La defensa de Puigdemont sostiene que sus actos no son delito en Bélgica
La justicia belga pronunciará su veredicto sobre la entrega el 14 de diciembre
El proceso judicial belga para decidir sobre la euroorden que pesa sobre Carles Puigdemont y cuatro exconsellers vivió ayer su jornada más determinante con la exposición por parte de sus abogados defensores de los argumentos por los que rechazan que sean entregados y juzgados en España, tal y como reclama la Fiscalía de Bruselas. El juez belga decidió tomarse diez días más para valorar los argumentos y la documentación facilitada por ambas partes. El próximo 14 de diciembre hará pública su decisión.
“Los hechos motivo de juicio no son delictivos en Bélgica”, defendieron los letrados belgas Paul Bekaert y Christopher Marchand, que representan a Puigdemont, Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí. A su juicio, los cinco delitos que les imputa la justicia española no están recogidos en el Código Penal belga, por lo que no existe la “doble incriminación” que el país requiere para ejecutar euroórdenes por motivos diferentes a los 32 recogidos por la normativa europea. “En caso de que fueran entregados, habría riesgo de violación de sus derechos fundamentales, declararon los abogados en las escaleras del Palacio de Justicia.
La defensa de Puigdemont y los exconsellers dio la vuelta al argumento de que el traspaso de la causa al Tribunal Supremo vaya a ser garantía de un proceso justo para los acusados. “La precipitación con que actuó la juez [Carmen] Lamela
al emitir la euroorden sin estudiar mínimamente la causa” se puede volver en su contra, confían fuentes del equipo jurídico de Bruselas, compuesto por 19 letrados. Lamela actuó, aseguran, sin tener competencias y sin realizar el suficiente trabajo de instrucción previo. Durante la vista, que se prolongó durante dos horas y media, los abogados defensores hicieron llegar al juez belga la noticia de que el Tribunal Supremo acababa de decidir mantener en prisión preventiva a
parte de los encausados. El ministerio público belga no hizo ayer ninguna declaración sobre el trascurso de la audiencia ni sobre sus argumentos para reclamar la ejecución de la euroorden y permitir que los cinco miembros del Govern cesado sean entregados a España y juzgados en sus tribunales. Se sabe que ha renunciado a actuar sobre la base del delito de prevaricación, ya que las penas previstas en el código español no llegan al mínimo requerido por Bélgica en estos casos, pero
en cambio sí ve base para hacerlo por las acusaciones de, por un lado, malversación de fondos públicos y, por otro, sedición, rebelión y desobediencia a la autoridad. De acuerdo con los abogados defensores, la Fiscalía defendió que estos tres delitos coinciden con el de “conspiración de funcionarios públicos” recogido en el código penal belga. La ley belga prevé penas de cárcel muy inferiores a las de España (un máximo de dos años de cárcel), aunque en caso de ser entregados se aplicarían las recogidas en el código penal español. La defensa ve factible que, a lo sumo, sean entregados sólo para ser juzgados por malversación de fondos públicos y advierte que llegará hasta las máximas instancias judiciales europeas si es necesario para asegurarse que España no va más allá.
Fue “un debate entre juristas”, resumen fuentes del equipo jurídico de los políticos catalanes. Al final de la vista, que transcurre en neerlandés con interpretación simultánea al castellano, el juez invitó a los reclamados a tomar la palabra si lo deseaban. Lo hicieron Puigdemont, Comín y Ponsatí, que detallaron el carácter “parlamentario y político” de sus actuaciones y alegaron
CAMBIO DE JURISDICCIÓN Los abogados piensan que la “precipitación de Lamela” puede volverse en su contra
DOBLE INCRIMINACIÓN
La Fiscalía belga cree que los delitos encajan con el de “conspiración de funcionarios”
que en el 2005 dejó de ser delito celebrar referendos en España.
El anuncio del juez de primera instancia –cuya identidad nunca se comunica– se conocerá a una semana de las elecciones catalanas, coincidiendo con la presencia el Bruselas del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ya que el 14 de diciembre el Consejo Europeo inicia su última reunión del año. Las partes tendrán un plazo de 24 horas para recurrir la decisión y 15 días más para presentar sus argumentos, con lo que no se espera que el Tribunal de Apelación se pronuncie antes de la primera semana de enero. También esa decisión será recurrible pero ya sin entrar a examinar los hechos de fondo sólo aspectos de procedimiento.