Junqueras pide la libertad para presentarse al 21-D
Los exmiembros del Govern de ERC dicen que la DUI fue una declaración política
oeLos exconsellers de ERC argumentan que la DUI fue una declaración política oeLa defensa quiere desmontar la tesis de que hay riesgo de reincidencia
El exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras pidió ayer a la Audiencia Nacional que revise su situación y le ponga en libertad, alegando que ha demostrado con su conducta que no existe un hipotético riesgo de reiteración delictiva porque ha acatado claramente la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Junqueras añade que la DUI tuvo un “valor estrictamente político”, lo que implícitamente podría entrañar que la defensa del exvicepresident no le concede a la declaración unilateral valor ni efecto jurídico alguno.
La decisión impugnada es la que adoptó la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en dos ocasiones distintas. Primero, al acordar la prisión provisional de los exmiembros del Govern, y luego al rechazar los recursos de reforma presentados en primera instancia. Esta nueva iniciativa es ante la instancia superior, la sala penal, en forma de recurso de apelación. En todas las ocasiones, la defensa de Junqueras –ejercida por el letrado Andreu van den Eynde, quien representa también a los demás exconsellers de ERC– ha alegado el argumento de la asunción del artículo 155 y el valor político de la DUI.
La defensa de Junqueras ya hizo constar que el exvicepresident acataba dicho precepto en la propia comparecencia de los exconsellers en la Audiencia, el 2 de noviembre. En aquella ocasión, los exmiembros del Govern sólo contestaron a sus abogados.
Sin embargo, a diferencia de las manifestaciones de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el resto de los miembros de la Mesa que facilitaron la tramitación de la DUI, Junqueras y los exconsellers en ningún momento han manifestado que asuman el marco constitucional vigente para
su labor política futura. Este punto es relevante porque el juez del Supremo Pablo Llarena, que puso en libertad a los miembros de la Mesa –en la mayor parte de los casos con fianza–, hizo constar en su resolución que todos ellos habían manifestado que seguirían ejerciendo la actividad política “renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional”, o bien abandonarían la vida pública.
En los recursos presentados hasta ahora por los exconsellers no hay mención alguna de una renuncia a actuar “fuera del marco constitucional”. Lo cual no predetermina nada, porque cada órgano judicial puede dar más o menos relevancia a este tipo de compromisos. En el auto de Llarena era importante porque reducía mucho el supuesto riesgo de reiteración delictiva. La sala penal de la Audiencia puede tener otro criterio, aunque es dudoso que lo tenga, a la vista de que ya ha rechazado los recursos presentados por Jordi Sànchez –presidente de ANC– y Jordi Cuixart
EL OBJETIVO
La defensa persigue destruir la idea de que existe riesgo de reiteración delictiva
EL MEDIO
Los recursos se dirigen a la sala penal, la instancia superior a la juez Carmen Lamela
–presidente de Òmnium– contra su encarcelamiento.
En todo caso, el recurso de Junqueras –y en términos muy similares los de Romeva, Mundó y Bassa– alega que “tras la aprobación de las resoluciones de aplicación del artículo 155 se ha producido en Catalunya la disolución del Parlament con el objetivo, que comparte mi mandante, de participación en el proceso electoral fijado por el Gobierno de España”. Y añade que el Govern “no se ha reunido desde el día de su cese, no se han adoptado acuerdos de gobierno ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del 27 de octubre”, día de aprobación de la DUI. En este pasaje, por tanto, se confirma nuevamente que para la defensa de Junqueras la declaración unilateral de independencia no
ha tenido efecto jurídico alguno.
El exconseller Forn, a su vez, alega en su recurso que ha asumido el 155 “sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia”.
El campo de juego procesal de todo el caso 1-O se trasla-dará probablemente pronto al Supremo. La defensa de Forn ya ha pedido la acumulación. La Fiscalía, a su vez, tiene ultimado el informe en el que sostiene la tesis contraria, para que la parte que corresponde a los exconsellers siga en la Audiencia Nacional. Pero su opinión no es vinculante. Las defensas, en cambio, han empezado a manifestarse en bloque a favor de que todo se traslade al Supremo. Y la juez Lamela, que también ha concluido su informe, no está obligada a pronunciarse sobre la competencia. Lo que el juez del Supremo le pidió fue que le proporcionara datos sobre su investigación, y la idea de la magistrada era pronunciarse en términos neutros en cuanto a la cuestión de la competencia.
La Fiscalía, en otro orden de cosas, despidió ayer al fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, con convicción de que su desaparición no va a suponer cambios de fondo en su estrategia. En todo caso, los fiscales esperan conocer en breve el nombre del sucesor, para saber mejor a qué atenerse. No hay dudas de que, sea quien sea, las querellas por rebelión no van a experimentar alteraciones. Y ello porque los dos jueces que han conocido de ellas –Lamela en la Audiencia y Llarena en el Supremo– también han coincidido en apreciar luego en sus autos indicios claros de la comisión de un delito de rebelión.
Los nombres que han empezado a manejarse con mayor intensidad para hacerse cargo de la Fiscalía General del Estado son los del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y el del vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Fernando Grande-Marlaska, que antes fue presidente de la sala penal de la propia Audiencia.
La idea del Gobierno es que el nuevo fiscal general no pertenezca a la carrera fiscal. El Ejecutivo considera que de este modo es más probable que carezca de compromisos a priori y que por eso mismo pueda actuar con las manos más libres.