España: una democracia indudable, pero puede mejorar
Radiografía de expertos sobre el modelo de Estado
El expresident Carles Puigdemont, desde su exilio bruselense, ha promovido un debate internacional sobre los déficits democráticos de España para sostener su negativa a someterse a la justicia española. Su éxito, limitado, se ha visto animado por el encarcelamiento de sus consejeros y por el rebrote de viejos tópicos orwellianos avivados por el universo político y periodístico anglosajón. Pero también se apoya en la certeza de que el sistema de 1978 adolece, desde hace años, de fatiga de materiales. Cruje. Para atajar estos síntomas, se ha optado por ocultar las grietas con crecientes cantidades de yeso, no tanto sanear vigas maestras y cimientos o diseñar refuerzos estructurales.
Con la excepción del nivel de corrupción sistémica, en los análisis internacionales de calidad democrática y de gobierno, España está en posiciones inequívocas de solvencia. La corrupción, eso sí, opera como una gotera sobre la madera de los armazones. Los pudre. Es difícil que en un país centroeuropeo revelaciones como las de Gürtel y Púnica, que alcanzan al presidente del Gobierno e ilustran un modus operandi estructural, no causara un cataclismo político, elecciones anticipadas, dimisiones en bloque o una moción de censura. No tiene efecto visible en la fachada, pero sí en el esqueleto, y así aflora en la demoscopia, de ahí que nuestra percepción de la separación de poderes sea mucho peor que la de los auditores internacionales o que confíen más en nuestras instituciones democráticas la Unión Europea que los nativos.
En este contexto, la actuación de todos los aparatos del Estado contra la desobediencia de la Generalitat ha supuesto un test de calidad del sistema. “La Constitución está hecha unos zorros”, proclama el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo: “Este es un Estado democrático, pero la desviación que se está produciendo respecto del estándar democrático es más que notable”.
Ninguno de los expertos consultados cuestiona la condición democrática de España y alguno la defiende con entusiasmo. En este sentido, el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras, por ejemplo, señala: “La campaña sobre la mala calidad de la democracia española carece de todo fundamento serio si, como debe hacerse, se la compara con el resto de democracias y no con un tipo ideal inexistente que siempre será inalcanzable”. Pero vayamos por partes.
Derechos y libertades. El hoy secretario de Estado de Agenda Digital, José María Lassalle, doctor en Derecho y ensayista especializado en liberalismo político, sostiene que “vivimos, en España y en el resto de las democracias, un cerco angustioso de la tolerancia y el respeto a la alteridad. Lo marginal y heterodoxo se digiere cada vez peor y eso repercute en el legislador, que casi siempre es correa de transmisión de los sentimientos mayoritarios”. Así explica el impacto que la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, que amén de miles de multas, ha supuesto el encarcelamiento de músicos y titiriteros, la persecución judicial del humor y el hostigamiento de periodistas.
Miguel Ángel Presno Linera, profesor de Derecho Constitucional, abunda en este giro autoritario: “Es innegable que las cosas han empeorado en los últimos años: la ley de Seguridad Ciudadana es una muestra de cómo se trata de desincentivar las protestas pacíficas en la calle aplicando sanciones económicas e introduciendo mecanis-
PRESTIGIO INTERNACIONAL Salvo por el peso de la corrupción, España está considerada una democracia modélica
LA X LEGISLATURA Las reformas legales han recortado las libertades públicas, coinciden los expertos
mos represores de dudosa constitucionalidad”. O sea, yeso. David Bravo, abogado especializado en libertad de expresión y sociedad digital (y diputado de Podemos por Almería en la brevísima XI legislatura), sostiene que “hay una clara tendencia a una interpretación restrictiva de la libertad de expresión. La hay por parte de los jueces, y de los sectores más reaccionarios, que se ven animados a la interposición de variopintas y absurdas acciones judiciales en cuanto se ven mínimamente molestos”. Estos casos “no son anécdota sino categoría”, dice Pérez Royo abriendo el plano. Asistimos a una respuesta al terremoto político expresado en el 15-M: “En el final de la X legislatura, cuando el PP sabe que esto se acaba y que no repite mayoría absoluta, hay una actividad legislativa brutal: reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, del Código Penal, ley mordaza... es una orgía represiva, previendo que un parlamento muy fraccionado, tendría muy difícil desandar el camino”.
Sobre la ley mordaza, subraya que es “de una eficacia represiva brutal porque, al convertir figuras que eran delito en falta, desplaza el control judicial a posteriori, y entrega la potestad represiva a la administración”. Lassalle disiente: “Seguimos siendo un país que respeta ampliamente las libertades. Puede haber disfuncionalidades pero son ocasionales, nunca sistémicas”. Y Bravo alerta de una agenda para establecer límites a la libertad de expresión en internet diferentes a los que opera para el común, cuya única justificación es que “los filtros prácticos que establece la propiedad de los medios de comunicación o la publicidad que los sostiene no aplican sobre los ciudadanos que opinan libremente en la red”. Y coincide con Pérez Royo en que la reforma del Código Penal determina que hoy veamos más causas por delitos de odio o enaltecimiento que cuando actuaba ETA.
