Unos sí y otros no
La decisión del Tribunal Supremo de permitir la salida de prisión de algunos políticos catalanes; y la falta de pediatras en la sanidad pública.
ORIOL Junqueras –número uno de la lista de ERC para las elecciones del 21-D–, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart seguirán en la cárcel, con toda probabilidad, a lo largo de la campaña electoral que se inició la pasada madrugada. Así lo ha dispuesto el juez Pablo Llarena en un severo auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo difundido ayer, en el que se mantiene para ellos la medida cautelar de prisión provisional sin fianza. En el mismo auto, esa medida cautelar era sustituida por la de prisión eludible con fianza de 100.000 euros para los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Carles Mundó, Dolors Bassa y Meritxell Borràs. Las dos últimas abandonaron la cárcel de Alcalá-Meco poco antes de las cuatro. Y los otros cuatro dejaron la de Estremera unas tres horas después.
El juez no aprecia en estos políticos, que desempeñaron cargos de responsabilidad pública a lo largo del proceso soberanista, riesgo de fuga. Aunque sí de reiteración delictiva. Todos ellos han manifestado que acatan la aplicación del artículo 155, así como su compromiso de respetar en el futuro el orden legal. Pero si en el caso de los seis liberados el juez se muestra dispuesto a confiar en su palabra, en el de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart estima que los efectos de una hipotética reincidencia serían más graves. Y añade el auto que todos salvo Forn tuvieron que ver con el comité estratégico que definió las actuaciones del proceso y por tanto “la violencia y los tumultos” que comportó.
La decisión judicial tiene, obviamente y en primer lugar, consecuencias para quienes permanecerán en prisión, por un período que ahora es difícil precisar, pero que podría ser largo. De hecho, su puesta en libertad queda asociada a la evolución de la política en Catalunya, así como a las posibles alianzas que se establezcan y a la distensión que generen. La estabilidad politicosocial, tan deseada por una mayoría de catalanes, al igual que por los agentes económicos, obrará en adelante también a favor de los encarcelados.
Más allá de lo personal, es obvio que estas cuatro cárceles sin fianza surtirán además efectos sobre una campaña electoral tan singular como es la del 21-D. Entre otros motivos, porque sus grandes cabezas de lista soberanistas la seguirán desde el exilio o la cárcel. Lo cual puede abonar lo que la prensa anglosajona ha denominado como “el efecto mártir”.
Pese a tal excepcionalidad, y entendiendo que la justicia, a la que se desafió irresponsablemente, debe seguir su curso, diremos que hubiéramos preferido a los encarcelados en la calle. En particular a los que van en las listas, a veces en lugares tan destacados como Junqueras. Hubiera sido mejor verles expresándose con libertad, dentro de las limitaciones que han aceptado en sus declaraciones judiciales, y batallar electoralmente en igualdad de condiciones. Hubiera sido mejor que la reivindicación de su libertad cayera de los programas electorales. Eso hubiera favorecido la campaña, acercándola a una normalidad que es muy necesaria. Catalunya no puede seguir uncida, como en el último lustro, al carro de un proceso soberanista que ha acabado mal, dañando la convivencia y la economía. Sea cual sea la bandera que levanten ante el 21-D, todas las fuerzas políticas deberían coincidir en una prioridad: recomponer la convivencia y relanzar la economía. Es urgente revigorizar Catalunya. Y la mencionada prioridad brinda un eje transversal, único e ineludible para ello.