La justicia rechaza el 50% de las órdenes de protección a maltratadas
En Amposta y Arenys de Mar se deniegan la mayoría y en Cartagena se admiten el 95%
La disparidad de criterio entre los jueces a la hora de aceptar las peticiones de protección para mujeres maltratadas preocupa al Observatorio contra la Violencia Doméstica. En promedio, se rechaza casi la mitad de las órdenes, pero en jurisdicciones como la de Amposta el porcentaje es del 100%.
Una víctima de violencia machista que viva en Amposta o Arenys de Mar tiene muchas menos probabilidades de obtener de un juez una orden de protección que una vecina de Granada o Cartagena. Es lo que dice la estadística. Según datos extraídos de los informes elaborados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica, en Amposta no se concedió en el 2015 ni una de las cuarenta peticiones de protección solicitadas, mientras que en Arenys de Mar fueron rechazadas más del noventa y ocho por ciento de esas solicitudes. En cambio, en Granada sólo se denegaron el 1,8% de las peticiones y los jueces de Cartagena dictaron medidas de protección al noventa y cinco por ciento de las víctimas de malos tratos que las pidieron. Es sólo un ejemplo de un mapa desigual como pocos, dibujado sobre una misma realidad.
¿Cómo es explica que unos jueces atiendan la mayoría de peticiones de protección de las víctimas de violencia machista y otros, en cambio, las rechacen de forma sistemática? Es la pregunta que formuló en voz alta la abogada Angela Alemany en una reciente comparecencia ante la comisión de Igualdad del Senado, donde quedó en evidencia esa disparidad de criterios con la respuesta judicial dada a episodios de malos tratos, a priori, muy parecidos. Y la cuestión no tiene una explicación fácil sin conocimiento al detalle de cada asunto. Pero lo que nadie niega es que esa estadística es, como poco, muy sorprendente. Y por eso Alemany solicitó en el Senado “la creación de un órgano que investigue aquellos juzgados, con más de cien asuntos de violencia machista por ejercicio, que rechacen más del setenta y cinco por ciento de las ordenes de protección solicitadas por las víctimas”. Esos jueces y magistrados “deberían de ser obligados a dar explicaciones y, en caso de no ser convincentes, habría que exigirles responsabilidades por su actuación”, añade esta letrada. “Si analizamos la actividad judicial relativa
Piden en el Senado que se investigue a los juzgados que niegan esas medidas a más del 75% de las víctimas
a este tema desde el 2007 al 2016 – revela Alemany– observamos un aumento de los juzgados que otorgan menos del 25% de las órdenes de protección solicitadas por las víctimas. En el 2007 había siete juzgados que concedían menos del 25% de las órdenes de protección solicitadas, mientras que en el 2016 eran ya veintinueve los juzgados que concedieron menos del veinticinco por ciento de esas medidas de protección solicitadas”. Si se hace la media de toda España el resultado
es que los jueces rechazan casi la mitad de las órdenes de protección solicitadas por las víctimas
Y otro dato preocupante, que Alemany trasladó también a los senadores. “El análisis de datos entre el 2008 hasta hoy constata que las mujeres solicitan cada vez menos órdenes de protección . Sólo lo hace el treinta por ciento de las que denuncian”. Así que Eugenia Alemany se pregunta también “qué está ocurriendo para que las mujeres hayan dejado de pedir órdenes de protección”. ¿Hay hoy menos información que años atrás? ¿Son disuadidas por los profesionales para que no den ese paso, cuando toda mujer que es maltratada se siente temerosa y desprotegida? Otros interrogantes de momento sin respuestas convincentes.
Angela Alemany destaca, asimismo, que la lectura de esos datos choca con las campañas institucionales, cada vez más incisivas y continuas, contra la violencia machista. “Por un lado –indica la letrada– animamos a las mujeres a que denuncien a la primera agresión, pero una vez dan ese difícil paso y acuden a un juzgado un alto porcentaje de esas víctimas ven vulnerados sus derechos al no atenderse sus demandas”. Pero la cosa no acaba aquí. A ese alto porcentaje de órdenes de protección rechazadas, hay que sumar otra tendencia preocupante, como es el incremento del número de archivos de causas. “En estos momentos más del cincuenta y cuatro por ciento de los asuntos que llegan al juzgado acaban con un archivo. “Otro síntoma de que en este apartado algo se está haciendo también mal en los juzgados de violencia machista”, concluye Angela Alemany.