En favor de una reforma constitucional

COMO cada 6 de diciembre, España celebra hoy el día de la Constitución. Este año se cumplen 39 años de la ratificación de la Carta Magna, el instrumento legal que enmarca y garantiza la convivencia democrática. En los casi cuatro decenios transcurridos desde la promulgación de esta ley suprema se han podido constatar, entre otros, dos hechos. El primero es que la Constitución ha rendido un excelente servicio a España, propiciando una etapa de progreso sin parangón. El segundo es que el tiempo no pasa en balde, que las circunstancias actuales son muy distintas de las de 1978 y, por consiguiente, que la Constitución precisa de una reforma. Los últimos hechos que así lo indican son los derivados del proceso soberanista catalán, fruto de un encaje insatisfactorio de Catalunya en el Estado español. Pero, obviamente, los motivos para abordar la reforma constitucional no terminan aquí.

La Carta Magna ha sufrido, desde que fue promulgada, dos reformas, en 1992 y el 2011, ambas de alcance limitado. Ahora –y desde hace años– se barajan otras razones para modificarla. Entre ellas, destacan las territoriales, y en particular una reforma de inspiración federal del Senado, para convertirlo en una auténtica cámara de representación de las autonomías. También se ha mencionado con reiteración la necesidad de introducir en la Constitución una cláusula europea que favorezca su compatibilidad con el sistema legal de la Unión Europea, con el proceso de integración política como telón de fondo. Es asimismo un viejo anhelo la supresión de la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona. Y, asimismo, se ha defendido con frecuencia la pertinencia de reformar la Constitución para blindar determinados derechos sociales, o para introducir modificaciones en el sistema electoral.

Es un hecho palmario e irrebatible que la España de finales del 2017 tiene poco que ver con la de 1978. Hace cuatro decenios el país salía de una dictadura y precisaba inexorablemente de una nueva Constitución. Ahora, el país empieza a superar la crisis económica, pero sigue sumido en crisis políticas y territoriales que generan tensiones y encono, lo que aleja el deseable consenso. Entre tanto, el tiempo pasa y el aprecio de los ciudadanos por las instituciones públicas va menguando. La situación, en este sentido, es ya preocupante. La inacción no hace sino empeorarla. La única manera de revertirla es encarando reformas que acomoden la Constitución a un cuerpo social que ha cambiado y puede sentirse constreñido en ella. Más del 60% de los españoles se han manifestado en una reciente encuesta partidarios de reformar la Carta Magna.

Las propuestas del PSOE en favor de la reforma fueron inicialmente bien recibidas por el PP. Después esa recepción se ha enfriado. Como decíamos, el consenso político es ahora más difícil que antaño. Por ello es tan oportuno el reciente informe de una decena de catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, en el que prevalecen el análisis desapasionado de la coyuntura y los criterios técnicos. Los cimientos de una reforma constitucional deben ponerse, creemos, en grupos de este tipo. Aunque después corresponderá al Congreso llevarla adelante. Lejos de resistirse a ella, el Gobierno debe tomar sus riendas y afanarse en pos de un consenso entre fuerzas dispares. Ya no es una opción, sino una necesidad perentoria. Si no se aborda esta reforma, la convivencia puede deteriorarse aún más.