El Gobierno pacifica los aeropuertos con mejoras para los vigilantes privados
Pacto con sindicatos y patronal para que la calidad gane peso en la contratación
La crisis que explotó el pasado verano en El Prat a raíz de las protestas de los empleados de Eulen encargados de los controles de seguridad y que amenazó con extenderse a otros aeropuertos de la red de Aena se ha cerrado después de un par de meses de negociaciones. Al margen del laudo arbitral dictado el 31 de agosto que resolvió el conflicto de Barcelona, el Gobierno, los principales sindicatos y la patronal del sector firmaron ayer un acuerdo que fija nuevas condiciones en la contratación de estos servicios por parte de Aena, la empresa de mayoría pública que gestiona estas infraestructuras.
Los criterios de calidad ganarán peso en los concursos, lo que supondrá que los adjudicatarios deberán cumplir una serie de compromisos que afectan al conjunto de la actividad y, especialmente, a las condiciones de trabajo y, de manera específica, a los salarios de los vigilantes. Estas mejoras se aplicarán también en otras compañías y entidades dependientes del Ministerio de Fomento, como Adif, Renfe o Puertos del Estado.
El acuerdo se alcanzó en el seno
del grupo de trabajo impulsado por el Fomento a propuesta de los sindicatos a raíz del conflicto del aeropuerto de Barcelona y que se constituyó el 11 de septiembre. En paralelo a la negociación del convenio sectorial, que culminó hace dos semanas con su firma para el periodo 2017-2020, esta mesa ha abordado aspectos relacionados con la formación, la calidad del servicio, las condiciones de trabajo, la productividad y los salarios. Presidida por el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio GómezPomar, ha contado con la participación de representantes de los ministerios de Empleo y Seguridad Social, de Hacienda y Función Pública, y del Interior, de los sindicatos UGT y CC.OO. y de la patronal Aproser.
Uno de los elementos más relevantes del acuerdo es que en las adjudicaciones de estos servicios los criterios técnicos tendrán un peso mayor que el actual y concentrarán como mínimo 51 puntos sobre un total de cien. Los sindicatos han sido muy críticos con la preeminencia que han tenido hasta ahora los aspectos económicos a la hora de resolver los concursos. La situación había llevado, en su opinión, a convertir las licitaciones en subastas en las que se imponían las ofertas con los precios más bajos. Aquí está, según los representantes de los trabajadores, la base de la precarización laboral que ha padecido esta actividad y de los conflictos abiertos en los aeropuertos.
En materia salarial, el acuerdo incluye un anexo para los aeropuertos que fija nuevos pluses para determinadas actividades, cuyo pago deberá incluirse en los pliegos de condiciones de los concursos –Fomento informó que Aena lo hará en los licitaciones que tiene previsto iniciar en breve–, así como en el convenio colectivo sectorial. Según informaron los sindicatos,
NUEVOS PLUSES
Los empleados percibirán diversos complementos, que crecerán el 2% anual
CONDICIONES MÍNIMAS
Las empresas deberán demostrar solvencia y tendrán que cumplir el convenio sectorial
los vigilantes de estas infraestructuras recibirán un complemento genérico de 0,68 euros por hora efectiva trabajada. Los destinados a los arcos de seguridad (los sistemas de radioscopia) cobrarán 1,19 euros adicionales por cada hora. Y los que se ocupen de los filtros de rotación (las filas de pasajeros), otros 0,60 euros. Además, también para este último colectivo, se fijará otra cantidad extra variable vinculada a cada pliego que no formará parte del convenio colectivo. El acuerdo incluye que estos importes se incrementarán en un 2% anual, tal y como figura en el convenio estatal de seguridad privada recién pactado.
Las adjudicatarias de estos servicios deberán acreditar una determinada solvencia. Así se pretende dificultar la entrada de compañías creadas ex profeso con dudosa capacidad para cumplir las obligaciones contraídas, otro de los asuntos que han sido criticados por los sindicatos y también por la patronal. El incumplimiento de los contratos conllevará penalizaciones y el impago de salarios, una práctica que se ha dado en algunos casos con precios de adjudicación muy bajos, la rescisión del contrato y la relicitación.
Además, las empresas deberán cumplir el convenio estatal de la seguridad privada, de tal modo que, en la práctica, no podrá haber descuelgues; es decir, no se permitirán condiciones de trabajo inferiores a las que fija el marco sectorial.