Los flecos del cupo y las finanzas de Catalunya
El anunciado repliegue político del independentismo catalán, desde la llamada vía unilateral con fecha límite hacia la búsqueda del pacto bilateral sin prisas de calendario, ¿afectará también a la negociación del modelo de financiación autonómica? De momento, en la precampaña electoral no se ha puesto el foco sobre el asunto, pese a que las dificultades económicas de la Generalitat y su infrafinanciación crónica siempre han sido centrales en el debate político catalán.
En cambio, sí ha sido objeto de atención el acuerdo entre el Gobierno y el PNV sobre el cupo vasco, la cantidad anual que el Gobierno de Euskadi, que recauda todos los impuestos generados en su territorio, deberá abonar al Estado como pago por los servicios que este presta y no están transferidos a la comunidad. En Catalunya, el cupo ha servido como acicate para el agravio comparativo. En la política española, ha dado nuevo aliento del ansiado invierno de la uniformidad centralizada.
La cifra fijada para el cupo es de 1.300 millones anuales (en términos netos es menor, 1.076 millones, tras descontar las políticas activas de empleo que paga el Gobierno vasco), pero su método de cálculo es tan opaco que los expertos cuestionan su base económica y sostienen que es fruto de la conveniencia política.
Pero hasta esta última cantidad debe cogerse con alfileres, pues quedan relevantes flecos pendientes. El más importante, el efecto en la recaudación de la Diputación alavesa de la reorganización interna del grupo automovilístico Mercedes (que implica que dejará de tributar en Álava el IVA de las furgonetas producidas en su factoría de Vitoria). Un cambio que según los cálculos de la Hacienda foral le supondrá una merma en ingresos por IVA de 200 millones de euros anuales. La característica principal del concierto económico vasco es que son las instituciones forales las que gestionan y recaudan todos los impuestos en sus territorios, no hay entregas ni devoluciones de Madrid.
La aspiración del Gobierno vasco es evitar esa pérdida con algún cambio legal que sortee los cambios societarios de la empresa automovilística. Pero ya se sabe que el IVA es un impuesto muy tutelado desde Bruselas. La alternativa, si no es posible el ajuste fino, sería la compensación por la Hacienda del Estado, que dirige
Cristóbal Montoro, con quien acaba de negociar a su entera satisfacción el reciente acuerdo del cupo. Los representantes del Gobierno central se han limitado hasta ahora a recordar que el concierto entraña sobre todo ventajas, pero también el llamado “riesgo unilateral”, el que se deriva de tener que pagar vía cupo unos gastos fijados unilateralmente por el Estado, vía presupuestos, sin vinculación con la evolución de los ingresos de la Hacienda vasca. Podemos presumir, pese a todo, que 200 millones de euros no serán una cifra por la que a Montoro le valga la pena poner en riesgo el apoyo del grupo parlamentario vasco a los presupuestos del Estado.
El miedo a las consecuencias negativas de ese “riesgo unilateral” fue precisamente uno de los tres argumentos esgrimidos por el fallecido Ramon Trias Fargas, conseller de Economia de la Generalitat en la recién estrenada presidencia de Jordi Pujol, allá por el año 1980, para rechazar la propuesta del ministro de Hacienda de la
El PNV busca un acuerdo sobre el IVA de Mercedes y Madrid espera de Barcelona un pujolismo de nuevo cuño
época, Jaime García Añoveros, de que Catalunya se sumara al modelo vasco de concierto y cupo. La oferta se formalizó en presencia de un tercer hombre, ardiente defensor del concierto, el consejero vasco del ramo, Pedro Luis Uriarte, fuente del relato de lo sucedido en su condición de “único testigo vivo de aquel encuentro”.
Otra de las razones de Trias para declinar la oferta del ministro, según Uriarte, era que “le parecía que políticamente podía resultar inconveniente el hecho de que entre las primeras tareas a desarrollar (por el Govern constituido pocas semanas antes) se encontrara la recaudación de impuestos, actividad que no siempre es bien recibida por los ciudadanos”. Argumento sospechoso a la par que poderoso, si se repara en la gran cantidad de causas judiciales que aún ahora afectan a numerosos prominentes ciudadanos.
Finalmente, el tercer reparo de don Ramon fue que “para Catalunya era mejor tener un sistema de financiación que, aun dependiendo del Estado, permitiera sacar más recursos negociando con el mismo. Consideraba que el apoyo parlamentario del grupo nacionalista catalán permitiría que esa vía práctica fuera más provechosa para Catalunya y menos arriesgada que la del concierto”.
Visto desde otro ángulo, el razonamiento de Trias Fargas priorizaba la intervención catalana en la política española, un axioma clásico de la burguesía catalana, como la mejor manera de hacer valer sus intereses, mientras que el concierto le parecía una forma de repliegue, menos ambiciosa. A eso se aplicó el pujolismo durante más de veinte años. La sentencia del Constitucional sobre el Estatut, primero, y sobre todo la crisis financiera, dos años después, dieron al traste con esa estrategia.
Acción política en el Estado y negociación continuada del acomodo financiero han sido los dos pilares tradicionales de interacción de la política catalana en España. También han entendido así históricamente las élites de la capital su relación con Catalunya. En sus términos, tras los últimos acontecimientos, ahora se trata de reeditar el binomio.