Continuidad en la Fiscalía
EL Gobierno español ha propuesto al magistrado del Tribunal Supremo (TS) Julián Sánchez Melgar como fiscal general del Estado tras la muerte de su antecesor, José Manuel Maza, en Buenos Aires. La elección tiene un marcado objetivo continuista, como admitió ayer el ministro de Justicia. Además de ser muy amigos, hay continuidad en la procedencia, puesto que ambos eran magistrados del Supremo, pero también en la capacidad jurídica de los dos: Sánchez Melgar, como Maza, tiene un gran crédito profesional, es considerado conservador y, a diferencia de su predecesor, es también definido como hombre muy técnico y que se acompaña de la virtud de la prudencia.
Esta última cualidad es importante, especialmente desde que la politización de la justicia y la judicialización de la política han entrado a formar parte del escenario cotidiano del país. Ahora que tanto se usa el concepto de desescalar, convendría aplicarlo también a la justicia en todos sus ámbitos. Siempre se ha considerado una norma aconsejable que jueces y fiscales hablen a través de sus sentencias, autos y demás medios de expresión judicial. No es bueno que quienes tienen la trascendental responsabilidad de impartir justicia estén expuestos en los medios de comunicación al riesgo de que sus palabras sean tomadas fuera de contexto o en la comisión de un error de opinión o de interpretación, como ha ocurrido de forma tan asidua y tan recientemente.
Sánchez Melgar es un jurista reputado, con 17 años de experiencia en la Sala de lo Penal del TS. Ahí están, además, una larga lista de libros, conferencias y artículos técnicos sobre diversos aspectos de la ciencia procesal y la justicia. Él fue quien defendió la implantación de la doctrina Parot, consistente en aplicar los beneficios presidiarios a la excarcelación por cada una de las condenas y no por los 30 años que la práctica penal preveía hasta el 2006. Aunque en el 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló en parte aquella doctrina, su aplicación ha hecho posible que terroristas o autores de asesinatos en serie o de carácter sexual hayan visto demorada su salida de la prisión.
Es de esperar que el nombramiento del nuevo fiscal general, que se hará efectivo en unos pocos días, contribuya a devolver a la justicia el papel que la sociedad espera de ella. Sabido es que demoscópicamente su crédito no es el deseado. Pero además, los delicados asuntos que el TS y la Fiscalía asumen, especialmente el que se refiere a la crisis política catalana, aconsejan la toma de decisiones con mucho sentido común, dosis de capacidad pedagógica y toneladas de prudencia.