“Summum ius summa injuria”

Como sostiene la triste e irónica ley de Murphy: todo es siempre susceptible de empeorar. Cada día es peor que el anterior. Algunos llevamos años clamando en el desierto que lo que está sucediendo en Catalunya es un asunto de España. Un asunto político de gran envergadura que, en lugar de ser abordado con inteligencia, ha sido subcontratado por el Gobierno de Mariano Rajoy al poder judicial. Por este camino, acabará abrasando a todo el sistema político nacido en 1978.

Llevamos años diciendo que lo que se está produciendo no es, como han dado en llamarlo los medios de Madrid, el “desafío catalán”, sino la pérdida de la confianza en el sistema general por parte de una porción significativa del electorado catalán. Y es que, previamente a los hechos de hoy, en el 2010, con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut se produjo una ruptura unilateral del pacto constitucional y territorial de 1978. De aquello, el Gobierno español no quiso darse por enterado. Ni tan siquiera ahora reconoce la existencia de un problema político. El PP de Rajoy y Sáenz de Santamaría lo han fiado todo al poder intimidatorio de la ley.

En este momento, el incendio político parece irreparable. La juez Lamela ha hecho añicos la posibilidad –pequeña pero factible– de reconducir la crisis catalana mediante el cauce democrático de una campaña electoral tranquila y reflexiva. En un contexto reflexivo, era posible la aparición de un airbag centrista con capacidad para recomponer el mapa político catalán: un airbag que, de una parte, podía impedir la repetición de la mayoría absoluta independentista y, por otro lado, podía favorecer la reconstrucción de una mayoría catalana dispuesta al pacto. Ahora, en un clima de agitación sentimental dominado por la actuación humillante y vengativa del Estado, la aparición de un airbag centrista es improbable.

La temeridad de la juez Lamela no es tan sólo producto de la indiferencia de la justicia por las consecuencias políticas de sus actuaciones. Es el resultado del clima mediático de la capital, favorable a interpretar nuestra legislación, no como un instrumento de civilidad, sino como un traje de hierro. Un traje de hierro inmobilizador que la mayoría impone a las minorías. La juez Lamela ha asumido un caso de presunta sedición y rebelión para el que el plenario de la Audiencia Nacional dijo en su momento que no era competente. Ha aceptado íntegramente las tesis de un fiscal general que, en este momento de máxima gravedad y habiendo sido reprobado por el Congreso, está constantemente bajo los focos, perorando con inaudita audacia retórica.

Según opinión de no pocos expertos, es muy discutible que la conducta de los miembros del Govern encaje en los delitos de rebelión y sedición. El catedrático de la UB Jordi Nieva Fenoll, por ejemplo, sostiene que el carácter violento es imprescindible para ambos delitos, carácter que el proceso catalán no ha tenido. Otras muestras de la extrema severidad de Lamela: el escasísimo tiempo que dio a la defensa (tiempo que sí ha concedido el Tribunal Supremo a los defensores de la Mesa del Parlament); y, por supuesto, la aplicación poco fundada del auto de prisión (dedica apenas tres de sus diecinueve páginas a estudiar si concurren o no los requisitos para la prisión provisional).

Un juez no debe favorecer la política, ciertamente. Pero tampoco perjudicarla. La espada de la dama de la justicia no debe causar más daño del estrictamente necesario, pues, de otro modo, refuerza el mal que pretende corregir. Si el Tribunal Supremo esta semana no lo remedia, la campaña electoral que debía quitar hierro al conflicto surgido en Catalunya no será tranquila ni reflexiva: será tremendamente emotiva y dramática. Una vez más, los sentimientos tendrán un protagonismo principal en un problema que lleva años exigiendo cordura y razón, prudencia y mano izquierda.

Otras veces me he referido en estas páginas al lema de Isabella d’Este, marquesa de Mantua, protectora de las artes, amiga de Mantegna y Raffaello, lectora de Ariosto y Castiglione, dos veces retratada por Leonardo Da Vinci. “Nec spe nec metu”. Se puede interpretar spe como interés; y es así como lo entendia Isabella: “Sin interés, sin miedo”. Su divisa era estoica: afrontar la vida sin ambición personal; pero con valentía, sin miedo. Ahora bien, si la interpretamos en sentido literal, la divisa es de un pesimismo oscuro, nihilista: “Sin esperanza, sin miedo”. Es el sentido que los intelectuales del proceso dan al combate independentista. Puesto que todo está perdido, puesto que ya no queda esperanza, lancémonos a la lucha sin miedo. Si la identidad catalana está condenada, que tenga al menos un final digno.

Es responsabilidad del Estado de 1978, que reconoce su pluralidad, no segar la esperanza de futuro de la identidad catalana. Cuando la justicia, abusando de su poder, se impone de manera implacable y exagerada, refuerza el irredentismo. Un antiguo aforismo jurídico resume perfectamente la cuestión: “Summum ius summa injuria”: derecho extremo, injusticia extrema.

La ley, no como instrumento de civilidad, sino como traje de hierro que la mayoría impone a las minorías