Justicia. El caso catalán ha vuelto a caldear la controversia en torno a la existencia de la Audiencia Nacional, tribunal de jurisdicción especial primogénito del Tribunal de Orden Público del franquismo. Lassalle cree que, tanto en este caso como en el del Tribunal Constitucional, hoy árbitro de la política española, “el debate más interesante que gravita sobre la justicia es cómo preservar su independencia de la política y la sociedad, sin que se desarraigue de ellas”, y admite que “encontrar ese punto de equilibrio en el marco posmoderno en que vivimos, me parece casi imposible. Sobre todo si la justicia no se desapodera también de una pulsión, digamos, de visibilidad justiciera”. Pérez Royo es muy duro: “La Audiencia Nacional solo puede tener competencias expresamente atribuidas y no puede hacer una interpretación extensiva de ellas, pero se está utilizando como órgano de conveniencia. El fiscal general del Estado, en la querella contra los consejeros, dedica diez páginas a justificar la competencia de la Audiencia. Si tiene que emplear diez páginas es que no la tiene. Punto”. Es una anomalía que “va contra el Estado de derecho: es antijuridicidad, que es mucho peor que la anticonstitucionalidad”. Sería tranquilizador, añade, que el Supremo aglutine la causa.
Constitución. Es conocida la tesis de Pérez Royo de que la Constitución se convirtió en una norma estéril en Catalunya tras la sentencia del Estatut. “Una ley no necesita aceptación para aplicarse, lo vemos con la ley mordaza”, pero una Constitución sí. “Se puede discutir si es penalti”, explica, “pero no, desde dónde se tira el penalti. La Constitución es lo indiscutible, y por serlo permite discutir todo lo demás. Si rompes esto, rompes las reglas del juego”. Esta ruptura, antes que en la desobediencia de la Generalitat, la data en 2010, cuando el Constitucional, a pedido del PP, enmendó a los parlamentos catalán y español y mutiló el Estatut de 2006. Con estas consecuencias: “Cuando no hay constitución hay desorden. Y en una sociedad democrática no puede haber orden sin constitución. En una dictadura, sí”. Por eso el catedrático tituló en el 2007 “Golpe de Estado” un artículo sobre el cambio de mayorías impulsado por el PP en el TC con la recusación de Pablo Pérez Tremps: “Se siguió una estrategia golpista” y el posterior fallo contra el Estatut “expulsó al nacionalismo de la Constitución”.
Lassalle coincide en lo perentorio de la aceptación de la norma de normas, pero disiente en que haya desaparecido: “Hay aspectos cuestionados y muy intensamente, pero no creo que invaliden la aceptación mayoritaria de la totalidad de la Constitución y el Estatut”. Presno piensa que la ausencia de reforma es un déficit democrático grave: “Es un texto que era bueno en los ochenta, aceptable a principios de los noventa pero que empezó a renquear a finales del siglo y a mostrar trazas de oxidación en los últimos 15 años”. Y lo primero es cambiar el procedimiento, ya que somos una sociedad política más diversa. “La reforma tendría que empezar por el procedimiento de revisión constitucional, para simplificarlo, seguir con un profundo cambio de Congreso y Senado y de sus relaciones con el Gobierno, atender a la organización territorial y no olvidar que el escenario de los derechos ciudadanos, incluida su participación directa en los asuntos públicos, es fundamental para cualquier sistema goce de legitimidad”.
Problema territorial. La respuesta del Estado a la desobediencia catalana ha sido tan rotunda como discutida. No invocándose los artículos 116 (estado de excepción) o 155 (intervención de la autonomía) en septiembre, la acción represiva (suspensión de actos políticos, límites a la libertad de expresión, despliegue policial...) no contó con amparo legal claro, denunció el diputado del PNV Mikel Legarda. Sin embargo, Francesc de Carreras no duda: “Las autoridades españolas han tratado el caso conforme a las más estrictas reglas del Estado democrático de derecho”. Lassalle es un poco más prudente: “El balance es equilibrado. La crisis ha sido resuelta, con críticas y tensión innegables, dentro de un marco de normalidad democrática”. A Presno le preocupa el agotamiento de las recetas pues “lo que pudo ser una solución para el modelo territorial a finales de los noventa o principios del presente siglo es probable que ya no lo sea, y el caso catalán lo ilustra”. Y Pérez Royo cree que el vicio de origen –la sentencia del Estatut– es difícil de revertir: “Destrozó e inhabilitó al TC como árbitro” y la reforma de 2015, que le dio funciones ejecutivas, “fue un fraude constitucional como una casa, y ha arrastrado al poder judicial a un terreno en el que no tendría que haber intervenido”. Con el 21-D y un giro recentralizador en ciernes –“las amenazas de aplicar el 155 a discreción o en la intervención de comunidades y ayuntamientos”–, el catedrático no se atreve a hacer una predicción: “Quizá nos podamos librar, pero estamos al borde de una catástrofe”.
JAVIER PÉREZ ROYO “Recusar al magistrado Pérez Tremps del Tribunal Constitucional fue un golpe de Estado”
FRANCESC DE CARRERAS “La crisis catalana se ha tratado conforme a las más estrictas reglas del Estado de derecho”
MIGUEL ÁNGEL PRESNO LINERA “Es prioritario cambiar el procedimiento de reforma constitucional para simplificarlo”
JOSÉ MARÍA LASSALLE “Hay aspectos muy cuestionados, pero no invalidan la aceptación de la Constitución”