La Vanguardia

Casualidad­es históricas, quizá torpezas

- Fernando Ónega

Casi nadie lo recuerda, porque ocurrió al principio de los tiempos. Es decir, cuando comenzaba la democracia en España. In illo tempore nació en el País Vasco una fuerza política llamada Herri Batasuna. Su fundador, Telesforo Monzón, fue detenido en plena campaña electoral de las generales de 1979 –las primeras a las que se presentaba– y HB obtuvo el 13% de los votos de Euskadi. El destino quiso que en las jornadas previas a las siguientes elecciones siempre hubiese un detenido o alguna acción judicial contra dirigentes de Batasuna y esta formación subió en votos en las elecciones de 1982 y 1986. En estas últimas logró cinco escaños en el Congreso, el mismo número que ahora tiene el PNV.

Me resulta inevitable recordarlo al ver lo que ocurre en Catalunya. Ni Esquerra, ni el PDECat, ni siquiera la CUP son Batasuna, disuelta por ser parte de una banda terrorista, pero políticame­nte llegaron más lejos en el intento de lograr la independen­cia. Y el mismo fatídico destino que parece condiciona­r la integridad de la nación española hace que varias acciones judiciales se produzcan también en medio de una campaña electoral. Nadie puede prever sus efectos, que sólo se conocerán cuando podamos comparar los resultados de las urnas con las encuestas que ahora conocemos. Es posible incluso que no se repitan, porque la Catalunya del 2017 no tiene nada que ver con aquella Euskadi minada por el terrorismo, pero la comparació­n de hechos acontecido­s resulta tentadora.

Por eso me pregunto, simplement­e me pregunto, si fue un acierto convocar las elecciones catalanas cuando era más que previsible la detención de los grandes responsabl­es del procés yla experienci­a demuestra la facilidad con que los perseguido­s por la justicia se pueden convertir en mártires. Por eso me pregunto si fue inteligent­e cursar una orden de detención internacio­nal de los refugiados en Bélgica

La experienci­a demuestra la facilidad con que los perseguido­s por la justicia se pueden convertir en mártires

cuando se supone que los cuerpos jurídicos del Estado deberían conocer el tratamient­o que los delitos de sedición y rebelión tienen en los códigos de aquel país, y no echen la culpa a la juez Carmen Lamela, porque los miembros del Gobierno estaban convencido­s de lo correcto de la decisión. Por eso me pregunto por qué un juez de Huesca no encontró en el calendario otra fecha que el 11 de diciembre, diez días antes de las elecciones, para ordenar el traslado de las obras de arte sacro a Sijena y el ministro de Cultura se pronunció previament­e, como si fuese una orden al juez. Y por eso me pregunto, finalmente, si hay algún responsabl­e de las torpezas del Estado o todas son jugadas de un destino pertinaz.

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