¿Quién se comerá los turrones?
La asociación que todavía mantienen los comunes y los socialistas en el Ayuntamiento de Barcelona viaja desde el 1-O en la vagoneta de una montaña rusa. A periodos de calma relativa, en los que parecía que el acuerdo suscrito por Ada Colau y Jaume Collboni hace ahora un año y medio aguantaría los acontecimientos de vértigo que iban sucediéndose en el conflicto entre los gobiernos español y catalán, les seguían momentos de zozobra. La obligación de los dos socios de decantarse hacia un lado o hacia el contrario y la imposibilidad –o la incapacidad– para anteponer los “intereses de ciudad” a las “cuestiones de país” han supuesto una amenaza permanente de voladura para un bipartito en el que ambas formaciones se han mirado, desde el mismo momento en que se dieron el sí quiero, con el indisimulado recelo de aquel que no está nada convencido de compartir un proyecto de vida con su pareja.
El pleno municipal del viernes ya evidenció que la fina cuerda que mantiene atados a BComú y el PSC se había deshilachado tanto que la quiebra podía ser cuestión de días. El mismo viernes, el núcleo de dirección de los comunes, tras dos semanas de fuerte presión interna, acabó de tomar la decisión de someter la continuidad o la ruptura del pacto de gobierno a la voluntad de las bases y, el sábado, la coordinadora de BComú ratificaba la propuesta de celebrar la consulta entre sus 10.000 simpatizantes registrados tras observar la “pluralidad de opiniones” que conviven en el seno de su organización.
Desde hace tiempo no es difícil encontrar en las conversaciones de despacho o de máquina de café justo del Ayuntamiento a augures bien documentados afirmar que “Collboni no se comerá los turrones”. En términos futbolísticos esta sentencia lapidaria es la antesala de un cese casi seguro del entrenador. En las filas socialistas, más de uno se ve con un pie y medio en la oposición. El pacto, que consiguió respirar mientras Colau equidistaba entre el no al 155 y el no a la DUI, entró en colapso en el mismo momento en que medio Govern de la Generalitat traspasaba el umbral de la cárcel. De poco sirvieron los comentarios de algunos –pocos, y entre ellos Collboni– dirigentes socialistas calificando la actuación judicial de “desproporcionada” ni los intentos de la alcaldesa de apagar fuegos proclamando que “el pacto de ciudad” seguía funcionando razonablemente bien.
Fechas atrás, Ada Colau había manifestado en público, y también en privado, su deseo de preservar la alianza de gobierno con el PSC. Para la alcaldesa, este pacto, más allá de un relativo valor numérico (con los cuatro concejales socialistas su mayoría sigue siendo exigua), tiene un valor estratégico, de funcionamiento de ciudad y de hipotética configuración de una mayoría de izquierdas en Barcelona y en Catalunya, que merece –o merecía hasta ahora– apostar por él. El temor a caer en las redes de ERC –el partido mejor posicionado para disputarle la alcaldía a Colau en el 2019– tampoco juega a favor de la ruptura del pacto. Sin embargo, fuentes próximas al gobierno municipal apuntan que la intención de los cargos electos de BComú, tanto en el Ayuntamiento como en la organización, es mantener en la consulta una postura “neutral”. Con todo, al término de la reunión de la coordinadora de BComú celebrada el sábado en el centro cívico La Sedeta, el ambiente que se respiraba era de inminente ruptura con el PSC, aunque flotaba la duda de cómo responderá, a partir del miércoles, un censo mucho menos previsible que el de cualquier partido al uso. En mayo del 2016, sólo un 27,6% de las personas inscritas en el registro de BComú participó en la consulta para decidir si pactar o no con el PSC. En aquella ocasión, uno de cada tres votantes renegó del acuerdo con los socialistas, pero un referéndum abrió a los herederos de Maragall, Clos y Hereu las puertas del gobierno. Dieciocho meses después, otra consulta podría obligarles a desandar el camino.
El resultado de la consulta en BComú sobre el pacto con el PSC dejará un escenario imprevisible en el Ayuntamiento