El conservador Sánchez Melgar, nuevo fiscal general del Estado
Catalá ve posible la excarcelación de los exconsellers ante “nuevas circunstancias”
Ni una semana. Ni siete días ha tardado el Gobierno en resolver sobre la sucesión del anterior fiscal general del Estado, José Manuel Maza, fallecido el pasado sábado en Buenos Aires. Y lo ha hecho por la vía más rápida, sin encomendarse ni consultar a nadie, consciente de la delicadeza y urgencia de la decisión. El resultado, la propuesta de confiar la Fiscalía General del Estado al magistrado de la Sala Penal del Supremo Julián Sánchez Melgar (Palencia, 1955), un juez conservador, pero de suficiente y reconocida flexibilidad jurídica y doctrinal como para no partirse el espinazo en la primera curva.
Y vendrán curvas, vaya sin vendrán. Las primeras, a partir de la gestión procesal de las querellas contra el proceso independentista, que desde ayer han desembocado en un solo proceso judicial en manos del Supremo. Sánchez Melgar juega en esto con ventaja, porque conoce a la perfección los planos –y no sólo los arquitectónicos– de la casa, antiguo convento de las Salesas Reales, construido en 1750 para la mejor educación de las jóvenes de la nobleza.
Allí se ventilará ahora un proceso histórico, el relativo al 1-O, en el que se han abierto nuevas perspectivas. Lo dijo ayer con claridad cuasi meridiana el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien al presentar al nuevo fiscal general y ser preguntado sobre la posibilidad de que el reagrupamiento de toda la causa en el Supremo implique la libertad de los exmiembros del Govern, respondió que “nuevas circunstancias pueden llevar a nuevas valoraciones”. Con ello Catalá se refería a la eventualidad de que los exconsellers sigan la “vía Forcadell” y, si declaran ante el juez del Supremo Pablo Llarena, asuman de un modo un otro la legalidad constitucional.
En este sentido, el paso dado con la propuesta de Sánchez Melgar como fiscal general refuerza la estrategia de control del caso, en un sentido institucional. Lo que se trata de asegurar es la buena gestión de las querellas presentadas contra el cesado Govern y contra la Mesa del Parlament y los Jordis, Sánchez y Cuixart. No es casual, en este sentido, que se haya pensado en una persona que, como Maza, procede de la Sala Penal del Supremo. Sánchez Melgar, además, figuró en la composición de la Sala que admitió a trámite la querella correspondiente al Supremo.
Es precisamente en esta instancia, el TS, donde ahora seguirá toda
El nuevo fiscal general procede de la Sala del TS que ha asumido las querellas contra el proceso independentista
la investigación de la causa contra los dirigentes del proceso independentista. Durante sus tres lustros largos en la Sala Penal, Sánchez Melgar ha destacado siempre por sus posiciones conservadoras, pero matizadas. No es, en suma, un jurista conservador de piñón fijo. Así, fue el ponente de la sentencia que creó la doctrina Parot, ideada para impedir que los terroristas de ETA pudieran reducir fácilmente sus condenas. Y se opuso, en cambio, a la doctrina Botín, que evitó que el entonces presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, fuera juzgado por el caso de las cesiones de crédito, cuando sólo le acusaba la acción popular, sin respaldo de la Fiscalía.
Antes de llegar al Supremo, Sánchez Melgar desempeñó destinos en Catalunya, en concreto en los juzgados de Mataró y posteriormente en la entonces Audiencia Territorial de Barcelona. En el Supremo ha sido magistrado suplente para las autorizaciones judiciales que debe dar este Alto Tribunal con respecto a determinadas actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una delicada responsabilidad institucional.