Una autocrítica necesaria
QUE esta precampaña no tiene nada que ver con las del pasado queda fuera de toda duda. En una Catalunya en estado de shock, con candidatos en la cárcel o fuera del país pendientes de una resolución judicial sobre su extradición, con la economía catalana desangrándose por culpa de la inestabilidad política, sería ingenuo reclamar a los representantes de los partidos la misma moderación en sus discursos que ha regido otros períodos preelectorales. Pero lo vivido esta semana induce a pensar que van a sobrepasarse de manera flagrante eso quesehavenidoallamarlaslíneasrojasdeldebatepolítico.
Una prueba de ello la tenemos en la acusación lanzada el viernes por la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Recordemos que la número dos de la candidatura de Esquerra justificó el hecho de que el Govern de la Generalitat desapareciera tras la declaración de independencia del 27 de octubre alegando que si se actuó así fue para evitar enfrentamientos violentos en la calle, ya que, según afirmó, “muchas fuentes diferentes, contrastadas y fiables, nos informaron que estaban entrando armas en Catalunya y que el Ejército estaba viniendo”. Rovira llegó a decir que las armas se estaban trasladando al acuartelamiento de Sant Climent Sescebes y que en la represión se iba usar munición real y no balas de goma, por lo que “habría sangre”...
El discurso de Rovira culminaba una escalada de declaraciones que desde hacía varios días venían atribuyendo a un supuesto ejercicio de responsabilidad del Govern de Carles Puigdemont la decisión de dejar en suspenso la república recién declarada. Una parte del mundo independentista que se resiste a asumir sus errores y a iniciar un periodo de necesaria autocrítica –no había nada preparado para el día después de la independencia– intentaría así desviar la atención hacia esa España a la que pretende equiparar con regímenes de dudosa calidad democrática.
Por supuesto, la secretaria general de ERC fue incapaz de aportar prueba alguna de sus acusaciones. Porque resulta inconcebible que en una democracia como la española, avalada por su pertenencia a organismos como la Unión Europea o la OTAN, se ordenen movimientos de tropas para corregir lo que puede solucionarse con la mera aplicación de la ley. En la línea de la moderación demostrada en el desarrollo del artículo 155, limitado a la preparación del proceso electoral, el Gobierno de Mariano Rajoy ya había sugerido previamente que serían los jueces quienes iban a llevar la iniciativa contra la resolución del Parlament.
Hoy, más que nunca, se imponen la seriedad y el rigor. Todos los partidos en liza, también ERC, han demostrado en el pasado que una campaña electoral puede consistir en un civilizado contraste de propuestas. Esta también debería ser así, por muy convulso que sea el momento.