Puigdemont sólo podrá ser detenido si regresa
El Supremo retira la orden europea de detención contra el expresidente El juez evita así que la justicia belga lo ampare o lo extradite sólo por malversar
El respaldo de Downing Street. La primera ministra británica, Theresa May, explicitó ayer su apoyo a las medidas adoptadas por Mariano Rajoy en Catalunya y pidió “que se respete la Constitución española”.
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena no es candidato, pero su omnipresencia en la campaña electoral catalana marca cada paso del independentismo mucho más que la estrategia política de Ciudadanos, PSC o PP. Junts per Catalunya y ERC son impermeables a los discursos de los partidos que apoyaron la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la Generalitat y poner freno a la declaración de independencia, pero no a los autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La causa especial 20907/2017 pide paso cada día en la agenda. El Tribunal Supremo no acostumbra a gestionar grandes causas, así que Llarena ha optado por aclarar el panorama heredado de la Audiencia Nacional. Tras revisar la situación de prisión del Govern cesado, manteniendo en la cárcel de Estremera a Oriol Junqueras y Joaquim Forn –ahora compañeros de celda–, y a los Jordis en Soto del Real, el magistrado quiso desligarse de las decisiones que pudiera tomar la justicia belga sobre Puigdemont y el resto de los miembros de su ejecutivo. Y es que los delitos de sedición y rebelión del Código Penal español no tienen un buen encaje en la legislación belga.
Llarena quiere moldear su propia causa, así que ha retirado la euroorden cursada por la Audiencia contra Puigdemont aprovechando además como excusa la campaña electoral: “Los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente”. Puigdemont es el cabeza de lista de Junts per Catalunya y el primer compromiso electoral de su candidatura pasa por “restaurar el president de Catalunya”. Lo que no incluye el juez en su auto es que en cuanto el presidente cesado pise terreno español será detenido.
Ni Puigdemont ni el resto de los exconsellers tienen previsto ahora, según sus abogados, volver a España. Pero en cuanto la decisión del Supremo fue comunicada a la Fiscalía belga, se levantaron las medidas cautelares a las que estaban sometidos. Se acabó enviar un correo electrónico antes de las 9 de la mañana informando de dónde estarían durante el día. Puigdemont ha pedido prudencia. Quiere que su equipo de abogados en Bruselas y en Barcelona estudien a fondo las consecuencias y el margen de maniobra que le otorga el auto de Llarena. Nada de precipitarse y organizar actos, por ejemplo, en la Catalunya Nord, aunque hoy dará pistas desde Bruselas junto a Paul Bekaert.
Y a falta de cabezas de lista, en el bloque independentista se explota la excepcionalidad. Puigdemont conecta por videoconferencia, pero en la calle las estrellas son ahora Josep Rull y Jordi Turull. Ayer se incorporaron al comité de campaña con un “¿qué hacemos?”. La tentación de explotar su figura es grande: ayer se pasearon por Reus, Turull visita hoy la pastelería de los padres de Puigdemont en Amer.
En ERC, Carles Mundó fue el invitado especial del primer acto de campaña y ayer volvió a la cárcel –la Modelo– que como conseller ayudó a cerrar tras décadas de operaciones fallidas. Los republicanos buscan fórmulas para mantener una presencia constante de Junqueras en los medios y Marta Rovira se apoyará en Mundó. Si la secretaria general de ERC fue señalada como candidata alternativa a la presidencia, Mundó es el ejemplo de gestión del que presumen los republicanos y, por qué no, una nueva opción de presidenciable.
La excepcionalidad polariza la campaña y acaba perjudicando opciones como la de Catalunya en Comú, que ayer presentaba una propuesta de “nuevo acuerdo político, social y económico” en el Cercle d’Economia, pero que acababa denunciando que no todos los candidatos participan en igualdad de condiciones. O de Miquel Iceta, que insiste en girar el relato para que la política catalana deje de ser una crónica judicial. Y beneficia a Ciudadanos, con Inés Arrimadas hurgando entre el electorado de PSC y PP en busca de cada voto que le permita “hacer historia” el 21-D.
Persiste, eso sí, la determinación del futuro fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar. En su comparecencia en la comisión de Justicia del Congreso, garantizó la continuidad de la estrategia del fallecido José Manuel Maza: si el independentismo persiste en la desobediencia y el “desprecio a la Constitución”, se encontrarán con la respuesta “serena, firme” e “inexorable de la Fiscalía”. Y el convencimiento del PP catalán de que “si los independentistas vuelven a gobernar, para los que se sienten españoles será un infierno”.
La excepcionalidad también conduce a la paradoja constante. Las elecciones consideradas “ilegítimas” por el bloque independentista son constitucionales, según el Consell de Garanties Estatutàries, con mayoría en su composición a propuesta de ERC y el PDECat. Según el dictamen, emplear el 155 para convocar elecciones constituye la opción “menos lesiva con el principio de autonomía política porque facilita la restitución plena del autogobierno en el plazo más breve”.
Lo que el Consell considera inconstitucional “por no respetar los principios de gradualidad ni de proporcionalidad” es el cese de Puigdemont y el Govern. Había –sostienen– otras medidas para hacer efectivo “el mecanismo de coerción estatal”.
La paradoja se traslada hoy a la recepción del Congreso con motivo del día de la Constitución. La reforma está sobre la mesa, pero la crisis catalana que la justifica también hipoteca su alcance.
LAS ESTRATEGIAS
Puigdemont evalúa sus opciones en campaña mientras ERC se centra en Rovira y Mundó
LA PARADOJA
El Consell de Garanties cree un mal menor que Rajoy convocara elecciones con el 155