Una difícil sucesión
Siempre se dice que no hay nadie insustituible, pero en el caso de José Manuel Maza el vacío que deja como fiscal general del Estado es enorme. Es el puesto menos deseado de las instituciones relacionadas con la administración de justicia, por su comprobada conflictividad permanente. Maza lo sabía cuando aceptó el puesto, y lo ha podido confirmar ampliamente en el año escaso en que ha estado al frente de la Fiscalía General del Estado. Durante este periodo las cuestiones más conflictivas a las que ha hecho frente han sido la presentación de las querellas contra el cesado Govern de la Generalitat y la Mesa del Parlament, y la gestión de los procesos sobre casos de corrupción. El manejo de esa complicada herencia queda ahora para su sucesor.
En el primero de dichos asuntos, Maza actuó con destacada determinación. La Fiscalía General venía siguiendo los pasos de los partidos independentistas y su traducción en la labor de las instituciones catalanas. La prueba, las querellas anteriores contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por delitos de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC). Este celo en el seguimiento de las actuaciones de las fuerzas soberanistas se extremó en septiembre pasado, a la vista de los tormentosos debates del Parlament sobre la ley del Referéndum y la ley de Transitoriedad Jurídica. Y no sólo por los debates en sí, sino por el contenido de las propias leyes, que daban paso a una consulta considerada inconstitucional por el TC, y abrían el camino a un proceso de ruptura con España.
La preocupación en la Fiscalía General alcanzó su grado máximo cuando el 20 y 21 de septiembre una concentración de miles de personas impidió la salida de la comisión judicial y de la Guardia Civil que acudió a la Conselleria d’Economia a cumplir una orden de entrada y registro. Maza ya habló pocos días después de la posible detención del ahora ya expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Aquel episodio se tradujo en la querella contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y de Òmnium, respectivamente, así como contra el entonces mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. La Fiscalía pidió prisión incondicional para los tres. La juez encargada del caso, Carmen Lamela, la acordó contra los dos primeros, y dejó en libertad con fianza al jefe de la policía autonómica.
En aquellos días, el clima en la Fiscalía General era de gran preocupación ante la posibilidad de que el Parlament de Catalunya aprobara la declaración unilateral de independencia (DUI), como finalmente hizo, un mes más tarde. En septiembre, Maza y su secretaría técnica ya tenían avanzada la redacción de otras dos querellas, por los supuestos delitos de rebelión, malversación, prevaricación, desobediencia o, alternativamente, de sedición, contra el hoy cesado Govern y contra los miembros de la Mesa que apoyaran la DUI. Pero mantenían una leve esperanza de que esa declaración no llegara a aprobarse. Primero, para evitar la presentación de una querella que, sin duda, iba a pasar a la historia judicial y política de España en general y de Catalunya en particular. Y segundo porque la materia, en sí misma, era discutible técnicamente, como se ha comprobado luego.
Entre los fiscales del Supremo nunca hubo la menor duda de que el intento de secesión tenía que perseguirse penalmente. La cuestión era el cuándo y el cómo. En todos los ámbitos jurídicos hubo y seguirá habiendo debate sobre la procedencia de la acusación del delito de rebelión, por requerir su comisión el uso de la violencia. Y también hubo mucha deliberación en la Fiscalía sobre la instancia judicial ante la que debería presentarse la querella. O las querellas, si se decidía interponer más de una, como finalmente sucedió.
En la Fiscalía General decían esos días “ojalá no tengamos que presentarlas”. Pero la DUI se aprobó, y se presentaron. Maza hizo una breve declaración oficial. Pero más tarde realizó diversas manifestaciones muy criticadas, porque introducían factores de especulación sobre el futuro judicial de los querellados. Dijo, por ejemplo, que si los exconsellers hubieran aceptado volver a la legalidad cuando declararon en la Audiencia Nacional, las cosas hubieran podido ser distintas. Es decir, que podían evitar la cárcel. Alguna influencia, en todo caso, tuvieron esas palabras en la comparecencia posterior de los miembros de la Mesa en el Supremo, con su aceptación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y su salida en libertad con una fianza.
Maza había convocado para mañana a las 10 una reunión con su equipo de la Fiscalía general, y con fiscales del Supremo, para cerrar la posición sobre el traslado de todo el caso 1-O a este Alto Tribunal. Uno de los convocados le llamó el viernes a Buenos Aires. “Estoy fastidiado –le dijo Maza–, creo que he cogido algún virus, pero no será nada importante”. A la capital argentina le había acompañado su mujer, Marta, catalana y empresaria. El mismo viernes viajaron a Buenos Aires otros familiares, alarmados por la noticia de la hospitalización y ante la confirmación de que el proceso infeccioso detectado derivaba en insuficiencia renal.
Ese mismo día terminaba en España el juicio por la primera etapa de la red Gürtel. El capítulo de la corrupción fue también cuesta arriba para Maza, y determinó su reprobación por el Congreso, tras el nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe de Anticorrupción. Siempre se vio tras esa designación un intento de aliviar las cargas del Gobierno y el PP por los procesos abiertos en relación con casos de corrupción. Curiosa ironía. El pasado 10 de julio, José Manuel Maza defendió su tesis doctoral, con la que estaba muy ilusionado y a la que dedicó el escaso tiempo que le dejaba primero su labor como magistrado del Supremo y, en el último año, su tarea como fiscal general. El título de la tesis era “La responsabilidad penal de los partidos políticos”. Obtuvo sobresaliente cum laude.
Las querellas contra los exmiembros del Govern y los casos de corrupción, una pesada herencia
Maza tenía convocada para mañana una reunión sobre el posible traslado del caso 1-O al Supremo