El odio, un nuevo enfoque tras el 1-O
La situación política en Catalunya ha disparado las causas abiertas por discriminación; los jueces deberán resolver si hay base legal
La situación política en Catalunya ha hecho emerger las denuncias por incitación al odio. En los juzgados se instruyen un gran número de causas que plantean un interesante debate jurídico sobre si todos los hechos denunciados se ajustan a los supuestos de los delitos de odio y si son de aplicación para proteger a según qué colectivos.
Hasta la fecha han copado la primera plana tuiteros que publicaron comentarios ofensivos, manifestantes que hicieron un escrache a las puertas de un hotel en Pineda de Mar donde se alojaban policías que participaron en el dispositivo del 1-O, el alcalde de Reus y su equipo por publicar un escrito criticando la actuación policial, un grupo de profesores de una escuela de La Seu d’Urgell que hablaron en clase en tono “catalanista y contra los españoles” de la jornada del referéndum, un dibujante de El Jueves... En todos estos casos se les ha imputado un delito de incitación al odio.
Antes de que irrumpiera la cuestión catalana, lo más habitual eran imputaciones por odio contra neonazis, antifascistas violentos o como agravantes en agresiones contra colectivos vulnerables por razón de ideología, raza, orientación sexual. El debate catalán ha hecho emerger un nuevo enfoque de estos delitos: la discriminación por origen territorial, el odio a lo español. La Fiscalía, que cuenta desde hace años con una unidad especializada en delitos de odio, apunta que este supuesto quedaría incluido en la definición de discriminación por nación. No se discrimina por ideología, sino por origen territorial. Esta es la visión. El Ministerio Público considera que en algunas situaciones de Catalunya se dan casos de discriminación porque escogen a las víctimas por el hecho de que son españolas. A este enfoque se ajusta el gran número de denuncias presentadas por agentes de la Policía Nacional desplegados en Catalunya. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, llegó a cifrar en 150 las denuncias recabadas a los pocos días del 1-O.
El propio Gobierno ha promovido que se denuncien las incitaciones al odio a raíz de la cuestión catalana. El Ministerio del Interior difundió una circular interna después de los hechos del 1 de octubre en la que recordaba a los agentes que “cabe el ejercicio de acciones penales por los delitos de odio de los que sean objeto los miembros de la Policía Nacional en el ejercicio legítimo de sus funciones”. La propia página del ministerio cuenta con un apartado específico con un número de teléfono y una cuenta de correo para canalizar todas “las denuncias de odio para la protección a las víctimas por la situación en Catalunya”. En el Ministerio de Educación se ha actuado de la misma forma y también se ha habilitado una “oficina de recepción de denuncias relativas a incidentes con alumnos hijos de miembros de las fuerzas de seguridad en centros educativos por su condición de tales”.
El vicepresidente de la sección Penal del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Miguel Capuz, considera que el Código Penal “hace una descripción de conducta tan amplia” sobre quienes promuevan odio, hostilidad y discriminación que se podrían llegar a ajustar al nuevo enfoque. Señala que la normativa recoge la discriminación por nación y considera que los jueces podrían encontrar ese resquicio para aplicar delitos de odio en estos supuestos.
Por su parte, Laia Serra, abogada especialista en delitos de odio, considera que con estas denuncias se han desnaturalizado el objetivo por el cual fue creado este tipo penal, cuya finalidad era proteger a colectivos vulnerables. Serra cree que el auge de las denuncias por delitos de odio responde a una cuestión política que “pretende dibujar un escenario de conflicto en Catalunya, que no existe, y proteger a los cuerpos policiales después de las cargas del 1 de octubre”. “Es una perversión jurídica y un insulto para las víctimas de los delitos de odio”. La abogada asegura que los supuestos que figuran para proteger a los colectivos de la discriminación están ahí “por una razón sociológica e histórica” y concluye que “los policías nunca han figurado como un colectivo discriminado”.
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