Junqueras alega que su envío a prisión lesiona su derecho a participar en el 21-D
Los exconsellers estiman que se les ha colocado en una situación de indefensión
Las defensas de los exconsellers encarcelados han iniciado el contraataque ante la justicia. Ayer presentaron una batería de recursos contra su envío a prisión. La mayor parte de los argumentos que utilizan son comunes. Hacen especial hincapié en la vulneración de derechos fundamentales. Pero no sólo por el envío a prisión y la forma en que se acordó, sino también por las consecuencias de esta medida.
“No hay duda alguna –razonan los recursos– de que los investigados son candidatos potenciales a las elecciones y que si no estuvieran privados de libertad tendrían una participación muy activa en la campaña electoral”. El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los exconsellers advierten, en este sentido, que su permanencia en prisión lesiona su derecho “a la participación política” –en general y el 21-D en particular– y también la de los ciudadanos, en la medida en que fueron elegidos como sus representantes.
El acento puesto en este aspecto es relevante, no sólo por el argumento en sí, sino por el futuro previsible de este proceso. Tarde o temprano, esta causa terminará ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Todo aquello que implique denuncia de una vulneración de los derechos fundamentales despeja el camino para eventuales reclamaciones ante la justicia europea tengan sólidos puntos de apoyo. Tanto Jaume Alonso-Cuevillas, defensor de los exconsellers del PDECat, como Andreu Van Den Eynde, letrado de los de ERC, alegan indefensión a causa de las primeras decisiones de la juez encargada del caso, Carmen Lamela. Y no sólo porque aceptara la petición de la Fiscalía para acordar la prisión incondicional de los investigados, sino por motivos previos, como el modo en que se produjo la citación, comparecencia y declaración de los exconsellers.
Todos ellos supieron que tenían que presentarse el pasado día 2 en la Audiencia Nacional con una antelación inferior a las veinticuatro horas. Los abogados alegan que no hubo tiempo de que sus defendidos analizaran con profundidad la querella presentada contra ellos, ni de preparar debidamente su defensa. El plazo transcurrido desde la citación hasta la comparecencia fue, en suma, “obviamente insuficiente” –razona Van Den Eynde–, agravado por el hecho de que las declaraciones no se suspendieran, a pesar de que así se pidió.
El modo en que se llevó a cabo esta primera comparecencia supone, en suma una “clara vulneración del derecho de defensa”, a juicio de ambos letrados. Van Den Eynde, en concreto, no pudo estar al comienmedida zo de los interrogatorios porque se hallaba en un “señalamiento preferente” en el Supremo, donde también estaba citada la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, quien al final no tuvo que prestar declaración porque en este caso sí se aceptó la suspensión. AlonsoCuevillas advirtió a la magistrada de las razones de la ausencia de su colega, pero los interrogatorios no se suspendieron.
Todos los exconsellers consideran que en su encarcelamiento no se cumple ninguno de los requisitos habitualmente exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) para justificar la de prisión incondicional. Niegan que exista riesgo de fuga o de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. Subrayan que el Govern “no se ha reunido desde el día de su cese”. Añaden que la querella es una “curiosa interpretación novelada de lo sucedido en Catalunya en los dos últimos años”. Cada uno razona la ausencia de riesgo de que se sustraiga a la acción de la justicia indicando sus circunstancias personales de arraigo, trayectoria, etcétera.
En cuanto a los hechos propiamente dichos, niegan que exista rebelión, sedición o malversación. Por ello cuestionan la imposición de una fianza de 6,2 millones de euros como supuesto montante de los gastos realizados para organizar el referéndum del 1-0. Y subrayan la “actitud institucional plenamente colaborativa” con la justicia”, lo que denota “un altísimo nivel de servicio público e institucional donde el valor de la dignidad personal de cada uno de los encausados debe ser reconocido, más allá de discrepancias ideológicas”.
La querella es una “curiosa interpretación novelada de lo sucedido en Catalunya”, dicen los recursos presentados