La Vanguardia

El taxi intensific­a su protesta ante el alud de licencias VTC por vía judicial

El sector parará este miércoles para exigir que se acote el alquiler con conductor

- ÓSCAR MUÑOZ

El largo conflicto que enfrenta al taxi con los VTC (vehículos de alquiler con conductor) va a más. La más que previsible autorizaci­ón por vía judicial de miles de licencias de este último servicio –podrían llegar a ser más de 10.000, según los cálculos de las organizaci­ones del sector– ha intensific­ado las protestas ante el Gobierno para que acote este tipo de transporte, que considera fuera de control y una amenaza para su actividad. La próxima movilizaci­ón tendrá lugar este miércoles con un paro de 24 horas al que se han sumado todas las organizaci­ones de taxistas de ámbito estatal y una gran manifestac­ión en el centro de Madrid que finalizará frente al Congreso de los Diputados.

La última resolución judicial que ha dado luz verde a licencias VTC solicitada­s entre el 2009 y el 2013 –periodo en que se liberalizó este servicio al albur de la ley ómnibus del gobierno socialista, pero que en su día fueron denegadas– ha atizado el fuego. El Supremo dio la semana pasada la razón a dos empresas de Madrid, Jojucar y Gran Vía Rent a Car, que reclamaban 80 autorizaci­ones VTC. En la sentencia, las asociacion­es de taxistas ven la confirmaci­ón de que la mayoría de demandas similares acabarán igual. Hasta el momento, los jueces han activado unas 5.000 licencias sobre un total de 6.500 activas.

La proporción de licencias VTC respecto a las de taxis ha sido uno de los caballos de batalla de los taxistas. Hasta el 2009, debía haber al menos 30 de taxi por cada una de VTC, pero entre el 2009 y el 2013 no existió límite, lo que dio alas a un servicio que entonces no parecía una amenaza. Después llegaron las plataforma­s tecnológic­as. Las dos más conocidas en España son Cabify que comenzó a operar en el 2012, y Uber, que después de un polémico inicio en el 2014 con conductore­s no profesiona­les inició en el 2015 su actual servicio. Todas ellas permiten pedir coche desde aplicacion­es móviles, lo que difuminó las barreras entre los vehículos de alquiler con conductor, que requieren reserva previa, y los taxis, que suelen pedirse en la calle. El resultado es que los VTC, que era un transporte minoritari­o y hasta cierto punto de lujo, ha pasado a competir directamen­te con el taxi, que también está incorporan­do las reservas vía apps.

La proliferac­ión de VTC en este nuevo escenario ha comportado una escalada en los precios de licencias de este tipo. Obtenerlas prácticame­nte no cuesta nada y pueden transmitir­se por 40.000 euros o más, lo que va a suponer, temen en el sector del taxi, que caigan en manos de multinacio­nales, capaces de reventar los precios del servicio al cliente.

Fomento, la administra­ción competente en la regulación de VTC, recuerda que el vacío legal producido entre el 2009 y el 2013 fue una decisión del Gobierno socialista y que ellos revirtiero­n la situación, volviendo a fijar una ratio en la ley de Ordenación de Transporte­s Terrestres (LOTT), en el 2013, que quedó en 1/30, la que había antes del 2009, en su reglamento del 2015. Pero la realidad ya había superado el marco legal, y la proporción entre ambos servicios se había desbordado en muchas comunidade­s autónomas. Las cosas se han complicado aún más (véase gráfico) con las sentencias judiciales antes citadas. Sólo hay dos modos de cumplir la ratio: o se reducen los VTC o se aumentan los taxis.

La próxima respuesta del Gobierno será la aprobación de un real decreto, previsible­mente antes de Fin de Año, que busca, básicament­e, evitar la especulaci­ón con las licencias VTC, fijando un periodo de dos años desde su obtención para poder venderla, y controlar que los servicios son debidament­e concertado­s y no se hacen en más del 20% fuera de su comunidad autónoma. Para ello, se prevé abrir un registro por internet que recogerá todas las hojas de ruta y servirá de base para la inspección, labor que, como la adjudicaci­ón de licencias, correspond­e a las comunidade­s autónomas.

Las principale­s organizaci­ones de taxistas ven insuficien­te esta respuesta prevista por el Ejecutivo. El conflicto ha propiciado respuestas

EL ESCENARIO

Los tribunales podrían autorizar más de 10.000 VTC que fueron denegados

unitarias en la calle, pese a las importante­s diferencia­s que tiene el sector, tradiciona­lmente atomizado, con nada más y nada menos que 532 asociacion­es. “Lo que pedimos es muy sencillo, que se cumpla la ley, y si no es posible volver a la proporción 1/30, que se controle que los VTC actuales hacen lo que les correspond­e y no entran en nuestro terreno”, expone Miguel Ángel Leal, presidente de la Federación Española del Taxi (Fedetaxi), la organizaci­ón de ámbito estatal más importante, que representa a unos 40.000 profesiona­les. En su opinión, estos vehículos “son actualment­e muy productivo­s porque están invadiendo el espacio del taxi; en caso contrario, la situación sería muy distinta y desaparece­ría gran parte del problema”.

La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), que reúne unas 10.000 licencias, cree que jurídicame­nte puede recuperars­e la ratio 1/30. “Estamos trabajando en esta línea, pensamos que hay suficiente base para exigirlo en los tribunales”, asegura Joaquín Alonso, directivo de esta entidad, que desconfía del registro que Fomento prevé poner en marcha para controlar la actividad de los VTC. También la Federación Élite Taxi España (FETE), muy activa en las movilizaci­ones en la calle en las principale­s ciudades, apuesta por recuperar esta proporción. Además defiende que por ley estas licencias no se puedan transmitir.

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Los taxistas han organizado multitud de paros y manifestac­iones contra la amenaza de las licencias VTC
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MANÉ ESPINOSA

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