El sprint final del Brexit acentúa la debilidad de May
Los euroescépticos y los socios de la premier en el Ulster bloquean el acuerdo
Theresa May se encuentra entre la espada y la pared: la UE la presiona para un acuerdo sobre el Brexit, los socios norirlandeses de la premier rechazan una convergencia regulatoria entre el Ulster e Irlanda y los euroescépticos no quieren tantas concesiones a Bruselas.
Una triple llave de judo tiene a la primera ministra británica, Theresa May, clavada en el tatami de las negociaciones del Brexit. La Unión Europea la coge del cuello, el Gobierno de la República de Irlanda le sujeta los brazos y sus socios norirlandeses de coalición le impiden que mueva las piernas, mientras la oposición laborista contempla la escena por si puede ayudar a rematarla. Salir de semejante lío sin arrojar la toalla no va a resultarle fácil.
El sprint final para convencer a los 27 de que den luz verde a la segunda fase de conversaciones sobre el divorcio (la búsqueda de un acuerdo comercial) ha mostrado en toda su crudeza la debilidad del Gobierno de Londres y las enormes contradicciones de su estrategia. La disposición a pagar más de 50.000 millones de euros a Bruselas, y a aceptar un “alineamiento regulatorio” entre el Ulster y la República de Irlanda para impedir una frontera dura con puestos de control, subraya el contraste entre las promesas de la campaña del Brexit y la realidad de lo que se viene encima.
Mientras May recibía en el 10 de Downing Street a Mariano Rajoy (sin posterior conferencia de prensa propiamente dicha para que no tuvieran que responder preguntas incómodas), su ministro del Brexit, David Davis, se enfrentaba a las fieras en la Cámara de los Comunes para explicar por qué no hay todavía acuerdo con Bruselas, y hasta dónde está Londres dispuesto a claudicar con tal de obtener un pacto comercial decente. Contra él se lanzaron como sabuesos tanto los partidarios de la permanencia en la UE como los abogados del más radical de los divorcios.
Converger o divergir, esa es la cuestión. Después de que los ultraconservadores protestantes (socios informales de coalición) hayan amenazado a May con retirarle el apoyo si aceptaba como último recurso una convergencia regulatoria entre el Ulster y la República de Irlanda para evitar los controles aduaneros, la premier dispone tan sólo de esta semana para poner en pie las piezas del compromiso al que había llegado con Bruselas y Dublín. El taoiseach (jefe de Gobierno de Irlanda), Leo Varadkar, ha dicho que no piensa moverse ni un centímetro de la fórmula que había sido acordada, lo cual deja como única opción buscar el consenso en casa, y persuadir al norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP) de que de ninguna manera la asunción de las reglas de la UE en cuestiones agrícolas o sanitarias es un paso hacia la unidad de Irlanda, como temen los protestantes.
La líder del DUP, Arlene Foster, se negó a viajar a Londres para hablar con May cuando se hubiera ido Rajoy, y se limitó a mantener contactos con los representantes del Gobierno británico en Belfast. Y mientras tanto, Davis sugirió en los Comunes –para desmayo de los euroescépticos más recalcitrantes– que el Ulster no va a ser una excepción, porque ese alineamiento regulatorio se va a aplicar al conjunto del Reino Unido, de manera que ni Escocia (donde el apoyo a la independencia ha subido al 47%), ni Londres ni el País de Gales puedan reclamar –como ya habían hecho– un estatus similar al del Ulster.
El diputado conservador Jacob Rees-Mogg, uno de los cabecillas de la cruzada del Brexit duro, clamó al cielo. “Se suponía que la idea era deshacernos del lastre regulatorio de la UE, y ahora resulta que vamos a aceptar sus normativas, lo cual equivale a seguir en la práctica dentro del mercado único y la unión
Alarmados por sus concesiones a Bruselas, los partidarios del Brexit duro trazan nuevas líneas rojas
aduanera. Totalmente inaceptable”, proclamó desde su escaño.
Pero la realidad, señalan los expertos, es que la única manera de impedir controles de mercancías en la frontera irlandesa es una armonización con ciertas disposiciones de la UE en materia de bienestar animal, condiciones sanitarias, alimentación, agricultura y energía. O bien con la permanencia sectorial de facto del Ulster en la unión aduanera, o de toda Gran Bretaña. Y aún así haría falta establecer mecanismos para asegurarse de que las mercancías que envía el Reino Unido a Irlanda del Norte –y que después podrían pasar libremente a la República y de ahí al resto de la UE– cumplen con los requisitos pertinentes.
Los barones del Brexit pidieron divergencia, y ahora han de tragarse la convergencia. Prometieron soberanía y total independencia judicial de la UE, y se encuentran con que el Tribunal Europeo de Justicia será probablemente el árbitro supremo de los derechos de los extranjeros residentes en el Reino Unido (Londres le remitirá “voluntariamente” los casos de litigio). Garantizaron que el país mantendría su influencia cultural, política y diplomática, y el episodio de los tuits antiislámicos de Trump demuestra que su papel en el mundo es cada vez más insignificante. Ofrecieron magníficos tratos comerciales con Estados Unidos y otros países, y no hay nadie en la cola. Aseguraron que no pagarían un duro, y May ha puesto sobre la mesa más de 50.000 millones de euros. Dijeron que habría 350 millones extra a la semana para sanidad, y el número de pobres ha aumentado en 700.000.
“El Brexit va a ser rápido y fácil”, afirmó en su día el ultra euroescépticos John Redwood. “Nosotros tenemos todas las mejores cartas de la baraja”, le secundó su colega Owen Patterson. “El riesgo es que la moral del resto de Europa se venga abajo”, advirtió el ministro de Exteriores Boris Johnson. “La UE y el resto del mundo van a venir a comer de nuestra mano”, presumió David Jones. “Los alemanes querrán vender sus coches y los franceses sus vinos”, pronosticó lord Lawson. Dieciocho meses después del referéndum la realidad es por completo otra.
El farol de Londres ha sido levantado. Theresa May quiere hablar de comercio, pero ni sabe lo que quiere ni se resigna a que lo único que hay sobre la mesa es un pacto como el de la UE con Canadá, que no abarcará el sector financiero y negará a los británicos ventajas competitivas por un sistema regulatorio más laxo. Lo único que le queda es poner la mejor cara posible ante la adversidad. Como Thatcher con el Acta Única. Como Major con Maastricht. Como Chamberlain con Munich. Como Eden con Suez.