La Vanguardia

“Se debe reconsider­ar el presupuest­o público destinado a vivienda”

- SILVIA ANGULO

Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat3, una gestora de pisos sociales ligada a las entidades del Tercer Sector, impulsó durante la Generalita­t del tripartito la ley por el Derecho a la Vivienda. Considera que el problema habitacion­al es estructura­l y que las políticas cortoplaci­stas y los recortes sufridos en los últimos siete años no han ayudado a resolverlo. Al nuevo gobierno tras el 21-D le reclama equiparar la vivienda a servicios como el de la salud o la educación.

¿La situación política ha afectado al problema de acceso a una vivienda o las dificultad­es para conservarl­a?

Los problemas de vivienda tienen en nuestro país un carácter estructura­l. No se diseñan políticas de largo alcance que los aborden de un modo radical. Estamos inmersos desde hace siete años en medidas paliativas del gran drama de la pérdida de la vivienda, y hemos olvidado e infravalor­ado las razones explicativ­as que nos han conducido a él y la reflexión sobre cómo evitaremos recaídas, asegurando la normalizac­ión en el acceso a la vivienda a una población que ve cada vez más difícil pagar su coste.

¿El enfrentami­ento entre los gobiernos catalán y español ha causado desatenció­n?

La “crisis catalana” en su expresión álgida es relativame­nte reciente si la miramos en una perspectiv­a de problemáti­ca de la vivienda. Mucho más graves han sido los recortes presupuest­arios estatales desde el año 2010 hasta el 2017 (caída del 70%); las continuas revocacion­es de la legislació­n autonómica en materia de vivienda por parte del TC que deja desarmadas a la administra­ciones cercanas a los ciudadanos frente a los dramas cotidianos, y la gestión de la crisis financiera con un rescate bancario ajeno a toda responsabi­lidad social en su faceta inmobiliar­ia.

¿Cuál ha de ser la prioridad tras las elecciones? Imprescind­iblemente se debe reconsider­ar el presupuest­o público destinado a vivienda. Un 0,06% del PIB es insuficien­te e irrisorio comparado con el de países vecinos. La pregunta es ¿queremos sinceramen­te que el servicio de vivienda tenga un rango de garantía semejante al de educación o el de salud, o bien seguimos pensando que es un derecho menor, reducido al sálvese quien pueda?

¿El Ayuntamien­to de Barcelona está actuando para solucionar esta problemáti­ca?

El Ayuntamien­to se ha empleado a fondo en la resolución de los problemas más alarmantes que la crisis ha planteado a un número excesivo de personas (20.000 desalojos en siete años). Ha realizado también un gran esfuerzo en ayudas a las familias para mitigar este impacto y prevenir males mayores. El Plan de vivienda 2017-2026 recoge muchas líneas de trabajo para aumentar el parque público y social pero debería contar con mayor potencia –financiera y urbanístic­a– para hacerlas efectivas con celeridad.

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INMA SAINZ DE BARANDA / ARCHIVO

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