carulla), Marian Puig (presidente del lobby Barcelona Global), el notario
Juan José López Burniol, y el abogado Emilio Cuatrecasas, hombres con capacidad de interlocución con la Generalitat, con el Gobierno central y con el PSOE. Esas cuatro personas se reunieron primero en Barcelona con un hombre de confianza del PNV, e inmediatamente después fueron recibidas en el palacio de Ajuria Enea de Vitoria por el lehendakari Urkullu. En esa reunión se fijó la estrategia para una mediación in extremis. Objetivos: salvaguarda de la Generalitat, elecciones convocadas por Puigdemont, freno del 155, paulatino regreso a la normalidad, y si todo iba bien, establecimiento de una mesa de diálogo para intentar dibujar soluciones de futuro, después de las elecciones.
Urkullu se había mantenido en contacto con Puigdemont desde principios de septiembre, casi a diario en los momentos más críticos, flanqueado por el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzar , y en comunicación directa con tres personalidades eclesiásticas –el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el abad de Montserrat, Josep
Maria Soler, y el abad de Poblet, Octavi Vilà– que a su vez realizaron diversas gestiones en Catalunya.
Hubo otras labores de mediación, claro está. El conseller
Santi Vila intercambio numerosos mensajes con la presidenta del Congreso, Ana Pastor. El líder del PSC, Miquel
Iceta, mantuvo una fluida comunicación con la vicepresidenta del Gobierno e intentó una gestión de última hora con Puigdemont, la tarde del jueves. cuando ya todo estaba perdido. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, también se movió. Incluso Pablo Iglesias, líder de Podemos, intentó ejercer de puente. Iglesias, que no está incomunicado con Rajoy, intercambio mensajes entre ambas partes antes del jueves 26.
Sonaron las doce del mediodía y el presidente de la Generalitat no compareció en la galería gótica del Palau. Pasaban los minutos y la puerta de su despacho se mantenía cerrada. En la plaza de Sant Jaume, centenares de estudiantes con banderas independentistas empezaban a gritar “Puigdemont, traïdor!”. La comparecencia se aplazaba un hora.
La CUP estaba en pie de guerra. Esquerra Republicana empezaba a calentarse. Oriol Junqueras exigió a Puigdemont que pidiera “garantías”. Y desde Madrid respondieron que no podían ni querían enviar ningún mensaje público. Primero, un paso; después, otro. Urkullu le insistía a Puigdemont que tuviese confianza en la gradualidad. La redes se enardecían por momentos. Dos diputados del PDECat, Jordi Cuminal y Albert Batalla, anunciaban por Twitter su dimisión. Junqueras no emitía ninguna opinión pública, pero
Gabriel Rufían lanzaba a un dardo con veneno bíblico: “155 monedas de plata”. Judas. La ejecutiva de ERC se reunía de urgencia y amenazaba con abandonar el Govern. Xavier García Albiol, contrario a una tregua que podía achicar más su reducido espacio, apretaba las tuercas desde el Senado: “El 155 irá adelante, aunque se puede graduar”. No es lo mismo graduar, que frenar. La pinza Rufián-García Albiol cerraba el sendero.
“Hay una rebelión entre los nuestros, no puedo aguantar”, comunicaba Puigdemont a Ajuria Enea al filo de las dos de la tarde.
Y después, pasó lo que pasó.
LA MAÑANA DEL JUEVES 26 DE OCTUBRE, EL PRESIDENT ASEGURÓ A URKULLU QUE DISOLVÍA EL PARLAMENT AL FILO DE LAS DOS DE LA TARDE, EMPEZÓ LA MARCHA ATRÁS: “TENGO UNA REBELIÓN. NO PUEDO AGUANTAR”