La guerra del carbón
El Gobierno se enfrenta a la industria eléctrica por el cierre de las plantas
El Gobierno español se enfrenta a la industria eléctrica por el cierre de las plantas de carbón, que son las más contaminantes. Empresas como Endesa, Gas Natural Fenosa, EDp y Viesgo esperan a la nueva normativa para tomar decisiones.
PLANTAS AFECTADAS
La nueva norma se aplica a las centrales con más de 50 megavatios de potencia
CAMBIOS DE CRITERIOS
Antes se analizaba la seguridad de suministro y ahora otros factores como el medioambiente
INICIATIVA
Iberdrola solicitó el cierre de dos plantas y el Gobierno saca esta semana la nueva norma
GREENPEACE
Pide al Gobierno que no bloquee los cierres para cumplir con el acuerdo de París
Nuevo pulso entre la industria eléctrica y el Gobierno. Algunas empresas como Iberdrola han decidido solicitar al Ministerio de Industria el cierre de las plantas de carbón que aún mantenía, y que son las más contaminantes. El resto de grandes empresas (Endesa, Gas Natural Fenosa, EDp y Viesgo) esperan a la nueva normativa para tomar decisiones.
Con esa tesitura, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha redactado y enviado un real decreto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que amplia los criterios para autorizar o denegar el cierre de centrales. Se aplicará a las instalaciones de generación con una potencia superior a los 50 megavatios porque las de menor potencia se rigen por la normativa de las comunidades autónomas. La nueva legislación podría aprobarse hacia finales de año porque ahora se ha abierto el periodo de alegaciones.
Actualmente los criterios se basaban en la seguridad de suministro y con la nueva normativa se extenderá su efecto a la planificación, los precios, la competencia o los efectos sobre el cambio climático.
En estos momentos el debate se ha centrado en las plantas de carbón, pero conforme lleguen al fin de su vida útil resurgirá en las centrales nucleares también.
En concreto, existen menos de una veintena de plantas de carbón en España, situadas sobre todo en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León y Galicia.
Entre todas ellas tienen una potencia de 10.004 megavatios y aportaron a la producción el 14,4% del total en el 2016, último ejercicio disponible. El resto de producción de electricidad procede de las nucleares (22,9%), eólica (19,3%), hidráulica (14,6%) y otras (28,8%).
Según los datos de Red Elécrica, en lo que respecta a la producción, las centrales de carbón peninsulares son la tecnología de producción que mayor descenso registraron en el año 2016, un 30,9% respecto al 2015. Esta reducción provocó una caída de 5,9 puntos en su participación en el mix de generación anual peninsular, pasando de un 20,3% en 2015 a tan solo el citado 14,4% en 2016. La generación con carbón se redujo durante todos los meses del ejercicio 2016, excepto en diciembre, alcanzando en abril y mayo un descenso del 69,4% y 63,4%, respectivamente, coincidiendo con los meses de mayor producción hidráulica. No obstante, cabe destacar que en noviembre y diciembre de ese ejercicio fue la tecnología con mayor peso en la estructura mensual de generación, con el 21,8% y el 24,5% respectivamente. Es decir, que en determinados meses toman mayor relevancia.
De ahí que el Gobierno defienda su postura porque el carbón también contribuye al precio final de la factura de la luz.
Para solicitar el cierre habrá que entregar una memoria justificativa, información técnica de la instalación y un plan técnico y económico del desmantelamiento. Una vez recibida la petición, el Ministerio de Energía solicitará informes a los gestores técnicos de los sistemas eléctrico y gasista ( Red Eléctrica y Enagás) y a la CNMC, entre otros organismos, antes de autorizar o denegar el cierre.
Con esta polémica sobre la mesa, la organización ecologista Greenpeace ha solicitado al Gobierno que no bloquee el cierre de las centrales de carbón para ser coherentes con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. Otros partidos como PSOE, Podemos o la Chunta Aragonesista exigen al Gobierno central la creación de alternativas para las comarcas mineras mediante programas de reactivación económica si se cierran las plantas.