Puigdemont podrá hacer campaña electoral desde Bélgica
La Eurocámara sólo permitirá acceder al president cesado con permiso del juez
Los plazos de la justicia belga han empezado a correr, pero, si se agotan todos los procedimientos, Carles Puigdemont podría hacer campaña electoral desde Bélgica sin problemas, ya que el proceso sobre la extradición puede durar de 45 a 60 días.
Los plazos han empezado a correr para Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers instalados en Bélgica para eludir la acción de la Justicia española o, como mínimo, dilatar al máximo los procedimientos.
Su próxima comparecencia ante los jueces belgas que deben decidir si ejecutan o no la orden de detención y entrega remitida por España será el 17 de noviembre a puerta cerrada, anunció ayer la Fiscalía de Bruselas. El proceso, de desenlace imprevisible, se prolongará entre 45 y 60 días. Aun en el supuesto de que el juez decida enviarlos a España para ser juzgados, durante todo ese tiempo el expresident y los exconsellers tendrán plena libertad para hacer toda la campaña delas elecciones del 21 de diciembre desde Bruselas a pesar del malestar que esta situación produce en el Gobierno del país de acogida. Teóricamente, el juez de instrucción belga podía haberles impuesto limitaciones como no mantener contacto con los medios de comunicación o no involucrarse en actos políticos pero el domingo por la noche, cuando dictó las condiciones de su liberación, optó por no hacerlo.
Puigdemont y sus exconsellers dicen estar en Bruselas con “una agenda europea” pero esta no consiste en entrevistarse con responsables políticos en las instituciones comunitarias, que les han cerrado sus puertas, ni siquiera con los soberanistas flamencos, que aunque
les apoyan, han evitado recibirles para evitar tensar aún más la situación dentro del Gobierno federal.
Su estrategia consiste más bien en interpelar a la opinión pública europea (ayer, Puigdemont firmaba una tribuna en The Guardian titulada “No se trata de Catalunya sino de la democracia en sí”) y denunciar ante el mundo tanto la inacción de la Unión Europea (en cuyas instituciones se preguntan hasta dónde están dispuestos a llevar esta campaña) como la supuesta violación del estado de derecho por parte de España para desgastar al máximo su imagen internacional y forzar algún tipo de intervención.
La estrategia de Puigdemont y sus exconsellers ha empezado ya a convulsionar la política interna beljar
ga. El viceprimer ministro, Jan Jambon, miembro del partido soberanista flamenco N-VA, ha roto el pacto de silencio exigido por el premier, Charles Michel y el domingo arremetió contra el Gobierno español responsabilizándolo de las decisiones de la justicia y acusándole de violar la convención europea de derechos humanos. Dos de sus socios de coalición, los liberales francófonos (MR) y los conservadores flamencos (CD&V), se han desmarcado de estas declaraciones y piden contención y respeto para los procesos judiciales abierto en España.
España y Bélgica mantuvieron el domingo por la tarde contactos al máximo nivel político e institucional para intentar rebajar la tensión. “Hacemos un llamamiento a la calma, los contactos con el Gobierno español son fluidos y mantenemos una actitud constructiva”, afirman fuentes de la oficina del primer ministro belga, que deploran los comentarios de Jambon.
La cuestión catalana es ya un asunto interno belga. Michel comparecerá mañana ante la comisión de Interior del parlamento federal para informar sobre la crisis abierta por la presencia de Puigdemont y sus exconsellers en Bélgica. El primer ministro reiterará su posición oficial sobre el tema: pedirá diálogo, abogará por no intervenir y no importar un conflicto externo y reiterará su rechazo al uso de la violencia para resolver un problema político. El Gobierno belga aspira a zan- así una polémica que tampoco el Gobierno español tiene interés en avivar, aunque el PP haya respondido con dureza a los reproches. El jefe de la diplomacia belga, Didier Reynders, criticó ayer que haya “una animación más allá de los razonable” en Bélgica sobre la cuestión catalana y reclamó dejar a la justicia hacer su trabajo. El ministro de Exteriores Alfonso Dastis le agradeció ayer este “mensaje tranquilizador”.
La organización de actos de campaña de las elecciones catalanas en suelo belga puede tener nuevas reverberaciones sobre la política belga. En el 2018 hay elecciones locales y la N-VA, aunque no desea la caída del gobierno federal, no duda en atizar el tema catalán para movilizar a su propio electorado, parcialmente decepcionado porque hayan aparcado sus aspiraciones soberanistas desde la entrada en el gobierno.
PRÓXIMA CITA
El exmandatario y los cuatro exconsellers comparecerán ante el juez el viernes 17
AGENDA PROPIA
Los soberanistas flamencos usan la crisis catalana para movilizar a su propio electorado
En medio de tan tenso clima político, los jueces belgas deben decidir si ejecutan la euroorden y entregan a Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret. En la primera fase, la Cámara del Consejo debe comprobar que al menos uno de los delitos que se les imputa está también tipificado en Bélgica. La decisión podría tomarse de inmediato o demorarse unos días, aunque a lo sumo se espera para el 20 de noviembre. La decisión, positiva o negativa, puede ser recurrida por los acusados o por la fiscalía belga ante el juzgado de apelación, que tendría otros 15 días para pronunciarse. Cabría recurso contra su veredicto ante la Corte de Casación, cuya decisión podría llegar en torno al 21 de diciembre. El tema podría volver a remitirse al juzgado de apelación, que fallaría a primeros del 2018. Son los jueces quienes tienen el reloj del proceso: los tiempos podrían acelerarse, si no apuran los plazos, o prolongarse, ya que al no estar los acusados en prisión preventiva pueden extenderse, en principio no más de un total de 60 días o, en casos excepcionales, 90.