Togas con ambición de gobierno
Pietro Grasso, presidente del Senado, es el último caso de un magistrado italiano que salta a la política
La división de poderes que planteó el barón de Montesquieu nunca es fácil de aplicar, ni en las democracias más avanzadas. Hay vasos comunicantes y puertas rotatorias. En Italia, desde hace muchos años, existe una singular tendencia, de parte de magistrados relevantes y conocidos, a dar el salto a la política. Parece irresistible su tentación de dejar de ser los guardianes de las leyes para pasar a redactarlas, desde el Parlamento, o directamente a dirigir el país, desde el Gobierno.
El último caso sonado de toga atraída por la política es el de Pietro Grasso, el actual presidente del Senado. Se presentó a las elecciones del 2013 en las listas del Partido Demócrata (PD). Pero, como presidente de la Cámara Alta, ha mantenido un perfil más institucional que político. Ahora acaba de dar un paso más atrevido. Tras abandonar el PD, se anunció el pasado domingo que será el cabeza de lista de Libres e Iguales, una coalición de tres pequeñas fuerzas escindidas y situadas más a la izquierda.
Grasso, de 72 años, tiene aquello que los antiguos romanos denominaban gravitas. Es una virtud que consiste en proyectar una especial dignidad, seriedad y sentido del deber, el ideal de un servidor del Estado. A Grasso le ayuda su currículum. Fue fiscal jefe de Palermo y, durante siete años, procurador nacional antimafia. La Cosa Nostra estudió la posibilidad de asesinarle.
Desde el nacimiento de la República Italiana, después de la derrota del fascismo, en la magistratura italiana siempre ha habido una fuerte corriente de simpatía por la izquierda. Hay múltiples ejemplos de ello. Luciano Violante fue juez y luego se inscribió en el Partido Comunista para ser elegido diputado. Corría el año 1979.
Antonio Di Pietro, uno de los fiscales estrella que destaparon el escándalo de corrupción Tangentopoli, que puso patas arriba la política italiana a principios de los noventa, tampoco resistió la tentación de pasarse al otro lado. Fue varias veces ministro y llegó a fundar un partido, Italia de los Valores.
Otros magistrados reconvertidos exitosamente en políticos son el actual alcalde de Nápoles, Luigi de Magistris, y el presidente de la región sureña de Apulia, Michele Emiliano. Ambos son declarados hombres de izquierda.
Algunos magistrados calculan mal sus opciones. Creen que su relevancia pública y su se traducirán de modo automático en votos. Así ocurrió, en el 2013, con Antonio Ingroia. Durante años fue uno de los magistrados antimafia con más visibilidad de Italia. Se presentó a los últimos comicios generales al frente de una coalición izquierdista, Revolución Civil, que no obtuvo ningún escaño.
El desafío de Grasso no es menos difícil que el de Ingroia, aunque en su caso tiene la ventaja de recibir el apoyo de viejos dinosaurios excomunistas como el ex primer ministro Massimo D’Alema y el exsecretario del PD, Pierluigi Bersani, que han apostado por el veterano exmagistrado para asestar un golpe –tal vez definitivo– a su odiado excorreligionario Matteo Renzi.
No deja de ser sorprendente que figuras como Grasso, que gozaba de un respeto muy transversal y podría haber aspirado incluso a la presidencia de la República, se dejen seducir por el juego politiquero, muy coyuntural, de los clásicos partitini italianos, esos pequeños partidos de vida a menudo efímera, que nacen y mueren en Italia para dejar apenas breves notas a pie de página en los libros de historia.
Grasso, de 72 años y ex fiscal nacional antimafia, dirigirá una coalición de izquierda que desafía a Renzi