Los partidos y la burguesía
Las divergencias de criterio entre Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y Miquel Valls, presidente de la Cambra, en torno a la renovación del consejo de administración de la Fira de Barcelona, constituyen una buena muestra de las inquietudes políticas de los representantes del gran empresariado catalán más alejado del proceso soberanista. La sustitución de cinco consejeros –uno de ellos el actual presidente, José Luis Bonet– de una de las instituciones económicas más relevantes y con mayor proyección internacional de la ciudad, se produce en condiciones de tormenta política perfecta.
Con la Generalitat intervenida vía artículo 155 de la Constitución, a poco más de un mes de la celebración de unas elecciones de importancia capital y con el impacto económico y moral del aluvión de traslado de la sede social de más de 2.500 compañías.
La alcaldesa descarta ejercer su competencia exclusiva para convocar el Consejo general de la Fira, del que forman parte el Ayuntamiento, la Generalitat y la Fira, porque no quiere compartir reunión ni decisión con los representantes del Gobierno central, que en su opinión usurpan las funciones de la administración catalana. Espera al nuevo inquilino de Palau, una vez sea elegido. Rechazo completo del 155.
El presidente de la Cambra, por su parte, postula que la Generalitat sigue operativa, no está suspendida, al amparo de la legislación vigente y recuerda que los estatutos de la Fira, un consorcio público, obligan a la renovación antes de final de año. Aceptación y defensa del 155.
De fondo, la incógnita del 21-D. Un escenario posible tras el recuento de los votos es un acuerdo en la Generalitat, con su recíproca en el consistorio barcelonés, entre ERC, que encabeza las encuestas, y los Comuns de la alcaldesa. En este caso, cavilan en la Cambra, podrían encontrarse ante un frente unido de las otras dos administraciones. Alternativa, activar el recambio ya.
Esta preocupación no queda restringida al ámbito cameral. Las grandes organizaciones empresariales barcelonesas, que durante un largo periodo han mantenido una enorme influencia en la vida social catalana, afronta los próximos comicios aparentemente sin instrumentos de intervención política.
Ya se levantó en su momento el acta de defunción del último intento de salvar su
representación partidista; la extinta Unió, que no logró representación ni en el Parlament, en septiembre del 2015, ni en el Congreso, en el diciembre siguiente, pese al apoyo implícito de las más renombradas organizaciones empresariales, encabezadas por Foment del Treball, que preside Joaquim Gay de Montellà.
Es público y notorio el distanciamiento burgués del soberanismo que acabó abrazando la CDC de Artur Mas, reconvertida en el PDECat de Carles Puigdemont. Después ensayó un efímero coqueteo con el vicepresidente Oriol Junqueras, dibujado en las Jornadas del Cercle d’Economia del 2016, aunque el encanto no aguantó hasta las del pasado mayo, cuando el presidente del foro empresarial, Juan José Brugera, desveló más cercanía con Mariano Rajoy que con los representantes de la Generalitat catalana.
En ese frustrado idilio con el líder de ERC, los dirigentes económicos catalanes coincidieron con varios pesos pesados del Gobierno central, desde la vicepresidenta
El pacto del PSC con la antigua Unió busca el apoyo de las cúpulas empresariales; éstas se interesan
Soraya Sáenz de Santamaría a los ministros económicos, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos.
El caso es que, a las puertas del 21-D, los empresarios, que empezaron el procés abrazando el pacto fiscal a la vasca y han acabado poniendo pies en polvorosa en forma de traslado masivo de sedes empresariales fuera de Catalunya, no se identifican con ninguna formación política.
A su juicio, el PP mantiene un rechazo atávico a las demandas territoriales de la burguesía catalana y tampoco cabe esperar de él ninguna capacidad operativa o de influencia en el Parlament. Con Ciutadans nunca ha pasado de una relación interesada, o de mutua conveniencia, sólo la ve útil como freno de las derivas independentistas en los comicios catalanes y de las izquierdistas en las generales.
Tal vez, a la luz de este panorama, Miquel Iceta, primer secretario del PSC, intenta convertirse en candidato de la derecha catalana por la vía del descarte. La alianza con la antigua Unió encabezada, por Ramon Espadaler, busca captar parte de los casi 103.000 votos, sin escaño, que cosechó en las autonómicas del 2015; rebajados a 65.000 en las generales de tres meses después.
Iceta coincide con los líderes empresariales en su defensa del 155. Tanto Valls como Bonet, que además de la Fira preside la Cámara de España y Freixenet (en proceso de venta a una firma alemana), o Gay de Montellà, han defendido la aplicación del 155 e incluso han elogiado la mesura con la que en su opinión lo ha aplicado Rajoy. Los dirigentes empresariales, en conversaciones privadas, han recibido muy bien el cortejo de Iceta. Incluso Josep Antoni Duran Lleida, el líder histórico de Unió, le ha dado su nihil obstat. El PSC se suma pues al clásico ideario conservador de ley y orden. Veremos si eso es compatible con su últimamente menguante base electoral.
La convulsión política en Catalunya ha roto el tradicional sistema de partidos. CDC y PSC, antes hegemónicos a derecha e izquierda, buscan algún futuro. El segundo grupo en el Parlament, Ciutadans, es una formación de nuevo cuño definida por su rechazo al catalanismo. Y la futura primera fuerza, ERC, tenía el 14% de los votos en las catalanas de hace cinco años.