El PSC exige congelar las tarifas del transporte para negociar con Colau
La colaboración entre BComú y el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona durante el año y medio en que ambas formaciones compartieron el gobierno de la ciudad ha dado paso a una relación mucho más tensa y en la que los socialistas, ahora desde la oposición, están dispuestos a marcar un perfil propio muy diferenciado y a vender caros los posibles apoyos a sus exsocios. Así de claro ha vuelto a dejarlo el exteniente de alcalde Jaume Collboni. En una entrevista publicada ayer por la agencia Europa Press, el dirigente socialista pone como condición sine qua non para sentarse a negociar el presupuesto municipal del 2018 que la alcaldesa Ada Colau fuerce una nueva congelación de las tarifas del transporte público para el año que viene.
El PSC no apoyará una subida de precios que “haga pagar a los ciudadanos” lo que deberían asumir con más aportaciones el Gobierno central y la Generalitat. En este sentido, Collboni recuerda que la T-10 se rebajó a 9,95 euros gracias a un acuerdo del PSC con el exalcalde convergente Xavier Trias y que ese precio se ha mantenido desde entonces.
El presidente del grupo municipal socialista descarta un giro de 180 grados en la actitud de su formación respecto a BComú. No obstante, recuerda que el PSC ya ha impulsado la creación de una comisión que, entre otras cuestiones, abordará la revisión del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat). Collboni cree que debería analizarse una posible modificación de las zonas de crecimiento cero y las ampliaciones de hoteles, que llevan a un “decrecimiento encubierto”, sobre todo dadas las circunstancias que han provocado en los últimos meses una caída de las reservas y de la afluencia de visitantes.
Sobre la modificación de la ordenanza del civismo, que el gobierno de Colau tuvo que retirar del orden del día de la comisión celebrada el pasado martes por falta de apoyos, Collboni insiste en que, tal y como está redactada, no tendrá el voto de los socialistas ya que, a su juicio, “legaliza la prostitución por la puerta de atrás”. El exnúmero tres del Ayuntamiento critica que la propuesta no prevea sanciones “a los prostituidores, que son los clientes”, argumentando que ese asunto ya está regulado en una ley estatal. Para Collboni, la prostitución no es una profesión, sino una forma de explotación.
Además, según el dirigente del PSC, la propuesta de ordenanza del civismo de BComú introduce en otros aspectos inseguridad jurídica y es acomplejada a la hora de sancionar.