Si no cobran, no pagan
PDECat y Cs recogen la petición de la CEOE en sus enmiendas
Atendiendo una vieja reivindicación del empresariado, una nueva ley agilizará la recuperación del dinero pagado a Hacienda por el IVA cuando las facturas correspondientes no se hayan podido cobrar.
Las empresas podrán recuperar con mucha más agilidad el IVA anticipado a la Hacienda pública tras realizar determinadas operaciones comerciales pero que, hasta ahora, deben afrontar con cargo a sus propios recursos por no haberlo cobrado. Así se recoge en sendas enmiendas presentadas esta semana por Cs y el PDECat y que atienden una reivindicación empresarial que la CEOE ha transmitido en los últimos meses a los principales grupos políticos en el marco de la tramitación parlamentaria de la ley de Morosidad.
La proposición de ley contra la morosidad en las relaciones comerciales fue presentada el 16 de mayo por Cs y admitida a trámite. La mayor parte de los grupos parlamentarios ha tramitado enmiendas que ahora se negociarán, y se podría votar en el Congreso cuando se reanude la actividad parlamentaria el próximo año, previsiblemente en febrero. Para las empresas, se trata de algo vital. Josep Sánchez Llibre, responsable de relaciones con las Cortes de la CEOE, ha estado insistiendo a los grupos en la necesidad de mejorar la ley. Ayer, el exportavoz de CiU en el Congreso y ahora lobbista de la CEOE se mostró satisfecho por lo conseguido y destacó que las enmiendas de Cs y el PDECat “son muy importantes porque inciden en solucionar un aspecto totalmente injusto de la legislación mercantil y que castigaba mucho a las empresas, sobre todo a las pymes”.
Aunque las enmiendas son de Cs y del PDECat, tanto el PSOE como el Gobierno ven con buenos ojos la modificación de la ley en relación con el tratamiento del IVA en aquellos casos en los que las empresas sufren la morosidad de sus clientes. En principio, las modificaciones legislativas saldrán adelante en el primer trimestre del 2018 y podrán entrar en vigor, en lo que se refiere al IVA, al año siguiente.
En su propuesta, Cs explica que la enmienda –tal como argumentaba la CEOE– busca “conseguir que en ningún caso se obligue a las empresas a pagar el IVA de una factura que no han cobrado”. Para ello aboga por que para simplificar las cargas administrativas que soportan las empresas –y a efectos de la solicitud de devolución del IVA repercutido por la operación correspondiente al crédito calificado incobrable– baste con que el cobro se haya reclamado fehacientemente, sin exigir que sea judicialmente. Y, bajo este punto de vista, un crédito total o parcialmente incobrable lo será cuando hayan pasado 30 días del plazo máximo para pagar.
Por su parte, el PDECat justifica sus propuestas en que la morosidad continúa siendo un grave problema para las empresas, que este partido cifra “en unos 850 millones de euros, entendido como el coste de oportunidad que entraña no hacer un uso alternativo de la liquidez objeto de impago”. Según el PDECat, resulta extremadamente injusto que la normativa actual en materia tributaria perjudique al acreedor obligándole a ingresar el IVA repercutido correspondiente a las facturas impagadas cuando este impuesto corresponde realmente al deudor. La normativa actual, recuerda este partido, establece que el acreedor debe anticipar sin tener la posibilidad de recuperarlo hasta que el impago alcance un año, plazo muy superior al máximo establecido legalmente para pagar las facturas.
Sánchez Llibre destacó ayer que “el cambio en el tratamiento del IVA tendrá beneficios tanto para el acreedor, que dejará de tener que financiar al Estado, como para la propia Hacienda, ya que el que no paga tendrá más incentivos para hacerlo”. La CEOE, tradicionalmente asociada a las grandes empresas y a la negociación colectiva, está a punto de lograr un cambio que favorece, sobre todo, a las pymes.
La patronal ha logrado que la morosidad de las empresas no salga aún más cara a los afectados