Cómo reconstruir el autogobierno

El 23 de enero próximo se cumplirán 40 años de la constitución de la comisión mixta de Transferencia de Funciones, Actividades y Servicios del Estado a la Generalitat de Catalunya. Empezó a trabajar, por tanto, casi un año antes de que se aprobara la Constitución. Sin más cobertura normativa que la contenida en el escueto real decreto ley de 1977 de restablecimiento de la Generalitat.

Como no se había dictado ninguna norma específica que precisara más el procedimiento y método a que debería atenerse, sus miembros decidieron recuperar el procedimiento que, para los mismos fines de las transferencias, se había usado durante la II República: la comisión llegaba a acuerdos que eran posteriormente formalizados mediante reales decretos del Gobierno.

Recuerdo la efeméride porque creo que lo merece y porque, en estos momentos difíciles, ofrece un ejemplo de composición política y jurídica digno de ser tenido en cuenta. Con tan pocos materiales iniciales se empezó a construir una larga etapa de paz y progreso gestionados desde posiciones de autogobierno desconocidas (como mínimo por la variedad de intereses que abarca y las dotaciones económicas disponibles) en cualquier otra etapa de la historia de Catalunya.

La estabilidad del modelo de autogobierno ha quedado rota al cambiarse la ideología en que se apoyaba por otra, efímera y no generalizada, en la que sobresalen el derecho a decidir, la independencia de Catalunya y la instauración de la República catalana.

Pero los programas de secesión y sus magros avances prácticos se han estrellado con la realidad de que existe el Estado español, del que forma parte el territorio catalán, con una Constitución vigente que no permite ni la independencia ni la apelación al pueblo para que decida si la estima conveniente. Resulta asombroso que en el proceso no se haya tenido más presente esta circunstancia y, sobre todo, que no se recordara que el Estado cuenta con fuerza suficiente como para sofocar los intentos ilegítimos de quebrantar la legalidad constitucional. Y, además, que se menospreciara el hecho de que, en estas políticas de conservación del Estado, existe una firme comunidad de intereses con la Unión Europea.

Después de las elecciones del 21-D parece seguro que entraremos en un periodo de tregua. No es concebible que se intente repetir el proceso, por más que, para rehabilitarlo, se sostenga ahora que el fracaso de los programas independentistas ha ocurrido porque se trataba de un simple simulacro o de un ensayo general con todo, pero sin pretensiones de realización final.

Es hora de tomarse Catalunya en serio por parte de los partidos nacionalistas catalanes y por parte de todos los demás. Para lo cual, en primer lugar, resulta imprescindible recuperar el lenguaje y la cultura constitucional. Volver a dar su significado genuino y exacto a muchas palabras y locuciones que se han corrompido: Constitución, Estatut, legalidad, democracia, libertad, derecho a decidir, secesión, independencia, sentencia del TC 31/2010, pacto… Y después, estudiar (sí, estudiar, no improvisar) soluciones, activar la imaginación en la dirección correcta (aspirar a lo imposible sólo vale para las revoluciones románticas que nunca pretendieron llegar a ninguna parte) y disponerse al diálogo leal.

¿Hay margen para todo esto? Naturalmente que sí. El Estatut es una pieza normativa muy versátil cuyo régimen peculiar inventaron los políticos de Catalunya en 1931, antes de que se aprobara la Constitución de aquel año. Estaría bien trabajar sobre aquel buen instrumento, que de tanto ha servido, y perfeccionarlo; piensen incluso en cambiarle el nombre quienes se hayan aburrido de usarlo. En la actualidad ha dejado de ser, en mala hora, una herramienta de utilidad para algunos dirigentes políticos o para los mentores intelectuales del itinerario hacia la nueva era. Nadie ha explicado por qué. ¿Quizá porque fue revisado por el Tribunal Constitucional después de que el pueblo catalán lo aprobara en referéndum? Pero ¿el percance es suficiente para la condena eterna del modelo o más bien invita a que se ideen fórmulas que impidan que vuelva a ocurrir? ¿O es porque los estatutos se someten a deliberación y enmienda en las Cortes Generales y esto se considera una injerencia inaceptable en la fundación del autogobierno? Pero ¿es este un dogma constitucional indiscutible y no revisable?

El concurso de ideas que necesita Catalunya tiene que empezar por trabajar en la norma por la que este territorio ha de regirse. Si no hay, que no habrá, independencia, Catalunya tendrá que volver a pensar en cuáles son sus instituciones de autogobierno, cómo se denominan y qué tareas asumen; habrá de fijar sus competencias; determinar los derechos que reconoce y ampara; especificar las fórmulas que usará para relacionarse con el Estado, y, finalmente, establecer las garantías de estabilidad y permanencia de su autogobierno. Decidir, sobre todo, si vale lo existente o en qué hay que cambiarlo.

Todo ello, una vez acordado, se puede formalizar en una ley de Catalunya. Mejor tramitarla como una modificación del Estatut, si se quiere conservar este nombre. Y apelar al derecho a decidir de los catalanes, a su derecho de autodeterminación acerca de cómo gobernarse, para que puedan acordar su aprobación o no en referéndum. Simultáneamente podrían negociarse alteraciones en la naturaleza de esa nueva norma, para que no pudiera cambiarse sin contar con la voluntad de Catalunya. Y todo ello, desde luego, dentro del marco de la Constitución, que también está reclamando ajustes en la regulación que contiene su Título VIII, concerniente al sistema de autonomías territoriales.

Es imprescindible cambiar lo establecido en la Constitución de 1978 acerca de cómo se aprueba y modifica la norma que su artículo 147 denomina “institucional básica” de las comunidades autónomas, para reforzar la exclusiva disposición sobre ella por parte del Parlamento territorial que la aprueba. También urge modificar radicalmente el sistema de reparto de competencias, actualmente muy complejo y fuente de conflictos continuos, para instaurar otra fórmula: que el Estado fije sus competencias en la Constitución y los territorios autónomos lo hagan respecto de las suyas en los estatutos o normas institucionales básicas.

En fin, no estamos hoy, ni estaremos en los próximos años, en tiempos de independencias, sino, como dice un documento titulado Ideas para una reforma de la Constitución que he presentado hace unos días junto con otros nueve colegas, cinco de ellos de universidades catalanas, en “tiempo de reformas”. La vida en la anomia, fuera de la legalidad, que se ha enquistado en Catalunya, sólo genera frustraciones, desesperanza, conflictos, represión y pobreza. Un pueblo creativo, como el catalán, debería aspirar a reinventarse sin demoler los pilares sobre los que asienta la convivencia.

Inventó Catalunya las bases de su autogobierno en 1931 y lo volvió a hacer en 1977-78. En ambos casos sus iniciativas tuvieron acogida posterior en la Constitución. ¿Es imposible volver a intentarlo?

Si no hay independencia, que no la habrá, Catalunya deberá decidir si vale lo existente o en qué hay que cambiarlo