Una chapuza de cárcel
Archidona, donde el Gobierno ha recluido a 500 inmigrantes, se construyó sin torre de vigilancia ni acceso a agua potable
La prisión de Archidona, a donde han ido a parar más de 500 inmigrantes, tiene serios defectos de construcción.
El centro penitenciario ubicado en la localidad malagueña de Archidona, que desde hace una semana alberga a medio millar de inmigrantes argelinos llegados en avalancha a las costas murcianas durante el fin de semana de los días 18 y 19, aspira seriamente a inscribir su nombre en el libro de las principales chapuzas de la Administración española. Una situación que ha sido estudiada a finales de semana por un equipo del Defensor del Pueblo español.
Terminada su construcción en el 2013, con una inversión de 117 millones de euros, la gigantesca penitenciaría elegida por el ministro del Interior para acoger la avalancha de inmigrantes, que literalmente “desbordó al Gobierno”, acumula un retraso de casi cinco años en su puesta en marcha como recinto penitenciario. Y lo hace por múltiples motivos, entre ellos porque se construyó sin torre de vigilancia y sin acceso al agua potable.
El centro penitenciario Málaga II, su nombre oficial, dispone de 1.008 celdas convencionales en doce módulos. Además, hay otras 72 celdas en el módulo de ingresos; 50 en régimen cerrado y 64 en la enfermería. Proyectada en los años de José Luis Rodríguez Zapatero, se construyó sin torre de vigilancia. Eran los tiempos en los que los expertos volvían a confiar en la bondad humana, por lo que se consideró que ya no era imprescindible esa tétrica silueta de una torre de vigilancia desde donde controlar todo lo que sucedía en la prisión.
Pasaron los años y el gobierno cambió de color. Al nuevo secretario de Estado de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, no le gustó nada que Málaga II no tuviera torre de vigilancia. “Cualquiera sabe que en la silueta de un complejo penitenciario la torre de vigilancia es la más importante de las señas de identidad de este tipo de recintos en todo el mundo. Tratamos de cambiar el diseño, pero no llegamos a tiempo”, señala Yuste.
A falta de torre, el recinto dispone de un sistema reforzado de vigilancia electrónica, un doble vallado erizado de concertinas y una distancia suficiente entre los dos muros que rodean la instalación para que la Guardia Civil pueda patrullar con sus vehículos.
Tampoco se tuvieron en cuenta las dificultades para el abastecimiento de agua potable a un complejo tan inmenso y tan poblado, con sus 110.000 metros cuadrados y sus 2.000 usuarios, entre funcionarios y presos, cuando se inaugure. La idea del Estado era que fuera la localidad de Archidona la que abasteciera de agua potable a la prisión, pero el Consistorio no podía hacerlo, entre otras razones porque no estaban hechas las canalizaciones imprescindibles.
Los funcionarios estatales tuvieron que buscar agua por los alrededores y, finalmente, encontraron un pozo en la pedanía de Fuente del Fresno que proporciona un agua de escasa calidad. El Gobierno ha tenido que levantar una planta de ósmosis en la pedanía para potabilizar el agua. También se están acabando de construir las canalizaciones que conectarán la red municipal de Archidona con el centro penitenciario. La alcaldesa Mercedes Montero señala que, “al parecer, todo está ya terminado, pero oficialmente a nosotros nadie nos ha dicho nada”.
Miguel Ángel Heredia, diputado malagueño del PSOE, asegura que, “si el aeropuerto de Castellón es un aeropuerto sin aviones, Málaga II es una cárcel sin reclusos”. Sin reclusos y sin personal, porque aún no están realizadas las contrataciones de los 500 funcionarios y 100 trabajadores laborales que se necesitan para que pueda abrir sus puertas. Mientras tanto, el recinto penitenciario sigue retrasando su puesta en marcha, con unos gastos de mantenimiento que sobrepasan los 1,6 millones de euros anuales.
La llegada de los inmigrantes ha creado otro problema serio. Los sindicatos temen que la nueva situación retrase sine die la apertura del centro como prisión, un momento que esperan con ansia los trabajadores y empresas de una zona duramente castigada por el paro y que ven en el centro penitenciario una oportunidad de mejorar la situación de numerosas familias.
Sin teléfono en las instalaciones para informar a sus parientes de su ingreso en el centro Málaga II, sin máquinas expendedoras de tabaco ni de café, algunos presentaban síntomas de ansiedad, según señala uno de los abogados que se han personado en el centro. “Personas bastante desorientadas que no comprendían la situación. Nos preguntaban si ellos estaban en prisión”, asegura. Como protesta por su situación, los inmigrantes lanzan todo tipo de objetos por las ventanas, como vasos, rollos de papel higiénico, prendas y hasta colchones. Otras fuentes hablan de destrozos de muebles o camas. Todo ello bajo la mirada de varias decenas de policías nacionales que son los que se encargan de mantener el orden con una disciplina estricta, “superior incluso a la carcelaria”, añaden algunos familiares de los internados.
Mientras tanto, el Ayuntamiento advierte de que se necesitará ampliar las instalaciones del cuartel que la Guardia Civil tiene en la localidad, que ahora acoge a trece funcionarios. La apertura del macrocentro penitenciario conlleva la necesidad de incrementar el número de guardias, tanto para garantizar la seguridad en los alrededores de la prisión, como en la propia localidad de Archidona. La alcaldesa estima que serán necesarios otros siete u ocho agentes que, de momento, nadie sabe dónde se van a alojar.
La prisión, cuyo coste fue de 117 millones de euros, acumula casi cinco años de retrasos en su apertura