Aberración
Dejo para los juristas el análisis de los propósitos y/o despropósitos que acompañan la decisión del juez de mantener en prisión a Junqueras, Forn y los Jordis. Al fin y al cabo, todo este proceso judicial, que se intenta justificar por tierra, mar y micrófono en España, parece delirante a ojos foráneos. En estos términos se expresaba el abogado de Puigdemont, Paul Bekaert: “No ha habido violencia, ni corrupción. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sedición o rebelión?”. Y remachaba: “En Europa hay dos varas de medir. Imagínese que el presidente del Parlamento flamenco declara la independencia de Flandes después de un referéndum. ¿Iría a la prisión? Es impensable”.
Si añadimos que centenares de juristas han considerado una aberración el auto de la juez Lamela que los encarceló, y que todo nace de un gran conflicto territorial que sólo se puede resolver políticamente, la suma es catastrófica para la credibilidad de la democracia española. Como dice Bekaert, es impensable, en términos democráticos, equiparar a un golpista militar que se levanta en armas a líderes democráticos que han hecho actos políticos, armados con urnas, votos y parlamentos. Si una urna es lo
Ni una urna se puede equiparar a una pistola, ni un líder democrático es equiparable a un Tejero
mismo que una pistola, y si un Tejero es lo mismo que el representante de un pueblo, avalado por centenares de miles de votos, entonces estamos ante un desastre democrático. Sólo faltan los gurús del progresismo como Monedero asegurando que “gracias al independentismo se ha despertado la fuerza del fascismo en toda España” para volvernos todos locos. ¡Madre mía, si estos tienen que ser aliados de la concordia!
Pero más allá de los debates que, a estas alturas, parecen debates ensordecidos porque las posiciones están blindadas, hay una realidad humana terrorífica que no podemos olvidar: la de cuatro hombres que, después de semanas en la cárcel, continuarán alejados de la familia, de su vida normal, de los amigos y compañeros e, incluso, del compromiso electoral que han asumido. No están en la prisión por ser ladrones o asesinos o narcos o terroristas, sino por haber intentado cumplir con las promesas electorales que les llevaron al gobierno, y el mandato parlamentario que los avala. Que todo esto, de tanta importancia para cualquier democracia –dado que estamos hablando de representantes del pueblo– quede reducido a una cuestión penal, desligado de las causas y las contingencias políticas que lo acompañan, y sea equiparable a crímenes enormes –como el levantamiento de una rebelión armada– es una aberración inimaginable en el siglo XXI. Con el añadido que se trata de políticos y activistas de larga tradición pacifista. No puede ser bueno, ni justificable, ni defendible que una democracia actúe así contra una causa y unos representantes democráticos, de esta manera brutal. La desgracia es que, en el caso catalán, esta aberración represiva la hemos sufrido muchas veces.