Campaña gubernamental pro 155
El Gobierno de Mariano Rajoy está en campaña para intentar convencer a los empresarios de que la economía de Catalunya ha sorteado el abismo gracias a su decisión de aplicar el artículo 155 de la Constitución y convocar de inmediato las elecciones del próximo 21 de diciembre. A tal fin ha destinado este mismo fin de semana dos piezas significativas: la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Economía,
Luis de Guindos. El marco, los encuentros de economía en S’Agaró. El contexto, una burguesía a la defensiva y en busca de referencia electoral.
Amparados en la suavidad de este otoño en la Costa Brava, los dos representantes de Rajoy coincidieron en enviar un doble mensaje a los intranquilos empresarios catalanes. Las elecciones deben arrojar un interlocutor fiable para el Gobierno central, primero; los síntomas de enfriamiento que actualmente aquejan a la economía catalana sólo se superarán si se recupera la confianza, para lo cual el resultado del 21-D debería incluir un debilitamiento del frente independentista, segundo. Remachaban lo dicho por su jefe de filas, Mariano Rajoy, en la reunión con Foment del Treball del pasado miércoles, en este caso en Barcelona. Es su carta a los Reyes Magos. Los autóctonos saben que las cosas no son tan sencillas.
Con un tono más severo por parte de la vicepresidenta y más optimista y relajado el del ministro, el objetivo ha sido dejar claro que en opinión del Gobierno al empresariado le toca echar el resto para que el 21-D las urnas arrojen un resultado que en Madrid se considere idóneo para devolver la confianza a las empresas que han cambiado de sede y a los inversores internacionales. Y que se ajuste al marco de la legalidad.
Explícitamente, transmitieron al auditorio que no debía aspirar a grandes cambios en la actitud del Gobierno central si el escenario postelectoral no cumplía esas expectativas. Más amigo de la zanahoria, Guindos esgrimió motu proprio el polémico acuerdo parlamentario sobre el cupo vasco, votado hace unos días, que le asegura a Rajoy la aprobación de los presupuestos del 2018.
Pacto que alumbra una opaca fórmula mágica que cifra en 1.300 millones anuales la compensación que el País Vaco debe realizar al Estado y que los expertos consideran
inexplicablemente baja. Una referencia que siempre genera entre los burgueses catalanes una indisimulada envidia hacia la habitual habilidad negociadora de sus pares vascos. “Cuando se negocia en la legalidad, la solución es posible, pues no se trata tanto de valorar el resultado final como de contar con lealtad en la negociación”, remachó el ministro de Economía.
En S’Agaró, la mayoría estaba escorada hacia posiciones contrarias al independentismo, al que no evitaron duras críticas. Los que se expresaron lo hicieron describiendo lo sucedido estos últimos meses como de tenebrosa zozobra económica. Coincidieron, pues, en buena medida con el diagnóstico presentado por Sáenz de Santamaría y Guindos, lo que contribuyó a que algunos formularan peticiones de ayuda a los comparecientes gubernamentales. Ese fue el caso de Miquel Valls, presidente de la Cambra de Barcelona, partidario de abordar el relevo de la Fira lo antes posible, deseo que colisiona
El Gobierno defiende ante los empresarios la bondad de su intervención, mientras estos se preguntan sobre su voto
con la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que prefiere esperar a que haya nuevo presidente de la Generalitat votado en las urnas.
Incluso al exconseller de Empresa de la Generalitat, Santi Vila, autocalificado como moderado, y al que se escuchó con atenta nostalgia, le tocó aguantar, en una cena que se alargó hasta el arranque de la madrugada, algunos duros reproches, en un marco de cierta comprensión hacia su “derrota política”, tras ver casi convocadas unas elecciones autonómicas por el president Puigdemont, que, a juicio del político cesante, habrían evitado la petición de extradición a Bruselas y el encarcelamiento de medio Govern.
En los pasillos y en las sesiones de debate, abundaban las dudas y preguntas explícitadas en busca del voto útil o conveniente. Pocos antecedentes de tal desconcierto en el mundo del dinero, hasta hace poco acostumbrado a tener las cosas muy claras en el terreno de la contienda electoral. Pese a la visita de la vicepresidenta y del ministro de Economía, no hubo desembarco de políticos populares. Comenzando por su flamante candidato en los próximos comicios, Xavier García Albiol, quien no puedo acomodarse bajo la intensa luz que los focos han lanzado este fin de semana sobre los ilustres visitantes de S’Agaró.
Algunos interpretaban las ausencias como esa última en términos de reconocimiento de las modestas expectativas del PP para el 21-D. Al tiempo, parece que es más práctico intentar revestir la presencia gubernamental, y su uso del artículo 155, de un manto institucional que resulte menos agresivo. Desembarco del Gobierno, no del partido, del que no se escuchó ni una sola referencia.
Menos complejos tuvo Miquel Iceta, el candidato del PSC, nuevo bardo de una sociovergencia que hasta el presente nunca ha podido ser y que desgranó en un clásico formato de programa mínimo socialdemócrata su plan para una desconocida Catalunya post 155. Escuchado con simpatía; elogiado por su efímera colaboración, vía Jaume Collboni, en la gestión del Ayuntamiento de Barcelona. Aunque con las lógicas dudas sobre su futura suerte electoral.