Ni Puigdemont ni Junqueras
Seguimos en la virtualidad, en la realidad alternativa. En definitiva, en la posverdad. En medio de la avalancha de rectificaciones de eminentes personalidades del independentismo, interpretadas en distintos registros exculpatorios (desde “no estábamos preparados”, hasta “no teníamos la mayoría necesaria”), la opción elegida es la de que –con algunos matices– todos los responsables del enorme desaguisado que ha representado para Catalunya y el conjunto de España el procés soberanista continúen en la próxima legislatura al mando del secesionismo que, por un tiempo, moderará el ritmo de su objetivo último. Si las declaraciones de unos y de otros sobre el fiasco del 27 de octubre fuesen sinceras, dejarían paso a nuevas generaciones políticas y asumirían su responsabilidad en una gestión (20152017) que ha causado daños irreversibles a la comunidad catalana. Materiales (económicos) e intangibles (fractura social). Y un coste de reputación para Catalunya y para España que el expresident de la Generalitat se está encargando de hacer imperdonablemente oneroso desde su histriónico “exilio” en Bélgica.
Sólo si persistimos tozudamente atrapados en la burbuja creada por el separatismo podría darse por bueno que el huido Carles Puigdemont pueda volver a estar al frente del Govern de Catalunya, o que Junqueras –quizás más realista– tenga un renovado protagonismo. Ambos y sus entornos están políticamente liquidados, amortizados y sólo es cuestión de tiempo que su deceso político resulte tan evidente como ahora lo es el fracaso del proceso soberanista. Ellos han sido los responsables de la caótica situación cívica y política de Catalunya y de su complicada coyuntura económica. Sólo una sociedad infectada por el populismo –el independentismo lo es– reiteraría su confianza a personas con esta trayectoria. Políticamente, tanto Puigdemont como Junqueras están fuera de registro. Quemaron sus naves el día 26 de octubre cuando cediendo al miedo y al fundamentalismo, no llamaron a las elecciones que se apresuró a convocar Mariano Rajoy con las medidas del 155 recién autorizadas por el Senado.
Si políticamente los que fueran president y vicepresident de la Generalitat están inhabilitados –en línea con lo que acaba de declarar el presidente del Gobierno– parece ineludible que lo sean dentro de unos meses también por resolución judicial de modo que si acceden a cargos públicos tendrán que abandonarlos de inmediato porque, además, las sentencias serán dictadas por el Tribunal Supremo y resultarán, por lo tanto, firmes e inmediatamente ejecutivas. El horizonte judicial de ambos –y de sus entornos más inmediatos, es decir, los exconsellers– hace inviable a medio plazo que Puigdemont o Junqueras protagonicen el futuro catalán. Esta es una variable que en Madrid se considera decisiva porque, además, es inevitable. La Constitución prohíbe las amnistías penales y los indultos generales. Estos deben ser individuales y no actos discrecionales del Gobierno sino que requieren determinados requisitos sin los cuales el perdón de la sanción no puede decretarse por el Consejo de Ministros. Rajoy cuenta con esa baza y no descarta manejarla si la situación lo requiere, de modo que los impulsores del proceso ahora querellados se encuentran entre dos decisiones: la de los tribunales y la del Gobierno.
Pero es que hay más: el PP ya ha anunciado que su intención en la comisión de estudios sobre el modelo autonómico no es la de reformar la Constitución. Tampoco lo sería de Ciudadanos, en tanto que Podemos no quiere formar parte de ella. Pues bien: con los mismos actores del proceso al frente de las instituciones catalanas después del 21 de diciembre –y sin una previsible mayoría de voto popular– los partidos constitucionalistas se resistirían a favorecer una modificación constitucional que ya se reclama desde muchos foros que, de producirse, no sea para contemplar sólo el traído y llevado encaje de Catalunya en España sino para resolver disfuncionalidades generales del país y, en el apartado catalán, para asegurar que no se va a producir una crisis como la de octubre del 2017. Las encuestas
Armar el futuro con los actores del fracasado proceso es una fantasía más de la narrativa independentista y por eso España se impermeabiliza ante Catalunya
–del CIS, de El País y la de este diario– pronostican una fuerte emergencia de Ciudadanos por su forma de encarar la crisis catalana y un correlativo descenso de Podemos, igualmente por su errónea manera de posicionarse en su relación con el independentismo.
Las personas, los rostros y los discursos tienen su época. Volver a armar el futuro político de Catalunya con los mismos o parecidos actores del fracasado proceso soberanista es una fantasía más de las que han ido jalonando el relato independentista, una narrativa que, al final, ha resultado mendaz, fuera de toda realidad. El futuro catalán apela a la recuperación de los activos materiales e inmateriales dilapidados. Para ello su sistema político ha de recuperar el crédito perdido. Porque de lo contrario, si los mismos políticos que han procurado la desestabilización del país regresan a puestos de responsabilidad, persistirá el temor a la inseguridad jurídica (vital para las empresas) y sobre todo continuará el impacto reputacional negativo en los medios internacionales con grave afectación al sector turístico tan importante en la riqueza catalana. Naturalmente, el electorado catalán es soberano para elegir a sus representantes. Pero es una grave responsabilidad de los partidos constitucionalistas desplegar una campaña electoral clara y pedagógica frente a las trampas semánticas, quiebros y requiebros del independentismo y esa épica –la verdad, un poco cutre– de un “exilio” de Puigdemont que remite mucho más que a la política a géneros teatrales poco edificantes para su protagonista y para aquellos que se refugian en la creencia –pura posverdad– de que en Bruselas tiene sede un gobierno legítimo y exilado. Mientras, y ante la perseverancia en el error, la sociedad española se impermeabiliza ante Catalunya.