“España no está haciendo nada”

Diversas entidades sociales critican la “inacción” del Gobierno en materia política climática. “Han pasado dos años desde la aprobación el Acuerdo de París; aumentan las emisiones de gases y no se han adoptado ninguna medida”, dice Teresa Ribera, ex secretaria de Estado de Cambio Climático con el PSOE. La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, prometió hace casi un año la ley de Cambio Climático, pero la consulta pública previa concluyó hace poco, y el primer borrador de la ley no estará hasta el primer trimestre del 2018. Mientras, los anuncios del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en los que garantiza larga vida a las plantas térmicas de carbón (de gran impacto climático) han irritado a los grupos ecologistas y decepcionado a los sectores empresariales interesados en las energías limpias. Una campaña conservacionista ha pedido el cierre paulatino de las 15 térmicas de carbón españolas; pero el Gobierno prepara un decreto para evitar el cierre de las plantas térmicas de Teruel y Compostilla (León), frente a la voluntad expresada por la empresa Enel, que no las ve rentables, dadas las inversiones de descontaminación necesarias. Teresa Ribera y grupos ecologistas (WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace...) sostienen que las políticas de Nadal son “contradictorias” con el Acuerdo de París contra el cambio climático. “Hay que hablar claro; las medidas de Nadal son sospechosas, cuando menos”, añade Ribera. Interpretan que la intención de Nadal al mantener abiertas estas dos centrales de carbón responde a razones electoralistas en Asturias, Castilla y León y Aragón. “Necesitamos una ley de Cambio Climático con una hoja de ruta, para ir reduciendo las emisiones de gases y llegar a la descarbonización de la economía en el 2050. Ahora no se hace nada”, dice Ana Belén Sánchez, directora de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas. Fuentes de la Administración catalana critican el recurso de inconstitucionalidad presentado el viernes contra la ley de Cambio Climático del Govern, que afecta al impuesto del CO2 –que debería instaurarse en el 2018–, destinado en parte a financiar la acción climática (energía limpia...). “Es lamentable”, dicen esas fuentes.