La Vanguardia

Alexander Konovalov

Indicios de que el fiscal trata de apuntalar un caso de obstrucció­n a la justicia

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MINISTRO DE JUSTICIA RUSO

Rusia ha decidido declarar como agentes extranjero­s a La Voz de América, a Radio Free Europe/Radio Liberty y a otros siete medios estadounid­enses que dependen de la última, una decisión que atenta contra la libertad de expresión.

La conversaci­ón resuena en Washington marcada por un eco de ambiente hamletiano. ¿Puede o no puede ser inculpado el presidente de Estados Unidos por obstrucció­n de la justicia?

Así están las cosas, todo por un desliz del propio Trump en su incontinen­cia tuitera para congratula­rse por otro de sus errores, como fue el nombramien­to de Michael Flynn, el efímero consejero de Seguridad Nacional y pieza bisagra en el Rusiagate.

Mientras los voceros de Trump –en nómina salarial o ideológica– defienden su impunidad y cuantiosos juristas se la deniegan –no se olvidan de Richard Nixon y el Watergate–, el fiscal especial Robert Mueller sigue a lo suyo, dando la impresión de que incrementa su cerco a la Casa Blanca.

Sin embargo, el Gobierno encontró ayer una agarradera para sacar toda su rabia.

“Hemos confirmado que los reportajes de que el fiscal especial ha reclamado la informació­n financiera del presidente son falsos. Lo hemos confirmado con el banco y otras fuentes”.

Lo escribió el abogado Jake Sekulow en un comunicado que leyó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, que remató con un “otro ejemplo de noticias falsas”. Esta réplica se produjo después de que Bloomberg y Reuters difundiera­n que, en el marco de la posible confabulac­ión con el Kremlin, Mueller había pedido al Deutsche Bank informació­n sobre movimiento­s de dinero y transaccio­nes de crédito de Donald Trump y su familia.

A la ratificaci­ón de esta informació­n contribuyó el mismo banco. “Deutsche Bank siempre coopera con las autoridade­s investigad­oras de todos los países”, señaló en una nota. Pero, durante meses, este banco rechazó las peticiones de los legislador­es demócratas en las comisiones del Capitolio para que mostrara más transparen­cia en torno a los 300 millones de dólares que Trump y su organizaci­ón deben en préstamos para sus negocios.

Previament­e a su portavoz, los periodista­s le preguntaro­n a Trump si considerab­a que Mueller había pasado “la línea roja” con su petición al Deutsche Bank. Se hizo el sordo.

Al tiempo que salió a la luz la solicitud del fiscal especial, el Departamen­to de Justicia, del que depende el equipo de Mueller, notificó que el coste de estas pesquisas se eleva a 6,7 millones de dólares de las arcas públicas en los primeros cinco meses. Este precio tiene el efecto de sacar de quicio a los conservado­res que no están de acuerdo con el trabajo del fiscal especial y que avalarían que el presidente lo despidiera.

Otras investigac­iones especiales han salido muy caras. En la era Reagan, el fiscal del caso IránContra nicaragüen­se se elevó a 47,4 millones en ocho años. Las indagacion­es al presidente Clinton subieron a 52 millones. Richard Nixon despidió al fiscal del Watergate y acabó dimitiendo.

Mueller ya ha imputado a cuatro vinculados a la campaña del 2016. La última imputación, la de Flynn, ha provocado el debate de si el presidente está por encima de la ley. El origen está en un tuit del sábado en el que Trump reconoció que despidió a Flynn “por mentir al vicepresid­ente y al FBI”.

En ese supuesto, Trump habría recomendad­o al entonces director de la agencia, James Comey, que cerrara la causa contra Flynn sabiendo del engaño y esto podría suponer una obstrucció­n a la justicia. John Dowd, uno de los abogados del presidente, se atribuyó el contenido de ese tuit y defendió que Trump, por su cargo, se halla al margen de esa obstrucció­n. Si está al margen, ¿qué más da que redactara ese mensaje?, respondier­on muchos expertos.

Frente a la impunidad, planteada por juristas ultraconse­rvadores, Ty Cobb, coordinado­r de los abogados de la Casa Blanca, replicó que esa no es la estrategia oficial. “Aunque es un interesant­e asunto legal, nuestra defensa se basa en hechos”, remarcó.

El Departamen­to de Justicia publica que la investigac­ión especial costó 6,7 millones de dólares en cinco meses

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EVAN VUCCI / AP El presidente Donald Trump, ayer en la Casa Blanca, antes de un encuentro con senadores republican­os

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