La calidad de la democracia española
EL movimiento secesionista ha tratado de presentarse, en los últimos meses, como un paradigma de democracia. Poco ha importado que, por el camino, el Govern y el Parlament impulsaran y aprobaran leyes de desconexión que vulneraban normas de convivencia como la Constitución o el Estatut, olvidando que la democracia, sin la ley, no se tiene. La voluntad de dicho movimiento era asociarse a la esencia de la democracia, aunque sólo fuera verbalmente, ya que no siempre factualmente. Y, por ende, asociar al rival, en este caso el Estado español, con una democracia de ínfima calidad, rayana en el golpismo. A ojos del independentismo, y así fue proclamado, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, mediante el que se suspendió la autonomía catalana, fue un mero golpe de Estado. Por la misma razón, la fractura legal decidida unilateralmente por el soberanismo no fue tal cosa, sino la materialización de un “mandato popular” (basado en los votos de menos de la mitad de los catalanes). La semana pasada, el destituido presidente Puigdemont insistía en esta peculiar línea argumental afirmando en una entrevista desde Bruselas que el Estado español no era democrático.
Es cierto que a base de repetirla una y otra vez, una idea puede calar y hacerse un lugar en la opinión pública. Pero conviene ser serios y no perder el mundo de vista. Del Estado español, y más precisamente del Gobierno del Partido Popular, se puede decir que ha sido poco sensible a las reivindicaciones catalanas, que ha hecho un uso inadecuado de los altos tribunales, que contribuyó activamente a mutilar la reforma del Estatut aprobada por el Parlament... También se puede afirmar que amparó una actuación policial desproporcionada durante el referéndum del 1-O. Se puede decir todo eso y no se faltará a la verdad. Pero sí se falta al decir que la democracia española es de calidad tan baja que ya ni es democracia. Eso es una patraña. Si aquí no hubiera democracia, España no sería un país miembro de la Unión Europea (UE). Es así de sencillo. Pero, lejos de haber sido expulsada de la UE, España recibe el respaldo de esta comunidad, en términos generales y en particular en lo tocante al conflicto catalán, ante el que siempre se ha puesto del lado del Estado, pese a las reiteradas peticiones de comprensión y auxilio cursadas por el soberanismo. Para Bruselas, el separatismo catalán carece de sentido, y no sólo porque dañe la unidad de España, sino también porque colisiona con el proceso de convergencia europea y, por tanto, con los intereses de la gran mayoría de europeos.
Nada de lo dicho hasta aquí significa que la democracia española haya alcanzado su cenit ni, mucho menos, que sea inmejorable. Desde tiempo atrás, la Constitución pide a gritos una reforma consensuada para lograr, por ejemplo, un mejor encaje de Catalunya en España. Es asimismo indiscutible que las reformas de las leyes de Seguridad Ciudadana, Enjuiciamiento Criminal o del propio Código Penal pueden interpretarse como un rearme del Estado para estrechar el control sobre el ejercicio de las libertades. Pero de ahí a sostener que el Estado español no es democrático media un trecho. Los caminos de la propaganda y los de los hechos reales no siempre coinciden. Marrar los objetivos políticos que interesada e irresponsablemente se anuncian al alcance de la mano, sin estarlo, no justifica una ulterior distorsión de la realidad. Faltando a la verdad, uno puede lamerse las heridas, pero no construir el futuro.